Lenín Moreno arremete contra la revolución Ciudadana y sus líderes porque representa una verdadera oposición a su régimen que ha traicionado la confianza del pueblo ecuatoriano, y que sirve a los intereses de Washington y organismos capitalistas como el FMI
Tras llegar a un acuerdo con los indígenas y echar para atrás el polémico decreto 883, que eliminaba el subsidio a los combustibles, el Gobierno de Lenín Moreno emprendió una persecución política y judicial contra militantes de movimientos políticos y sociales que participaron en las multitudinarias manifestaciones que se mantuvieron durante 11 días en Ecuador.
La protesta indígena doblegó al régimen que tuvo que recular en su afán de imponer un «paquetazo» económico pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero ahora el Mandatario arremetió con una cacería de brujas contra los líderes políticos de la Revolución Ciudadana, el movimiento creado por el ex presidente Rafael Correa (2007-2017).
Desde que iniciaron las protestas, Moreno acusó –sin aportar pruebas– a los “correístas” e, incluso, llegó a decir que son financiados por el narcotráfico y el terrorismo y supuestamente ayudados por «factores de injerencia extranjera», como el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para perpetrar un golpe de Estado en su contra.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, afín al Gobierno, trabaja con celeridad para cumplir los designios del Mandatario.
Entre los 1192 detenidos –según las cifras reveladas el lunes 14 de octubre por la Defensoría del Pueblo– se encuentran figuras claves de la Revolución Ciudadana, mientras que otros se encuentran en paradero desconocido o han tenido que pedir asilo en embajadas como la de México en Quito.
Persecución política en Ecuador
Durante las protestas, Moreno decretó un estado de excepción con el que se valió para realizar allanamientos y detenciones, afianzando la persecución política que ha caracterizado su gobierno.
Para el periodista y escritor Orlando Pérez, la persecución política que se está ejecutando en Ecuador responde a un plan regional.
«Hay un deterioro muy fuerte en cuanto a libertades, derechos, que no creo que sea patrimonio del Ecuador», dijo Pérez, al tiempo que recordó que el mapa latinoamericano arroja un escenario similar en otros países gobernados por la derecha como Argentina, Brasil, Colombia y Chile.
Indicó que esta estrategia es dictada por el Gobierno de Estados Unidos para arremeter contra las fuerzas progresistas en América Latina.
«Viene desde Estados Unidos, no quieren dejar que se reproduzca la década progresista de América Latina, y eso lleva a un deterioro en cuanto a la política de derechos humanos, de las libertades”, explicó.
Señaló que la persecución política, mediática y judicial ha sido evidente en el caso de Brasil, con el encarcelamiento -sin pruebas- del expresidente Luis Inácio Lula da Silva; o de Argentina, con las acusaciones contra la expresidenta Cristina Fernández.
Para Pérez, el propósito es intentar criminalizar, poner tras las rejas y desterrar políticamente a los principales dirigentes de los procesos progresistas pasados o por emerger.
El analista destacó que en el caso de Ecuador, el gobierno de Lenín Moreno ha demostrado ser represivo y atentatorio contra las libertades, tal y como se pudo comprobar con la entrega a Reino Unido del ciberactivista Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, a pesar de que éste contaba con asilo político concedido por Quito.
Desde que Moreno tomó el poder en 2017, se dedicó a traicionar el proyecto de Rafael Correa, y por el cual los ciudadanos lo eligieron Presidente.
Pérez indicó que Moreno ha implementado «acciones para descabezar» al correísmo en Ecuador«.
“Primero fue el encarcelamiento del vicepresidente Jorge Glas y luego siguieron las acusaciones sobre Correa. Después, vemos lo que ha pasado en las últimas semanas y meses, con una judicialización de la política o lawfare, con el objetivo de anularlos porque son una amenaza», aseveró.
Señaló también que esta persecución se agudizó en los últimos días con la protestas, mediante «la detención y encarcelamiento de dirigentes de Revolución Ciudadana, sin ninguna justificación».
El analista, planteó a Sputnik que el proceso de descabezamiento se articula a través de tres instrumentos centrales: el poder mediático, el poder político y el poder judicial.
Sin embargo, en el caso de Ecuador, el propio Moreno se ha encargado de acusar al correísmo de estar detrás de las movilizaciones y de intentar convertirlas en un golpe de Estado para destituirlo.
«El presidente de la República, la ministra de Gobierno y otras autoridades señalan de responsabilidades a correístas e inmediatamente después ya hay juicio«, comentó Pérez y recordó que esta semana Moreno y los medios acusaron a un conjunto a dirigentes de Revolución Ciudadana que horas después vieron sus casas allanadas.
¿Quiénes son los líderes del correísmo perseguidos?
Los primeros detenidos durante las manifestaciones fueron el asambleísta de la Revolución Ciudadana por la provincia de Sucumbíos, Yofre Poma, y el prefecto de esa entidad, Amado Chávez, del partido Sociedad Unida Más Acción (SUMA).
Ellos, junto a otras siete personas, fueron detenidos el pasado 7 de octubre cuando, presuntamente, ingresaron con hierros y palos a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, por lo que la Fiscalía formuló cargos por su supuesta participación en el delito de paralización de un servicio público.
Por este caso, el juez nacional David Jacho dictó prisión preventiva para todos los procesados, además de la retención de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes.
El pasado domingo, cuando ya las manifestaciones habían cesado, fue detenida la exalcaldesa del cantón Durán, en la provincia de Guayas, Alexandra Arce Plúas, también militante de la Revolución Ciudadana, tras haber sido acusada por el Gobierno de Moreno de ser una de las instigadoras de las protestas.
