Las lecciones del aluvión en el Cajón del Maipo

El aluvión que afectó a la Región  Metropolitana el lunes pasado no puede quedarse en constatar que fue causada por una emergencia originada en factores naturales ni tampoco remitirse a la lenidad con que Aguas Andinas, filial de la española Aguas de Barcelona controlada a su vez por el poderoso consorcio franco belga GDF Suez, informó a la opinión pública y a las autoridades. Lleva a considerar temas de fondo importantes de plantearse cuando el país ingresa al proceso que conduce a la elección presidencial.  En primer lugar si servicios básicos del país y de su población deben ser manejados por intereses privados, en este caso capitales transnacionales que se mueven, ante todo, por sus intereses globales.  En el país, Suez es un actor de primer orden, además, en la generación y distribución de energía eléctrica. Tiene una posición hegemónica en el Sistema Interconectado del  Norte Grande. Un segundo gran tema es si se adoptarán finalmente las medidas para reducir significativamente en el futuro próximo el daño a la población causada por una emergencia que no se produce por primera vez.

El aluvión del 21 de enero en el Cajón del Maipo llevó a la mayor empresa sanitaria del país, Aguas Andinas (AA), a cerrar tres de sus plantas que se nutren del caudal del río Maipo y que abastecen en un alto porcentaje a la población de Santiago, afectando a 21 municipios y cerca de 600.000 clientes.  Constituyó la mayor emergencia sufrida por la Región Metropolitana desde el 27F.  Para el presidente del directorio de la empresa, controlada por el consorcio franco-belga GDF Suez, Felipe Larraín, se debió a un acontecimiento “excepcional” de la naturaleza “que nunca había visto en mis 13 años en la empresa”, sosteniendo que se adoptaron “todas la medidas” necesarias (23/01/13).

En cambio, los hechos mostraban la vulnerabilidad de un servicio básico, tema que ya había sido planteado con anterioridad. No constituyó un hecho sin precedentes.  En mayo de 2008 violentas lluvias enturbiaron el río Maipo y fue afectada la planta Las Vizcachas, registrándose cortes del servicio en Santiago durante tres días.  En 2009 AA anunció proyectos de infraestructura para enfrentar situaciones similares.  Uno de sus compromisos, un acueducto en el sector de El Yeso comenzó a ejecutarlo recién tres semanas antes de la nueva emergencia, en circunstancias que Conama aprobó el proyecto en septiembre de 2010.  Desde luego, son inversiones efectuadas con cargo a los usuarios.

Para la superintendente de Servicios Sanitarios, Magaly Espinosa, “no hay ninguna posibilidad de tener otras fuentes alternativas que no sea el río Maipo.  Tenemos que pensar –concluyó- si vamos a  permitir que se construya una obra faraónica para evitar un corte de 12 a 18 horas.  Este es el análisis que se tiene que hacer, pero es de alto costo” (23/01/13).  Se llega aquí a un problema de fondo, si un consorcio privado, cuyo objetivo es la rentabilidad puede estar a cargo de un servicio fundamental para la población y el desarrollo normal de múltiples actividades. ¿Un servicio esencial, como el sanitario, cabe preguntarse, fue conveniente entregar su explotación a intereses privados? No se puede olvidar que el sistema nacionalmente fue privatizado durante los gobiernos de la Concertación, con los votos favorables de quienes conforman la coalición actual de gobierno.

Este es el gran tema a enfrentar.  A ello se añade, como señaló el intendente Juan Antonio Peribonio, un procedimiento “deplorable” de la empresa para advertir a las autoridades y a la población de la “emergencia”, añadiendo que “con el agua potable y la salud pública no se juega” (23/01/13).  Un fenómeno producido al mediodía dio lugar a un primer comunicado a las 21,44 horas de ese día, informando el cierre de tres plantas (Las Vizcachas, La Florida y Padre Hurtado), advirtiendo que los clientes verían una merma de la presión del agua. Recién a medianoche comunicó que se  produciría un corte total, que afectaría a 320.000 clientes de solo trece comunas.  “La información –criticó Peribonio- fue escasa, incompleta e inoportuna”.

En verdad, los lugares y el número de los clientes afectados fue muy superior.  No se cumplió tampoco con el dictamen vigente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSS) que de afectarse la continuidad de los servicios “por causa mayor (…) éstos deberán ser comunicados oportunamente a los usuarios y esta superintendencia”. Tampoco la empresa contaba, como establece la SSS, “con un procedimiento especial que permita atender las emergencias” (24/01/13).  “En el plan de emergencia la concesionaria se establece –detalló Magaly Espinosa- se debe dar aviso a (…) Onemi Regional, Intendencia, Seremi de Salud, SSS y Ministerio de Obras Públicas.  (…) Lo importante –añadió- es que la empresa debe hacerlo y es de su responsabilidad usar el canal más efectivo” (25/01/13).  Las normativas existentes son extraordinariamente débiles en exigir mecanismos de regulación y en el papel concreto a desempeñar por las instancias públicas, se limitan a establecer la necesidad que se les informe y suponer que las empresas decidirán acertadamente la forma de actuar.  Estamos hablando de un servicio público de primera necesidad.

