Macarena Valdés: Perito de la Corte Penal Internacional demuele tesis del suicidio

Por Francisco Marín para revista Proceso de México

La investigación de la muerte de la emblemática activista medioambiental Macarena Valdés, mejor conocida como “la Negra”, acaecida el 22 de agosto de 2016, en su domicilio de la comunidad mapuche “Newen”, de la localidad de Tranguil (comuna de Panguipulli, Región de los Ríos), sufrirá un vuelco.

Esto, luego de que se conozca el informe del destacado médico forense británico John Clark, emitido el pasado 12 de agosto, titulado Comentarios sobre la muerte de Yudy Macarena Valdés Muñoz.

En dicho estudio -que presentamos en exclusiva- se descarta que el suicidio sea la causa más probable de la muerte de la activista, rebatiendo de esta manera lo expuesto por el Servicio Médico Legal (SML) chileno en autopsia realizada inmediatamente después de su deceso. Allí se sostuvo que ella falleció de “asfixia por ahorcamiento” sin participación de terceros.

La muerte de Macarena Valdés -quien tenía 32 años y cuatro hijos al momento de su deceso- produjo estremecimiento, no sólo en su comunidad sino que en un amplio arco de la sociedad chilena, ya afectada por la sucesión de extrañas y no aclaradas muertes de líderes sociales y medioambientales.

El pasado 22 de agosto, al conmemorarse el tercer año de su fallecimiento, se realizaron manifestaciones desde Arica a Punta Arenas -desde el extremo norte al extremo sur del país- siendo la más multitudinaria de ellas la verificada en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, de Santiago.

Allí unas 8 mil personas denunciaron que “¡A la ‘Negra’ la mataron!”, expresión que se ha convertido en el grito de lucha de quienes exigen justicia en esta causa. Pese al carácter pacífico y cultural de aquel encuentro, fuerzas policiales lo reprimieron, gaseando y mojando a los asistentes.

Dicho proceder derivó en violentas protestas que acabaron con la quema de tres buses de la locomoción colectiva.

Defensa del territorio mapuche

Al momento de su muerte, Valdés junto a su pareja y padre de sus hijos, Rubén Collío, encabezaban la resistencia contra un proyecto hidroeléctrico que se instalaba, con dudosa legalidad, en el entorno de su comunidad mapuche.

La Fiscalía, con el evidente afán de ratificar la tesis del suicidio y cerrar el caso, entrevistó a familiares de Macarena Valdés -que no tenían cercanía con ella- a quienes preguntó si ella tenía problemas sicológicos y/o motivaciones suicidas. Fruto de estas entrevistas, el ente persecutor de la justicia concluyó que la fallecida padecía de depresión.

Este diagnóstico es negado por Collío: “Nosotros éramos tremendamente felices. Nos reíamos mucho… teníamos planes a futuro”, señala en entrevista con Proceso.

La supuesta depresión y el informe de autopsia del SML, dieron pie a que la Fiscalía de Panguipulli (a cargo de la investigación) cerrara rápidamente la causa, sin culpables y estableciendo el suicidio. Sin embargo, el 21 de agosto de 2017, cuando se cumplía casi un año del deceso de la activista, dicho ente persecutor reabrió el proceso y ordenó la realización de una segunda autopsia. Hizo esto tras el revuelo provocado por un metaanálisis forense, signado por el renombrado médico forense chileno Luis Ravanal Zepeda, quien fue contratado como perito de parte por la familia de Macarena Valdés.

En dicho informe -en que se analizó toda la información disponible sobre el caso, especialmente la primera autopsia y las pericias realizadas en terreno por la Policía de Investigaciones (PDI)- se verificó que la causa de muerte establecida por el SML (asfixia por ahorcamiento) “no se fundamenta en hallazgos autópsicos objetivos e indubitados”, puesto que el SML no demostró “que el cuerpo haya sido suspendido vivo, por cuanto en ninguna de las descripciones referentes al surco y tejidos cervicales, se describen signos de vitalidad”, esto es, que hayan sido provocados estando viva la afectada.

Ravanal, que es el único médico legista latinoamericano en formar parte del directorio de la Asociación Mundial de Medicina Legal, indicó en su metanálisis que en casos de suspensiones post mortem “lo típico es que no existan signos de vitalidad, como se constata en este caso, por lo cual no es posible (…) descartar la participación de terceros”.

