Voceros de movimientos populares alzaron su voz para exigir se respete la vida de los defensores de derechos humanos en el país sudamericano
Organizaciones sociales demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado colombiano dé una respuesta efectiva frente al incremento de las amenazas contra los defensores de derechos humanos en el país, luego de que las autoridades se han centrado en investigar los homicidios.
«En 10 años no ha habido resultado alguno sobre amenazas a los defensores. Insistimos en un sistema público de información en la Fiscalía General de Colombia. Es incomprensible que se hable de reducción de amenazas cuando se incrementaron casi el doble», dijo Jomary Ortegón, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), quien participó en una audiencia pública sobre el tema en el 173 período de sesiones de la CIDH, en Washington.
En la audiencia, transmitida en streaming, se divulgó que entre 2010 y el primer semestre de 2019 se registraron 3.434 amenazas contra defensores de derechos humanos en Colombia, la mayoría bajo la modalidad de panfleto, por lo que los activistas piden que Estado se concentre en investigar esas amenazas y así evitar nuevos homicidios.
Aunque las organizaciones sociales señalaron que las amenazas se redujeron tras la firma del Acuerdo Final de Paz (suscrito en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC), advirtieron también que en 2018 se incrementaron hasta sumar 583, mientras que en el primer semestre de 2019 se reportaron 477 intimidaciones.
«Investigar las amenazas y otros ataques asociados es fundamental para mejorar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, prevenir hechos adicionales de violencia y desmantelar estructuras criminales», indicó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Las amenazas van desde llamadas telefónicas hasta avisos fúnebres, ramos de flores, notas en papel dejadas debajo de las puertas, mensajes de voz y de texto, amenazas directas y mensajes a través de terceros, y van dirigidas contra personas y colectivos que defienden el proceso de paz, luchan por la restitución de tierras y la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, precisó Diana Sánchez, de la Asociación Minga y el Programa Somos Defensores.
Según Cajar, enfrentar las amenazas contra los líderes sociales no se plantea como un eje fundamental en las políticas del Estado colombiano, y destacó que aunque la Fiscalía mantiene un plan para resolver las amenazas y los homicidios, «hasta la fecha no se realizan investigaciones diligentes o adecuadas» de las intimidaciones.
«La impunidad en caso de amenazas a personas defensoras es generalizada. La Fiscalía debe avanzar en investigaciones conexas, que tomen en cuenta el contexto y que la actividad investigativa no descanse en la persona amenazada», agregó Ortegón.
En la audiencia, el comisionado Francisco Eguiguren, de la CIDH, solicitó al Estado colombiano que identifique quiénes son las Águilas Negras, un señalado grupo paramilitar responsable de la mayoría de las amenazas y homicidios contra defensores de derechos humanos en el país, pero de cuyos integrantes no se conocen datos.
Al respecto, la delegación estatal indicó que existe un grupo especial en la Fiscalía dedicado a aclarar quiénes integran esa organización criminal.
Cortesía de Sputnik
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