Nuestros años 20

Por Camilo Rojas, psicólogo / Las injusticias sociales y el accionar inaceptable de la mayoría de las personas instaladas en los puestos de poder, tienen al país en un estado de crisis generalizada que exige cambios profundos. El gobierno, ante las masivas protestas en las calles, responde con mayores medidas represivas, intentando criminalizar un levantamiento fundamentalmente pacífico, desarrollándose así una escalada de violencia lateral de la que este gobierno es completamente responsable.

Los cambios de década para las sociedades, así como los cumplimientos de año para las personas, nos mueven a la reflexión, a la revisión de nuestra historia y a darnos cuenta de que podemos ser artífices de nuestro futuro. Ha venido dándose un despertar progresivo que hoy parece estar maduro y que se traduce en un darnos cuenta generalizado, en la comprensión de que nos hemos estado dejando estafar y de que es posible cambiar estructuralmente las cosas.

A diferencia de otros momentos históricos, hoy contamos con diferentes medios para mantenernos informados, y con millones de cámaras, que son evidencia objetiva y que significan una seria amenaza a la política del miedo. Y contamos con una experiencia reciente rica en cambios. Es decir, parece ser que estamos listos para iniciar un nuevo momento democrático en el país, con participación directa de la gran mayoría. Los cabildos que se desarrollan en todo el país, las protestas masivas, el diálogo en las calles, son muestras evidentes de que la gran mayoría está dispuesta a trabajar por un cambio profundo, millones de personas que entienden de que la paz y el respeto son principios elementales que nos conducen a una vida mejor y más inteligente; mismos principios que nos permiten abandonar el miedo, que, insisto, es el arma más fuerte de los autoritarismos.

En el hervidero de descontentos que agrupan en las calles a personas de todas las edades, regiones, rubros y bolsillos, existe un factor común: a la base suele estar la privatización de los bienes y los servicios del Estado. La escasez de agua (asociada a masivas plantaciones de monocultivos, principalmente forestales), el sistema de pensiones, la precarización de la salud, la educación y el transporte públicos, la destrucción de ecosistemas y el “sacrificio” de amplias zonas geográficas a lo largo de todo el país, son algunos de los ejemplos más evidentes de los efectos de este ejercicio de privatización que permite el usufructo de bienes y necesidades básicas por parte de privados, generando concentraciones de riquezas, desproporcionada desigualdad en el acceso a los derechos fundamentales y diversos desastres sociales y ecológicos a toda escala.

Se pensó que el privado sería más eficiente que el Estado, pero lo cierto es, ante todo, que el privado se involucra en política porque quiere hacer negocios: no piensa en el bien común, sino en su bien personal (básicamente en hacer la mayor cantidad de plata posible en el menor tiempo posible). Y de este modo se ha implementado un mecanismo de abuso en todos los niveles, incluso en las instituciones que alguna vez tuvieron la intención de proteger a los más vulnerables.

La primera solución a este problema consiste en la desprivatización de los recursos y servicios del Estado, con absoluta transparencia en todas las acciones administrativas realizadas y con una participación activa de la población en la determinación de las políticas. Para esto hay que nacionalizar y chilenizar, pero también avanzar en un proceso en el que las instituciones productivas puedan ser dirigidas por el propio cuerpo de trabajadoras/es implicado en cada una de ellas.

Para realizar lo anterior es necesario, a mediano plazo, desarrollar una nueva Constitución; pero considerando que dicho proceso toma tiempo y que es necesario ir acomodando las instituciones y los tejidos sociales a un sistema diferente, es posible iniciar el proceso mediante un cambio puntual en el texto constitucional, específicamente en el Artículo 19, numeral 24: “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales (…)”.

La reformulación de este punto nefasto debe indicar, necesariamente, que hay muchos bienes y servicios que deben ser administrados pensando en el bien de todas las personas y ecosistemas del país, y no como medios para fines lucrativos particulares. Creo que este cambio debe ser el primero entre muchos, recayendo así toda la responsabilidad en los parlamentos, que son las instancias en las que puede aprobarse.

Existen, sin duda, los argumentos y los medios para mover a las/os parlamentarias/os a aprobar dicho cambio, pero el problema principal no está directamente en ellas/os, sino en las presiones de grupos económicos internacionales, ampliamente conocidos, que tienen intereses diversos en nuestro país. Es por esto que las acciones diplomáticas y mediáticas cobran tanta importancia: debemos conseguir un apoyo popular internacional ante el esperable asedio: exigir, en definitiva, el respeto y el derecho de un país que ya no quiere seguir siendo usado injustamente y que desaprueba profundamente el asesinato como método.