Y añadió: “Cuando hay una compresión vigorosa por la soga se produce una infiltración hemorrágica en las carótidas, yugulares y músculos que están justo por debajo del surco de ahorcamiento, pero en este caso ninguna de esas estructuras presenta lesiones ni infiltración hemorrágica”.

Este médico, que es master en medicina forense de la Universidad de Valencia (España), reveló en su entrega una serie de deficiencias ocurridas en la autopsia del SML: “Llama la atención que no se hayan recolectado y enviado a análisis histológico (microscópico) absolutamente ninguna muestra de las lesiones constatadas en el cuello (…), lo cual representa una grave omisión diagnóstica, en circunstancias que los tejidos del cuello eran los de mayor valor diagnóstico para el estudio de causa de muerte”.

Tampoco se analizó debidamente la soga con la que se habría ahorcado la activista ni se realizaron todos los estudios toxicológicos necesarios para detectar signos de tipo homicida.

Por todo lo anterior, Ravanal recomendó la realización de una segunda autopsia que pudiera subsanar las deficiencias de la primera.

La segunda necropsia se realizó el 30 de octubre de 2017 en el SML de Santiago, y fue dirigida por el propio Ravanal, quien no contó con la asistencia de personal médico ni de auxiliares de dicha repartición.

Este estudio ratificó “la inexistencia de signos de vitalidad a nivel de los tejidos blandos del cuello y en las estructuras que conforman el bloque laringo-traqueal, por lo que, desde un punto de vista macroscópico, no se confirma la existencia de signos objetivos que permitan sustentar que la víctima se hubiese encontrado con vida al momento de ser suspendida por un cordel o lazo a nivel cervical”, concluyó Ravanal.

La patóloga y directora (s) del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Chile, Carmen Cerda, efectuó estudios histopatológicos que se anexaron al señalado informe. La conclusión de estos: “No se evidenciaron signos de lesiones vitales en ninguno de los exámenes practicados”.

Es decir, la segunda autopsia prácticamente descartaba el suicidio. Sin embargo, esto no bastó para que la Fiscalía modificara la tipificación del caso, que desde el principio ha definido como “muerte y hallazgo de cadáver”.

El 4 de octubre de 2018 la PDI elaboró el informe forense 215, en que se detallan los resultados de las pericias que se practicaron al cordel con el que apareció colgada Macarena Valdés. Había dos trozos: uno de 8 metros y otro de 1. El más largo contenía el ADN de una persona de sexo femenino distinta a Valdés. Sin embargo, este informe se traspapeló y desapareció del expediente por largo tiempo, hasta que fue reintegrado luego que el error fuera advertido por la parte querellante.

Según señaló a este corresponsal una de las abogadas de la parte querellante, Patricia Cuevas, este informe ha implicado que la Fiscalía sólo pesquise la participación de mujeres, algunas de las cuales han sido citadas para que se le tomen muestras biológicas. La jurista acusa que esto “solo se hace para satisfacernos a nosotros”. Complementa: “La Fiscalía no está investigando cómo fueron los hechos, ni a los verdaderos sospechosos. Solo a mujeres que no tuvieron relación con los sucesos”.

Este corresponsal intentó entrevistar al fiscal jefe de la Fiscalía de Panguipulli, Jaime Calfil, quien lidera las investigaciones de este caso. No obstante, el encargado de Comunicaciones de la Fiscalía Regional de Los Ríos, nos informó que el persecutor, por ahora, no se pronunciará sobre la materia.

Muerte y amenazas

Lo señalado por los doctores Cerda y Ravanal en su comentado informe, es coherente con lo relatado por Rubén Collío. En la entrevista él relató que “el 22 de agosto del 2016 ‘la Negra’ -como cariñosamente llamaba a su pareja- apareció muerta dentro de nuestra casa, colgada de una viga, en unas circunstancias que nos causaron dudas y sospechas desde un primer momento”.

Explica que ese día vió a Macarena a la 13:00 horas en su casa -ubicada a un kilómetro del domicilio más cercano- tras lo cual él acudió a la casa de un vecino a arreglar un computador. Dejó a Macarena con el menor de sus hijos mientras que él partió con otro -de cinco años- a realizar su tarea. Ella partiría con destino al consultorio (centro de salud) de Liquiñe -localidad precordillerana fronteriza con Argentina- en el bus de las 14:30 horas.

