Una decisión ejecutiva del presidente saliente Mauricio Macri convirtió recientemente a Argentina en uno de los países que importa millones de toneladas de residuos plásticos desechados por Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
Macri firmó el decreto 591/2019, publicado en el Boletín Oficial a finales de agosto, dos meses antes de las elecciones presidenciales en las que perdería en primera vuelta con el candidato Alberto Fernández, quien ahora deberá lidiar con el problema y el malestar de organismos y activistas defensores del medio ambiente.
La medida reclasifica algunos materiales destinados al reciclaje como productos básicos en lugar de desechos. De esta manera, flexibilizó las condiciones para importar basura, mucha de ella correspondería a desechos plásticos peligrosos, contaminantes y tóxicos que son difíciles de procesar y que a menudo son arrojados o incinerados.
Desde entonces, organizaciones sociales y defensoras del medio ambiente califican el decreto como ilegal y denuncian que contrarresta una tendencia mundial hacia la mejora de los controles sobre las importaciones de residuos.
Asimismo, les preocupa que ese sea el primer paso para que Argentina absorba los plásticos que han inundado a los países desarrollados, después de que China comenzó a rechazar todos los envíos, excepto los más limpios, a finales de 2017.
Un reportaje publicado por el diario británico The Guardian cita las declaraciones de Jim Puckett, director ejecutivo de la Red de Acción de Basilea, un grupo que combate la exportación de desechos tóxicos de las sociedades industrializadas a las naciones en desarrollo.
Puckett teme que Argentina, con la medida de Macri, esté dispuesta a convertirse en un país sacrificado al cual el resto del mundo podría enviar sus desechos.
También lamenta que la mayoría de esos desechos provenga de Estados Unidos, un país que no forma parte de la Convención de Basilea, instancia que rige el comercio internacional de residuos y que agrupa a 180 naciones.
La Convención de Basilea
Una reciente enmienda propuesta por Noruega propone que las naciones desarrolladas no exporten desechos plásticos de baja calidad a las naciones en desarrollo, sin antes obtener el consentimiento explícito de la Convención, en aras de garantizar que los desechos puedan ser manejados adecuadamente.
La reforma apunta a garantizar que, incluso, los países que se abstienen, como Estados Unidos, sigan las reglas de la Convención de Basilea cuando envíen desechos plásticos a los países más pobres.
En tanto, los Estados miembros podrían llegar a acuerdos por separado con Estados Unidos, siempre y cuando se aseguren de que los plásticos que reciban no se eliminen de manera que dañen el medio ambiente y violen los estatutos de la Convención, explicó Pål Spillum, subdirector general del Ministerio de Medio Ambiente de Noruega.
En el caso de las negociaciones recientes entre Argentina y Estados Unidos, Puckett sostiene que ambos países se opusieron a las enmiendas de Noruega para controles más estrictos sobre los plásticos en gran parte no reciclables.
Asimismo, el funcionario cree que Argentina podría llenar el vacío dejado por la decisión de China de dejar de aceptar todo tipo de desechos, excepto los plásticos más fáciles de reciclar, provenientes de Estados Unidos, Reino Unido y Europa.
Tras la decisión de Pekín, los desechos plásticos estadounidenses comenzaron a enviarse a países como Vietnam, Malasia y Tailandia. Más tarde, cuando estos comenzaron a prohibir las importaciones, se enviaron a Camboya, Laos, Ghana, Etiopía, Kenia y Senegal. Ahora, Argentina puede servir como destino final, reveló en una investigación de The Guardian.
Por su parte, Spillum precisó que la propuesta noruega está destinada a «aumentar los controles sobre el movimiento transfronterizo de residuos plásticos que no es fácilmente reciclable, tomando en consideración que es un proceso que más adelante puede convertirse en un problema ambiental en el país que importa».
Un portavoz de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés) dijo que su país apoyó la convención de Basilea pero se opuso a las enmiendas.
“Para que la chatarra de plástico esté exenta de las enmiendas, necesitaría cumplir un conjunto de criterios muy estrictos, difíciles y costosos, si se quieren satisfacer», argumentó el portavoz de la EPA.
Asimismo, agregó que “a Estados Unidos le preocupan las barreras que pretenden imponer al movimiento de la chatarra de plástico para reciclar, porque disminuirá su valor y hará que los plásticos vírgenes sean más atractivos”.
Respecto al acuerdo con Argentina, la EPA dijo que «acababa de darse cuenta» del nuevo decreto de residuos y que no había tenido la oportunidad de evaluar sus impactos.
Qué dicen los activistas medioambientales
Por otro lado, Cecilia Allen, de la Alianza Global para Alternativas a los Incineradores, con sede en Buenos Aires, acotó que es sumamente improbable que se reciclen los desechos que Argentina aceptó recibir con el acuerdo.
Añadió que en los últimos meses el valor del plástico reciclado ha disminuido, ya que resulta más costoso de fabricar que el plástico virgen producido a partir del gas etano extraído del subsuelo por los perforadores de petróleo y gas.
«Una de las preocupaciones que tenemos es que esto puede impulsar una industria incineradora en Argentina o, en su defecto, la quema de desechos en plantas de cemento», dijo Allen.
Igualmente, Allen aseguró que “tenemos muchos desechos aquí (en Argentina) y no estamos reduciendo, ni reciclando, ni compostando. Y no tiene sentido que abramos la puerta para que haya más por venir».
Actualmente, los incineradores que queman plástico están vinculados a los principales problemas de salud por la contaminación del aire que producen, reseña The Guardian.
En Argentina, los recicladores que examinan las pilas de plástico para recolectar aquellos que se consideran reciclables se encuentra protestando contra el decreto, pues sostienen que la medida disminuirá el valor de los plásticos domésticos que recuperan.
Precisamente, Carolina Palacio, representante de la Federación Argentina de Recicladores, recordó que por años el sindicato ha luchado por mejores condiciones laborales y de vida para todos sus trabajadores.
“En lugar de apoyarnos, desregulan y forman decretos para traer desechos de otras partes del mundo. ¿Acaso no tenemos suficiente desperdicio aquí?”, enfatizó.
El decreto de Macri modifica la Ley de Residuos Peligrosos, sancionada en el Gobierno de Carlos Menem, a quien se le acusaba de comprar chatarra nuclear.
Entre los materiales que se importarán se encuentran “desechos de papel y cartón, chatarra ferrosa y de aluminio, desechos de material plástico y el cascote de vidrio”.
Además, el decreto eliminó las restricciones que imponía la normativa vigente a una lista de más de 100 productos cuyo ingreso al país estaba expresamente prohibido, entre ellos desechos hospitalarios, productos con vencimiento operado y otros residuos industriales de alto valor contaminante.
El presidente saliente de Argentina, antes de irse, coloca al país suramericano en la misma lista que Ghana, Camboya y Senegal, por citar algunos casos de naciones importadoras sin controles de la basura que desechan las principales potencias.
Adicionalmente, la decisión de Macri, además de poner en peligro al medio ambiente, representa una dura contradicción en términos ecológicos: mientras su gobierno nunca destinó suficientes fondos para reciclar la basura que se genera en el país, decidió destinar millones para pagar los residuos peligrosos que descartan otras naciones.
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