Cuatro países de Latinoamérica realizarán elecciones en el 2013: Paraguay, que sufrió un golpe de Estado en 2012 el cual acarreó la destitución de Fernando Lugo, hoy candidato al Senado; Honduras, que también fue víctima de la quiebra democrática, en 2009; Chile, actualmente gobernado por el derechista Sebastián Piñera, con un bajo nivel de respaldo a su gobierno y denunciado por violaciones a los derechos humanos y la represión a los movimientos sociales, y Ecuador, gobernado por el socialista Rafael Correa, que se postula a la reelección.
De acuerdo con las encuestas de intención de voto en Ecuador, el actual presidente del Movimiento Alianza País (Patria Alternativa y Soberana), Rafael Correa, puede vencer en primera vuelta, con una larga ventaja sobre sus siete contendores. El principal de éstos, el opositor y ex banquero Guillermo Lasso, que concentra el 18% de las intenciones de voto; contra el 49% que se manifiesta a favor de Correa.
El favoritismo de Correa no se debe sólo a su carisma, sino que por sobre todo a las transformaciones que su gobierno ha logrado instaurar en el país, que después de sufrir un periodo de inestabilidad, con la caída de diversos gobiernos sucesivamente en un corto periodo (entre 1996 y 2007 el país tuvo siete presidentes), el economista de Guayaquil consiguió estabilizar y legitimar al Estado ecuatoriano, y durante su mandato la pobreza y el desempleo disminuyeron significativamente, de la mano de un conjunto de reformas y políticas sociales centrada en estas cuestiones.
En tres meses de trabajo, aún como ministro de Economía, Correa realizó reformas opuestas a las orientaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, siempre con una clara apuesta antineoliberal. En 2007, fue electo presidente y convocó a la elección de una Asamblea Constituyente, donde el movimiento Alianza País consiguió 80 de los 130 escaños. Un año después de esta elección, una nueva Constitución fue aprobada, reconociendo el Estado Plurinacional, alineada con la propuesta boliviana; considerando además cuestiones relativas al bienestar social, la soberanía, el medio ambiente y las propuestas del ‘Buen Vivir’.
AVANCES
En su gestión, el mandatario consolidó un proyecto económico soberano y políticas de derechos sociales, acompañadas de una política externa de integración regional, caracterizada por la comprometida participación ecuatoriana en bloques como Alba, Unasur y Celac. Junto a esto, negoció la deuda externa, transformó la política fiscal en beneficio de la población pobre; además de obtener grandes avances en el proceso de democratización de los medios de comunicación.
En su política externa, resaltan también las decisiones que connotan el giro hacia posiciones de soberanía y autodeterminación de los pueblos, cerrando la base militar de Estados Unidos en el territorio ecuatoriano de Manta y dando asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres al periodista australiano fundador de WikiLeaks, Julian Assage, que corre el riesgo de ser condenado a prisión perpetua.
“Rafael Correa buscó construir un Estado que tuviese carácter democrático centrado en la esfera pública, abierto a la participación popular y eso fue muy importante para dar las condiciones de gobernabilidad y para legitimar el apoyo popular que él tiene”, analiza el sociólogo Emir Sader. Este proyecto llamado por el mandatario “Revolución Ciudadana”, considera que después de un periodo marcadamente neoliberal, se debe construir el Estado y rehacer la ciudadanía.
El proceso de intercambio constante con la población permitió al Presidente resistir las ofensivas de la oligarquía ecuatoriana y de la extrema derecha, que han buscado diversas fórmulas para la desestabilización del gobierno de Correa, incluida la tentativa de Golpe de Estado que en 2010 casi terminó con su vida.
LA GRAN MINERÍA Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Correa implantó proyectos sociales para superar la pobreza, modernizar y desarrollar el país. El petróleo es hoy uno de los principales recursos naturales y fuente de renta para el Estado, pero, según estimaciones, no durará más de 20 años, al nivel de explotación actual. La alternativa es para el Gobierno la minería. Esto ha causado descontento de importantes sectores de campesinos e indígenas que habitan en las regiones en que se desarrollan y planean proyectos de gran minería.
“Ecuador es un país rico, no podemos aceptar ser tratados como un mendigo sobre un saco de oro. Estos recursos son necesarios para luchar contra la pobreza”, defiende el mandatario que aprobó la ley minera que, pese a permitir la entrada de multinacionales, impone condiciones de explotación del recurso que buscan garantizar la soberanía ecuatoriana sobre los mismos y que contempla compensaciones para las comunidades y la participación en la distribución de los royalties.
Esta cuestión ha generado una gran discusión en el país y una división importante en las bases de apoyo indígena del Gobierno, en un país en que la población originaria representa cerca del 30% de la población ecuatoriana.
De acuerdo con el sociólogo François Houtart, el hecho de que el jefe de Estado considere a los indígenas como ciudadanos y no como pueblos es la base del conflicto, que culminó en la ruptura con la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador). “Correa –nos señala Houtart– es el único candidato (para la actual elección) que habla quechua, idioma utilizado por una parte mayoritaria de la población indígena de Ecuador y que es una de las lenguas oficiales del país; sin embargo, por su carácter impulsivo, los insultó”. A su vez, según el sociólogo, hubo una intransigencia por parte de la Conaie, que no consiguió llegar a un diálogo con el Gobierno.
Durante dos mandatos, Rafael Correa consiguió construir una base sólida y tiene el apoyo de gran parte de los cerca de 11,5 millones de ecuatorianos, lo que deberá ratificarse el próximo 17 de febrero, garantizando un triunfo más para el bloque de gobiernos progresistas de América Latina.
Por Érika Ceconi
Para Vermelho
Traducción de Raúl H. Contreras Román
El Ciudadano
Fuente fotografía