Ante la protesta contra el alza de los precios del transporte público, expresado en el llamado a evasiones masivas para acceder a estaciones del Metro, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, afirmó que “el Estado tiene el deber de garantizar el control del orden público y de la legalidad vigente”. Pero, al mismo tiempo, recordó que en el Derecho Internacional y en la Constitución se establece que las personas “tienen el legítimo derecho a la reunión pacífica”.
El director del INDH señaló también que “en el control del orden público el uso de la fuerza debe realizarse de manera proporcional, cuidando además de no afectar innecesariamente tanto los derechos de los y las manifestantes, como de los/as usuarios/as del metro y la ciudadanía en general”.
La fuerza pública se debe ajustar plenamente a sus principios y protocolos, y debe tener especialmente en cuenta el resguardo de la integridad física de niños, niñas y adolescentes, como sujetos de especial protección por el Derecho.
El director del INDH informó que “el Instituto estará monitoreando estas protestas y que la legítima finalidad de resguardar el orden público se realice con estricto apego a la legislación vigente y los derechos humanos”.
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