Según la Fiscalía, la medida de prisión preventiva se dictó «por presunto delito de asociación ilícita para la paralización de servicios, rebelión y discordia en manifestaciones».
Este lunes, por su parte, fue detenida en su vivienda la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, por «fines investigativos».
El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Julio Arrieta, le dictó prisión preventiva por 90 días, mientras que la Fiscalía «formuló cargos por el delito de rebelión», por «los actos delictivos registrados durante las protestas de días atrás».
Además de Pabón, fueron detenidos sus colaboradores Christian González Narváez, sospechosos de «financiamiento de grupos violentos», y Pablo Del Hierro, presunto «encargado de logística y abastecimiento» en los disturbios de los últimos días. Al primero también se le dictó prisión preventiva; mientras al segundo medidas sustitutivas, como su presentación, cada ocho días, ante un juez y prohibición de salida del país.
A los tres, además, se les estableció «inmovilización de cuentas bancarias y prohibición de enajenar bienes«.
Según la Fiscalía, en los allanamientos realizados a las viviendas de los detenidos, «se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación».
En la vivienda de González, supuestamente, «se incautaron tarjetas de crédito, panfletos y material que habría sido usado en las manifestaciones».
De igual modo, la Fiscalía ecuatoriana emitió una orden de detención contra el exasambleísta Virgilio Hernández, aunque aún las autoridades no han dado con su paradero.
En el allanamiento a su domicilio «se levantó dinero en efectivo –dólares y euros–, así como banderas y otros elementos que, al parecer, se utilizaron durante el paro nacional», indicó la Fiscalía, al tiempo que encontraron “dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos».
Días atrás, el exasambleísta había denundiado ante la agencia Sputnik que el Gobierno de Ecuador está realizando una persecución contra todo aquel que se oponga a sus mandatos.
Asilados en la embajada de México
El pasado sábado 12 de octubre, el Gobierno de México informó que recibió en su Embajada en Quito a la expresidenta de la Asamblea Nacional y actual asambleísta Gabriela Rivadeneira.
En un mensaje publicado en Twitter, Rivadeneira, quien también integra las filas de la Revolución Ciudadana, señaló que la decisión de refugiarse en ese lugar se produjo tras padecer «un seguimiento extrajudicial en los últimos días».
Relató que habría sido vigilada por «agentes de Inteligencia, carros de la Policía, militares y civiles«, frente a su domicilio, despacho personal y espacios de militancia, reseñó Actualidad RT.
La Fiscalía realizó un allanamiento a la vivienda del esposo de Rivadeneira, Luis Flores. En el lugar, según este organismo «se incautó una caja fuerte, libreta de ahorros que detalla pagos al ‘señor presidente’, libretas de notas de pagos, dispositivos electrónicos y material electoral».
Dos días después, México anunció que recibió en la misma sede diplomática para «brindarles protección y resguardo» a los asambleístas Soledad Buendía y Carlos Viteri y al asambleísta alterno Luis Fernando Molina; así como a sus cónyuges.
Revolución Ciudadana denuncia asedio
La Bancada de la Revolución Ciudadana en el Parlamento emitió un comunicado en el que indicó que es lamentable que esta histórica movilización haya dejado fallecidos, heridos y ahora perseguidos.
«Con evidente abuso de poder se ordenó prisión para nuestros compañeros Yofre Poma, asambleísta de Sucumbios, y Paola Pabón, prefecta de Pichincha. También a nuestros legisladores Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina se vieron obligados a buscar protección y asilo con el Estado mexicano», reza el texto.
«No puede ser que la persecución, el asedio, la venganza y la proscripción sean la respuesta oficial a una oposición democrática (…) Recordemos que el delito de odio es tipificado y sancionado en el marco jurídico internacional», denunció el movimiento político.
¿Cuál es el temor de Lenín Moreno?
Lenín Moreno arremete contra la Revolución Ciudadana y sus líderes porque representa una verdadera oposición a su régimen que ha traicionado la confianza del pueblo ecuatoriano, y que sirve a los intereses de Washington y organismos capitalistas como el FMI.
“Rafael Correa es una amenaza política y electoral. Él, como dirigente, y los principales cuadros de su partido como Gabriela Rivadeneira, Paola Pabón, Virgilio Hernández, que se han consolidado e instalado en el imaginario del correísmo y de sus adversarios también», explicó el analista Orlando Pérez
Indicó que la cacería de brujas busca «descabezar a un movimiento que más allá de sus errores y virtudes, tiene una potencia en las encuestas”.
“Si Correa se presentara ganaría la primera vuelta» afirmó Pérez, tomando en cuenta que el ex presidente cuenta con el respaldo de un núcleo duro de alrededor del 25 % de la población, «un sector que a lo mejor no sale a las calles, pero a la hora de votar, vota por él».
Para el periodista los intentos por socavar la fortaleza moral al correísmo no pararán, ya que a Estados Unidos no le conviene que el progresismo vuelva a gobernar Ecuador y le haga frente a sus planes injerencistas.
“Este cuadro extiende sobre el correísmo y golpea los espacios políticos contestatarios al gobierno. Sospecho que no va a parar, no va a ser fácil para periodistas, para dirigentes sociales», advirtió.
Sin embargo, aunque Lenín Moreno intente perseguir a los movimientos progresistas, no podrá controlar a un pueblo que está dispuesto a tomar las calles para protestar y hacer valer sus derechos frente a las agresiones de su gobierno.
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