“Entre la 1:00 y las 2:30 (PM) ella se dedicó a arreglar su bolso para salir. Allí quedaron los pañales de nuestro bebé, la tarjeta de control del consultorio. También preparó comida para que nosotros almorzáramos cuando regresáramos de trabajar”, dijo.

Collío, que es orfebre e ingeniero ambiental, indica que “Macarena no alcanzó a salir a tomar el bus. Alguien la asesinó antes. Alguien entró a nuestra casa y la mató”.

Narra que antes que él volviera a casa con su hijo de cinco años, llegó otro de sus hijos, Francisco, que entonces tenía 11 años. “La encontró colgando. Cortó la cuerda y salió desesperado a buscar alguien que lo ayudara para reanimar a su madre”, relata.

Cuando Rubén volvió vio a Francisco en la puerta de su casa… llorando. Entró a su casa y allí vio a su bebé, de un año y 8 meses, junto al cuerpo de su madre. Allí la abrazó por última vez.

Collío explica -en la entrevista- que previo al deceso de su compañera, se habían registrado movilizaciones que buscaban impedir la construcción de la hidroeléctrica de RP Global, puesto que su puesta en marcha implicaría entubar el río Tranguil, en un tramo de 8 kilómetros.

La molestia creció cuando Saesa, la empresa que trabajaba en la construcción de la central, taló sin autorización bosque nativo y comenzó a instalar torres de alta tensión en lugares habitados.

El 1 de agosto (2016), Macarena y Rubén lideraron una manifestación que mantuvo cortada la ruta internacional Coñaripe-Liquiñe (hacia Argentina). Enseguida, se intensificaron las amenazas en contra de ambos. “Llega gente hasta nuestra casa a decirnos que nos tenemos que ir”, recuerda Collío.

El 21 de agosto, trabajadores vinculados a Saesa fueron a la casa de Mónica Paillamilla, dueña del terreno donde vive la familia Collío-Valdés. “Le dijeron que nos tiene que echar, porque si no: algo muy grave le iba a pasar a mi familia”, dice Collío.

Pailamilla confirmó este hecho, según consta en reportaje El caso de Macarena Valdés: ¿Homicidio o suicidio?, publicado en el semanario The Clinic el 31 de enero de 2019.

El 23 de agosto, día del funeral de Macarena Valdés, fue aprovechado por la empresa Saesa para instalar postes y cableado eléctrico asociados a la construcción de la central. Aunque no tenían autorización legal, contaron con resguardo de Carabineros de Chile.

Cabe consignar que, aunque la central hidroeléctrica de Tranguil, de RP Global, fue construida y las torres de alta tensión instaladas, no ha podido comenzar a operar por carecer de derechos de agua necesarios para su puesta en marcha.

El informe Clark

El patólogo británico John Clark es un referente mundial de la medicina legal. Fue durante muchos años director del Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Glasgow, en Escocia. También ofició como patólogo jefe del equipo forense designado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) que realizó los exámenes post mortem de las víctimas de las matanzas en Srebrenica, en la antigua Yugoeslavia. Actualmente es perito de la Corte Penal Internacional (CPI). 

Considerando su curriculum y dadas las severas falencias que la actividad médico legal registra en Chile, el involucramiento de Clark en la enigmática muerte de Macarena Valdés es altamente relevante.

Lo primero que destaca Clark en su informe -solicitado por la parte querellante y que en los próximos días será presentado ante la Fiscalía- es “la falta de una descripción detallada de cómo fue encontrada muerta” Macarena Valdés. Esto, en su parecer, “hace que la interpretación de los hallazgos post mortem sea difícil”.

En este mismo sentido el legista británico planteó: “La cuerda implicada como la usada no tenía una ligadura típica para colgarse, ya que era excesivamente larga y no tenía un nudo obvio. Incluso, si este último fue cortado en el momento de bajar el cuerpo, ¿por qué no se hicieron comentarios en el informe de autopsia ni se incluyó alguna fotografía?”.

La autopsia fue realizada por el doctor Enrique Rocco, del SML de Valdivia, sobre el que pesan denuncias de severas irregularidades en su práctica profesional.

