Desde que la noche del pasado jueves un sector de la oposición firmara el llamado «Acuerdo Por la Paz y la Nueva Constitución» con el gobierno de Sebastián Piñera, quienes pusieron allí su rúbrica han destacado que la opción de una «Convención Constitucional» por la que podrá votar la población en el plebiscito de abril próximo, tendría la calidad de «ciudadana». Es decir, «sin parlamentarios».
Esto, en contraposición a la otra alternativa, la de una «Convención Mixta Constitucional», que estaría «integrada en partes iguales por miembros electos para el efecto, y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio», como se lee en el documento.
Los medios de comunicación han hecho réplica de la idea de una «Convención Constitucional» sin «políticos», reduciendo esa condición solo a la de los actuales parlamentarios. Por ejemplo, este lunes Radio Bío Bío publicó una nota respecto a una encuesta en donde se destaca que un «63,5% no quiere que políticos redacten texto».
Ahora bien, lo cierto es que dicho porcentaje no corresponde al obtenido como respuesta ante una pregunta que podría haber sido, por ejemplo, la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que políticos redacten la nueva Constitución? Al leer el artículo de Bío Bío, se constata que ese 63,5% son en realidad quienes frente a la mencionada encuesta de Pulso Ciudadano optaron por que la nueva carta magna la escriban «integrantes electos -ciudadanos- íntegramente para este efecto».
¿En qué momento se le dice a los encuestados que esos «ciudadanos» no serán miembros de partidos políticos? En ningún momento. Lo que ocurre es que al parecer se asume que esa calidad -la de «integrantes electos» o «ciudadanos»- excluiría a la de «políticos», lo que simplemente no es efectivo.
En su punto 4, el «Acuerdo Por la Paz y la Nueva Constitución» es claro en señalar que «la elección de los miembros o delegados de ambas instancias (Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional) se realizará (…) bajo sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción correspondiente».
¿Qué se entiende a partir de lo que se señala en ese punto 4? Se entiende que de acuerdo al sistema electoral que rige las elecciones de diputados -es decir, la Ley 18.700- «los partidos políticos o pactos electorales podrán presentar en cada distrito o circunscripción un máximo de candidatos equivalente al número inmediatamente superior al del número de parlamentarios que corresponda elegir en el distrito o circunscripción de que se trate».
¿Y qué ocurre con quienes quisieran postular de manera independiente? La misma Ley 18.700 establece que tienen dos opciones: Una es bajo el patrocinio de un partido político dentro de un pacto electoral nacional, y la otra es bajo el «patrocinio de un número de ciudadanos igual o superior al 0,5 por ciento» de las personas que hayan votado en el distrito en la anterior elección de diputados.
Esto último deja en una objetiva desigualdad de condiciones a quienes quieran formar parte de la «Convención Constitucional» compitiendo solos frente a aquellos que lo hagan bajo el alero de un partido político. Además, la ley no permite que las candidaturas independientes al margen de estas colectividades se agrupen en pactos electorales con otros independientes, lo que hace aún más compleja su elección.
La importancia de que la ciudadanía comprenda ahora que la «Convención Constitucional» no excluye la participación de partidos políticos -como parte de la población cree- radica, por una parte, en que ha sido justamente la clase política la que ha sido identificada en el marco del estallido social como una de las responsables, por acción u omisión, de los abusos y de la desigualdad padecida por al menos 30 años; por otra, se traduce en una urgencia de que la ciudadanía permanezca movilizada y no permita que en la instancia que redactará nuestra nueva carta magna no estén efectivamente representados mayoritariamente todos los distintos y diversos sectores que conforman nuestra sociedad, como ha ocurrido lamentablemente durante las últimas tres décadas.
Por Daniel Labbé Yáñez
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