Como un “acuerdo histórico” ha sido catalogado por el mundo político y la prensa en general el fin de las negociaciones llevadas a cabo entre partidos de oposición y gobierno, destinadas a definir el mecanismo hacia una nueva Constitución y que culminaron pasadas las 3 de la madrugada del viernes 15 de noviembre en el ex Congreso Nacional.
Según lo detallado, el acuerdo determinó que el gobierno convocará en conjunto con el Congreso Nacional a un “plebiscito de entrada” en abril de 2020, en el cual se realizarán dos consultas a la ciudadanía, la primera acerca de si está o no de acuerdo con cambiar la Carta Fundamental vigente, y la segunda respecto del tipo de procedimiento a seguir entre dos alternativas: una Convención Mixta Constituyente, conformada por 50% de parlamentarios en ejercicio y 50% de delegados electos, y una Convención Constituyente integrada en su totalidad por delegados electos para este propósito,
“Este acuerdo se fraguó a puertas cerradas entre sectores políticos que carecen de representatividad social, tal como lo señalan todas las encuestas. La ciudadanía no puede dejarse conducir por representantes políticos que la traicionaron al dejar de representarla y que, por ende, no tienen legitimidad democrática para liderar este proceso, más aún cuando la reunión se realizó sin que ningún sector social haya podido tener acceso a participar”, señala Consuelo Villaseñor, presidenta de CONFEDEPRUS.
“Sectores políticos en cuyas filas militan personas que han incurrido en graves conflictos de intereses por sus vínculos con grupos empresariales al haber participado en el diseño y promulgación de leyes, como la de Pesca, por ejemplo, y que no deberían haber tenido cabida en este proceso por haber estado inhabilitadas éticamente”, agrega la dirigenta de la Salud Pública.
En relación con el polémico punto de requerir de un quorum de 2/3 para aprobar iniciativas, Villaseñor indicó que “dentro de las negociaciones se estableció este requerimiento, el que haría muy difícil cambiar muchos aspectos de la legislación vigente, lo cual para nosotras y nosotros como CONFEDEPRUS es absolutamente inaceptable, porque significa recurrir a un mecanismo que en la práctica no ha permitido hacer las transformaciones estructurales que Chile necesita. Creemos que lo más correcto hubiera sido validar un quorum calificado de 3/5, que es equivalente a un 60% de mayoría, y no a un 66,6 %, casi imposible de lograr con un quorum de 2/3”.
«Nos parece que aplicar ese criterio contraviene el espíritu de cambio constitucional que se supone inspira este acuerdo, el que por la forma en que fue concebido y creado ha empleado los mismos mecanismos de negociación de una institucionalidad que ha sido abiertamente rechazada por la ciudadanía, y que por lo mismo lo invalida y deslegitima. El destrozo que durante años se ha hecho, precisamente, de la institucionalidad democrática, así como de la Salud pública y otros derechos sociales, han sido los mayores actos de vandalismo del que hemos sido testigos y víctimas como país», continúa Villaseñor.
«Por ello, como trabadoras y trabajadores, dirigentes gremiales y ciudadanas y cudadanos que conformamos CONFEDEPRUS, creemos que este acuerdo no logra estar a la altura del nivel de exigencia que la ciudadanía está demandando, sino que se trata de un intento estratégico de salida pactada a una crisis a cambio de seguir perpetuando mecanismos de amarre heredados de la Constitución de la dictadura, que es la que las grandes mayorías de este país quiere cambiar en su totalidad”, finalizó la presidenta de CONFEDEPRUS.