“Hay aspectos de este episodio –escribió Pablo Osses, geógrafo de la Universidad Católica– que necesitan una revisión urgente.  Por ejemplo –agregó-, la forma como las empresas, en este caso Aguas Andinas, asumen la dinámica natural de los ríos asociada a la meteorología local.  Esta compañía (…) no tiene un stock de agua pensando en las contingencias como aluviones, lluvias cálidas de invierno, terremotos u otros eventos naturales. Estamos hablando de la capital del país, (…) y donde se produce o gestiona más de la mitad del producto interno de la nación.  Todo este episodio deja una enorme sensación de fragilidad de nuestro sistema de abastecimiento de agua” (23/01/13).

Considerando la vulnerabilidad del sistema, pasa a primer plano inmediatamente otro gran asunto: si en ese mismo lugar puede llevarse adelante una central eléctrica como la que promueve AES Gener, que necesariamente agrava en la zona los efectos negativos.  Este tema  va mucho más allá de la cuantía en que esas obras incidieron o no en la dimensión de la emergencia producida, dado que es una problemática vigente más allá de ella.  En junio de 2011 se suscribió un acuerdo, según dio a conocer AES Gener  a la Superintendencia de Valores y Seguros, para la utilización en el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) de los “recursos hídricos de la Laguna Negra y Laguna Lo Encañado”, estableciendo la forma en que ambas empresas ejercerán sus respectivos derechos de aprovechamiento de agua con motivo de la “construcción, operación y mantenimiento” por parte de AA de la construcción de un acueducto que conducirá caudales de aguas provenientes del Embalse El Yeso hasta el Acueducto Laguna Negra en casos de alta turbiedad, contaminación y excedentes”.  Al mismo tiempo,  AA se obligó a entregar  aguas a Gener para su uso no consuntivo en generación eléctrica.  La directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, criticó el contrato por “poner en riesgo el agua potable” de la población de la Región Metropolitana “para mejorar la rentabilidad de un negocio eléctrico”.

El consorcio franco-belga GDF Suez tiene en sus manos servicios esenciales para el país, ya que además de controlar AA, a través de su filial Aguas de Barcelona (Agbar), genera más de la mitad de la electricidad del sistema eléctrico del Norte Grande, por intermedio de su filial E-CL, cuyo control se le entregó al finalizar el gobierno de Michelle Bachelet al decidirse la fusión comercial y financiera de Suez y Codelco en Edelnor, Electroandina y el gasoducto NorAndina, sumándole las centrales térmicas en esa fecha en construcción del consorcio franco/belga en Andina y Hornitos.  En la sociedad conformada, Suez Energy Latinoamérica quedó con una participación mayoritaria. En diciembre de 2012 E-CL proporcionó en el Sistema Interconectado del Norte Grande 1.480,2 GWh, el 53,7% del total.  Se trata de un sector fuertemente concentrado, ya que otro 38,1% fue entregado por AES Gener, la transnacional norteamericana con la cual también “coincide” en el Cajón del Maipo.  ¿Pueden quedar entregados dos servicios tan esenciales a la posición dominante de ambos consorcios?  En nuestra opinión rotundamente no.

Suez actúa directamente en el sector sanitario a nivel mundial.  Este Consorcio nació de la unión entre  InterGaz de France con Suez, cuyo nombre se origina en la construcción del canal del mismo nombre en el siglo XIX.  Tiene presencia en Europa, América del Norte, Asia y Oceanía.  No acontece lo mismo en América Latina, de la cual se retirarán después de enfrentar conflictos muy agudos por las tarifas que cobraban.  “Ese continente –señaló su director general de 2009- se lo dejamos a Agbar.  Ellos tienen un idioma y una cultura más apropiada”[1].  En el sector eléctrico actúa en la región directamente.  Posee importante presencia en Brasil, Chile y Perú y tiene operaciones también en Argentina, Panamá y Costa Rica.  “América Latina –explica su máximo ejecutivo mundial, Gérard Mestrallet– se ha convertido, en estas dos últimas décadas en un importante campo de actividad para nuestro grupo, siendo nuestro primer mercado fuera de Europa.  Un tercio de nuestra capacidad de potencia en construcción está en América Latina” (27/01/13).   En Chile cuenta con 2.000 MW de capacidad instalada.

La historia de AA en la Región Metropolitana registra conflictos de magnitud.  En 2004 se produjo una invasión de malos olores causados por la planta purificadora de agua La Farfana ubicada en Maipú.  Su función fue procesar el 50% de las aguas servidas generadas en Santiago, efectuando una inversión de US$350 millones, recuperados posteriormente con cargo a los usuarios.  Otro fue la protesta generalizada que levantó su proyecto Barrancones que finalmente se abandonó después de una intempestiva llamada telefónica de Sebastián Piñera a Gérard Mestrallet. La privatización de la empresa sanitaria metropolitana, Emos, se materializó en 1999, en el periodo final del gobierno de Eduardo Frei [2].

Poco antes de la segunda vuelta de la elección presidencial, donde triunfó Sebastián Piñera, la expresidenta Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley para reformar el artículo 19 de la Constitución referido al Régimen jurídico de las Aguas en Chile. “Y lo hacemos –enfatizó- a partir de la convicción muy profunda acerca del rol del Estado y el rol de las ciudadanos respecto de los bienes públicos que todo Estado debe garantizar”. El artículo quinto del Código de Aguas establece precisamente que las aguas son bienes nacionales de uso público.  Sin embargo, ello no se cumple al establecer que sus derechos sean concesionables y limitar el papel del Estado en asignar los derechos para su aprovechamiento y destino.  Como era previsible el proyecto de ley presentado quedó en el olvido durante la actual administración.  Es hora de retomar el tema.

Por Hugo Fazio

El Ciudadano

Foto: Trincheradelaimagen