Pese a las deficiencias de las pericias que tuvo a la vista, el doctor Clark emitió un veredicto científico sobre la base de los elementos disponibles. En sus conclusiones advirtió respecto a la existencia de signos atípicos que permiten considerar la participación de terceros en la muerte de Valdés:

“La marca de ligadura en el cuello, aunque no completamente incompatible con la de suicidio por ahorcamiento, es lo suficientemente inusual como para plantear preguntas sobre su causa. Lo más importante es considerar si la muerte podría haber sido el resultado del estrangulamiento con ligadura por otra persona o personas, es decir, un elemento apretado fuertemente alrededor del cuello que impida la respiración”, manifiesta el forense de Glasgow.

Sigue: “Una marca de ancho tan irregular como este (surco en el cuello), sugiere que ha habido un movimiento considerable de la cuerda sobre la piel, frotándola y causando abrasiones (desgaste),posiblemente con más de una vuelta del lazo involucrada”.

Siguiendo con su razonamiento, Clark precisa: “Aunque en casos de suicidio por ahorcamiento, las víctimas pueden moverse violentamente (…) y posiblemente causar que la ligadura se mueva sobre la piel, sin duda, en mi propia experiencia de cientos de estos casos, no es común una marca tan irregular como esta”.

Más adelante Clark sugiere, a la luz de la evidencia disponible, que Macarena Valdés murió “no por ahorcamiento suicida, sino por estrangulamiento por ligadura, con un objeto que alguien más sostenía alrededor de su cuello y lo apretaba con fuerza”.

Complementa el perito de la Corte Penal Internacional: “Existe la posibilidad adicional que su cuerpo haya sido suspendido posteriormente para hacer que la muerte pareciera un ahorcamiento suicida, en cuyo caso la marca final de ligadura podría representar una combinación de ambos procesos”.

“En contra de las sugerencias de que se trate de una estrangulación por ligadura (homicidio) se podría argumentar que estos procedimientos usualmente producen una marca completa circular alrededor del cuello. Pero en este caso (el de Macarena Valdés), cualquier ligadura del cuello habría sido amortiguada por el cabello ondulado de la víctima… y hay una ligera o leve indicación de una marca que continúa horizontalmente hacia atrás, detrás de la oreja al lado derecho del cuello”.

El doctor Luis Ravanal explica -en entrevista con Proceso– que una marca de ligadura horizontal en el cuello detrás de la oreja, no es concordante con una suspensión por ahorcamiento sino que con una estrangulación. Y eso es lo que tenía Macarena Valdés: la superposición de dos marcas con distinto patrón: una horizontal de estrangulación; y otra con un trayecto ascendente, sin signos de vitalidad, concordante con ahorcamiento post mortem”.  

“Entonces -añade Ravanal- estamos ante un caso en que los signos apuntan hacia la intervención de terceros que realizaron un estrangulamiento y una posterior suspensión de cadáver”.

Clark, posteriormente, se pone en el lugar de quienes podrían argumentar que la falta de lesiones adicionales en el cuerpo, como signos de forcejeo en brazos y piernas, restarían credibilidad a la posibilidad de intervención de terceros, que él está sugiriendo en su informe. Anticipándose a dichas críticas, expresa: “No es difícil imaginar una situación en la que estas marcas no se hubieran causado, si ella hubiera sido inmovilizada de otras maneras”.

El legista británico destaca como elementos a considerar en este caso -y que apuntan a descartar el suicidio- el hecho que la víctima no haya dejado una carta explicando las razones de una decisión suicida; el que no exista constancia de que padeciera enfermedades sicológicas; el que se tratara de una mujer joven con niños pequeños, uno de los cuales, estaba en la casa cuando murió.

“Considerando todo -apunta Clark- todavía es posible que la muerte de esta mujer se deba a un suicidio por ahorcamiento, pero antes de aceptar esta conclusión, se deben responder varias preguntas sobre las circunstancias de su muerte y las características de la marca de ligadura en su cuello. Las posibilidades alternativas de ahorcamiento forzado o estrangulamiento por ligadura por parte de otros ciertamente deben considerarse”.

Reportaje publicado en revista Proceso de México, este 22 de septiembre de 2019