La mañana de este viernes organizaciones feministas, parlamentarias y concejalas, entre otros adherentes, presentaron en la Contraloría General de la República una solicitud para que se realice una auditoría a la implementación de la Ley 21.030 que regula la interrupción voluntaria del embarazo (Ley IVE), más conocida como Ley de aborto en tres causales.
Monitoreos realizados por la Mesa de Acción por el Aborto y Corporación Humanas han demostrado serias falencias en información, preparación del personal médico y altos índices de objeción de conciencia en la implementación de la ley durante sus dos años de vigencia, lo que -como apuntaron estas organizaciones- “impide en la práctica el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su maternidad”.
Karen Espíndola, subdirectora de la Fundación Comprometidos, señaló que “es importante que la institucionalidad pública se haga partícipe e informe sobre cómo este gobierno ha ido implementando la ley”. Junto con ello añadió que “esto es muy importante porque es en el servicio público donde se atienden las mujeres más vulnerables del país”.
En tanto, la diputada (PC) Karol Cariola enfatizó en que “fueron años de lucha del movimiento feminista para poder llegar a tener esta ley, y que hoy -después de dos años de su implementación- todavía tengamos dificultades en que se lleve adelante, es realmente un golpe para todas las mujeres”.
La parlamentaria advirtió que ha sido dificultoso que desde el Ministerio de Salud del gobierno de Sebastián Piñera respondan las solicitudes de información que se le han realizado desde el Congreso. “Ni siquiera sabemos cuántos son los médicos objetores de conciencia en el servicio público; varían permanentemente, se pasan por arriba los protocolos”, explicó Cariola, quien apuntó a que el “sesgo ideológico” del Ejecutivo respecto al derecho al aborto no puede ser un impedimento para que la ley se cumpla como corresponde.