Más Estado menos mercado arroja encuesta UDP

Una marcada tendencia a expandir el rol y la propiedad del Estado sobre diversoso bienes y servicios públicos mostró la IV Encuesta Nacional de Opinión Pública 2008, realizada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales


Autor: Sebastian Saá

Una marcada tendencia a expandir el rol y la propiedad del Estado sobre diversoso bienes y servicios públicos mostró la IV Encuesta Nacional de Opinión Pública 2008, realizada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales.  A diferencia de la mayoría de las encuestas de opinión en Chile, que se realizan vía telefónica, ésta es aplicada mediante entrevistas cara a cara con un 95% de confiabilidad.
La mayor parte de los chilenos está de acuerdo o muy de acuerdo, por ejemplo, en que el Estado tenga empresas de utilidad pública (71,6%); que exista una AFP estatal (67,2%); que aumenten los bancos estatales (65,7%); que el transporte público esté en manos de una empresa estatal (58,1%); que “todas” las universidades pasen a ser de propiedad del Estado (52,9%) e incluso que exista una cadena de supermercados estatal (51,9%).  Del mismo modo, y esta vez respecto a nuestro principal producto de exportación, el cobre, el 60,6% de los encuestados está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo con que CODELCO sea privatizada.
Solo dos cifras fueron en contra de esta tendencia, cuando se consultó si las Isapres deben seguir siendo privadas (únicamente el 44,5% está en desacuerdo o total desacuerdo) y el 36,9% es contrario a que los colegios particulares subvencionados sigan existiendo como privados.  Situación que se entiende, en parte, por la mala percepción y evaluación que existe de la infraestructura de salud estatal y de los colegios públicos municipales.  Sin duda, una tarea pendiente para el Estado, que se encuentra obligado a satisfacer las garantías de educación y salud de calidad consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Para la socióloga Paula Barros, del equipo ICSO-UDP, algunas de estas cifras “podrían explicarse por la actual sensación de crisis, que lleva a buscar en el sector público soluciones para el acceso a servicios básicos.  Lo anterior se confirmaría al observar que a menor nivel socioeconómico, mayor es el apoyo a un rol activo del estado en los ámbitos mencionados”.
Otra lectura, que se refuerza al cruzar estas expectativas estatistas con la apreciación de la situación económica actual y de la dirección que ha tomado el país, consultadas a su vez por la encuesta, es que aquí subyace una clara crítica al modelo económico y a los abusos del mercado.  Donde son cada vez más quienes prefieren la protección del Estado, con todas sus precariedades y deficiencias, al control del mercado.
De hecho, la mala evaluación de la situación económica es categórica y experimenta un incremento sostenido que se ha duplicado en solo dos años (de 24,3% en 2006 a 42,2% este año) y nada más que un tercio de los encuestados (33,9%) estima como muy bueno el camino que sigue el país, un 44,8% lo considera muy malo, en especial los quintiles de menores ingresos (49,7% y 57,4%, para grupos D y E, respectivamente) y un amplio porcentaje (19,5%) que lo considera ni bueno ni malo.

ELECCIONES PRESIDENCIALES 2009

Ante las dudas que aún existen sobre quiénes serán los candidatos de las próximas elecciones presidenciales, la encuesta muestra que los partidarios de la Concertación son más favorables a la idea de una primaria (69%) que aquellos cercanos a la Alianza (53,8%) como forma de dirimir una candidatura única.
Mientras que cuando se pregunta quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile, las preferencias se inclinan por Sebastián Piñera (35,4%), Ricardo Lagos (13,8%), Eduardo Frei (4,6%) y José Miguel Insulza (4,3%).  Que en el caso del candidato aliancista, aumenta a 51,8% cuando la consulta es quién cree será el próximo presidente.  El nivel de apoyo a los candidatos es menor en el caso de las mujeres, lo que de acuerdo al director de ICSO, Claudio Fuentes, se explica porque “un significativo porcentaje de mujeres (26,4% respecto de 16% de hombres) aún no ha tomado una decisión sobre su preferencia presidencial, por lo que los candidatos deben prestar especial atención al voto femenino y a la insatisfacción de los sectores medios”.  Como se desprende de la respuesta a la consulta sobre quiénes son los principales beneficiados por las políticas implementadas por el gobierno de Bachelet, siendo “la clase alta” (36,6%) y “la clase baja” (29,4%) las que alzan con las altas menciones sobre “la clase media” (19,4%) como beneficiario.

OTROS RESULTADOS

Respecto a la administración de Bachelet, al igual que el año pasado, la encuesta refleja una mayor aprobación hacia la figura presidencial (52,7%) que al gobierno (40,1%), ambos indicadores con un significativo aumento en relación a la encuesta de 2007, donde alcanzaron un 40,6% y 31,7% de aprobación respectivamente.  No obstante lo anterior, la mayoría de los encuestados (52,7%) afirma que le cree pocas veces o nunca a sus declaraciones, mientras el 43,7% afirma creer siempre o la mayoría de las veces.
En materia de corrupción, el 53,6% considera que el gobierno está muy interesado o algo interesado en la lucha contra la corrupción, mientras el 42,6% indica que está poco o nada interesado.  Y frente a las figuras más sobornables, el 69,8% de los entrevistados considera que es muy fácil o fácil sobornar a un funcionario municipal, un 66,1% piensa lo mismo respecto a los funcionarios públicos en general, un 51,4% respecto a los jueces, un 41% en el caso de los profesores y 36% para carabineros, cifra que contrasta con esa percepción de ser uno de los estamentos más que queridos por la gente.
Destaca también la concepción del voto como un derecho (43,2%) por sobre quienes consideran que es un deber (41,4%).  Derecho que el 66,7% señala debe considerar a los chilenos residentes en el extranjero, mientras que un 56% considera que debe extenderse también a los extranjeros residentes en Chile.  Al tiempo que sorprende, en un país donde el delito es tema preferencia de la agenda pública y política, que un 79,5% pida el voto para los ciudadanos libres que cumplieron ya condena y un 56% para aquellos presidarios o presos.  En cuanto a los jóvenes, el 56,8% considera que no deberían tener derecho a voto aquellos que están entre 16 y 18 años.
Finalmente, en el capítulo sobre desigualdad en Chile y específicamente frente a la discriminación, los encuestados destacaron a los mapuche (23%), a los inmigrantes peruanos (18,5%), las minorías sexuales (16,1%), la tercera edad (14,3%) y los discapacitados (12,5%) como los sectores más discriminados de la sociedad.

por Paulina Acevedo

El Ciudadano


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