El gobierno de Chile debería asegurarse de que sus fuerzas de seguridad respeten plenamente los derechos fundamentales al contener las protestas, algunas muy violentas, que continúan desarrollándose en este momento, señaló hoy Human Rights Watch, añadiendo que las autoridades chilenas deberían investigar y juzgar tanto a los manifestantes que han cometido graves delitos y actos de violencia, como a los miembros de las fuerzas de seguridad que han respondido con un uso excesivo de la fuerza.
Desde el 18 de octubre de 2019, miles de chilenos salieron a las calles en protesta por el anuncio del Gobierno de que aumentaría el precio del transporte público. Las protestas luego se ampliaron para reflejar también el descontento por el costo de vida y la desigualdad, lo cual llevó a una situación de conflictividad social que se extendió por varios días. El 19 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera declaró el estado de emergencia en varias regiones del país, una medida que restringió la posibilidad de circulación de la población.
“Son profundamente preocupantes las imágenes de casos de brutalidad policial en Chile”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El Presidente Piñera debería transmitir claramente a las fuerzas de seguridad chilenas que deben respetar los derechos humanos y asegurarse de que los agentes implicados en abusos sean investigados en forma oportuna e imparcial”.
El subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla, señaló el 22 de octubre que 2643 personas habían sido detenidas y 15 murieron a nivel nacional. El Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que 84 personas habían sufrido heridas de arma de fuego entre el 17 y el 21 de octubre. Algunos de los heridos han sido alcanzados por balas o perdigones en el rostro, el cuello o el cráneo, según señalaron profesionales médicos a una organización local.
El Ministerio Público confirmó que un militar fue detenido por su presunta participación en la muerte de un hombre de 25 años, quien recibió un disparo en el pecho el 21 de octubre durante manifestaciones en Curicó, donde no se ha declarado el estado de emergencia.
En imágenes circuladas por fuentes creíbles se ve a militares que golpean a manifestantes ya detenidos y a un hombre que al parecer solamente estaba parado en la calle, así como a otro hombre que es arrojado desde un furgón policial en movimiento.
Algunos manifestantes han actuado de manera sumamente violenta y han vandalizado estaciones de metro y quemado el edificio de una compañía eléctrica, así como supermercados y la sede del periódico El Mercurio en Valparaíso, entre otros inmuebles.
“Los fiscales deberían realizar investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales por los graves delitos cometidos por manifestantes en los últimos días”, concluyó Vivanco.