Por esto, para evitar más fraudulencias y crímenes incitados por los poderes en ejercicio, debemos tener muy claro que la manifestación pacífica es la única manera. Debemos condenar la violencia en todas sus manifestaciones, de antemano, para exigir el cese de la violencia policial.

La rabia acumulada, producto del acostumbramiento a los malos tratos, a ser sistemáticamente abusados por los poderes económicos y políticos, debe ser superada mediante un acto inteligente, tolerante y fundamental. Los más abusados son los que hoy saquean y los militares que disparan y torturan, y es a ellos a quienes hay que tratar con verdadero respeto en una nueva política colaborativa (los que saquean replican los comportamientos de las elites económicas; los uniformados son instados a la violencia mediante la exposición a la rabia que los protestantes proyectan en ellos, y luego invitados a desquitarse, exponiéndolos así a violentar, a matar y a arriesgar, más temprano que tarde, fuertes condenas judiciales).

En estos dos grupos asociados a la pobreza material hay una rabia profunda que se expresa en una violencia que sólo resulta útil a los poderes abusadores, perpetuadores de la rabia y el miedo, y a ese gran enemigo sólo se puede combatir con la paz y con la convicción de que colaborar es mejor idea que competir, lo que requiere respeto, ganas de aprender, y dejar esa actitud jactanciosa y aprovechadora que se ha puesto tan de moda. Es por eso que la paz en las protestas debe ser un imperativo, y en lugar de combatir a los uniformados, debe invitárseles incesantemente a unirse al movimiento que quiere un cambio profundo en el país.

Pero no basta con colaborar. Para cambiar el panorama actual debemos avanzar en una transformación hacia una sociedad productiva, en la que el trabajo en la tierra, en la piedra, en el mar, en la industria, sea igualmente respetado y remunerado que el que se realiza tras un computador. (De ahí que el desafío urbanístico más necesario sea el de la integración de ruralidad y ciudad en una dinámica que permita a las personas conocer diferentes labores y zonas geográficas, y, ante todo, que permita al país producir insumos suficientes para sostenerse y para participar de una economía colaborativa con la región.)

Este segundo punto, el ético, constituye una dificultad incluso mayor que el de las presiones internacionales: ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestras costumbres? ¿Estamos dispuestos a usar parte de nuestro tiempo en labores para trabajar con nuestro cuerpo? Creo que esta es una necesidad de todo país, y que trae consigo muchos beneficios económicos, sociales y de salud individual, tanto física como psicológica.

Un tercer punto sería entender que las clases sociales son un invento. Históricamente, la conciencia de clase ha sido una herramienta necesaria para luchar contra los grupos abusadores, pero llega un punto en el que nos damos cuenta de que a cualquiera pudo haberle tocado cualquier cuna; mirándonos a los ojos constatamos que las diferencias de clase son mínimas frente a las características individuales. Es la consciencia de libertad individual (que hoy se hiere sistemáticamente mediante el método del endeudamiento).

Los poderes establecidos han fomentado estos enfrentamientos sociales mediante el fortalecimiento de los clasismos, con el fin de reinstalar esa violencia que tan bien le hace a los gobiernos autoritarios y abusivos. Nuestra sociedad se ha comportado como si las clases sociales fuesen algo real y ha determinado su historia con ello; por eso hoy, si queremos cambiar las cosas realmente, debemos asumir que dichas clases son un invento, y que el primer paso para abolir sus efectos nefastos es negarlas conceptualmente. Tanto es el descaro, que desde hace un tiempo han empezado a hablar de la “clase política”, concepto lamentable que sólo intenta hacer creer que el poder político pertenece a ciertos grupos de particulares.

Han sido abiertas las heridas profundas de la violencia perpetrada durante la última dictadura. Se juntan en la mesa generaciones de endeudados y de violentados, y se miran las caras. Se están expresando rabias y miedos contenidos, se están asumiendo culpas y responsabilidades, y se están tomando determinaciones. Pero el sur sigue siendo secado con monocultivos de pinos y eucaliptus, al tiempo que los políticos hablan de “temporadas de incendios” y dejan que organizaciones oscuras asesinen a quienes defienden la vida silvestre y la dignidad humana.

Por eso lo que debe venir son tiempos de reconstrucción, de recuperación no sólo de la autonomía como país, no sólo de los bosques y del agua que los bosques proporcionan, sino también una recuperación a nivel subjetivo y una rearticulación de la vida social en el territorio, tanto en ciudades como en un creciente mundo rural.

Por todo lo anterior, creo que las medidas más urgentes a tomar son: seguir la manifestación multitudinaria y pacífica en las calles; participar este 7 de diciembre en el plebiscito para el cambio de la Constitución organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades; oponernos tajantemente al TPP-11 que se quiere aprobar finalmente en el Senado, y cambiar totalmente el numeral 24 del artículo 19 de la actual Constitución.