Tras la fuerte represión en contra de una marcha pacífica de cocaleos en Cochabamba, en el centro del país, que dejó el viernes 9 fallecidos y 122 heridos, las manifestaciones se incrementaron este martes en los alrededores de la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, de la ciudad de El Alto.
Los manifestantes denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. “Aquí nos están matando como a perros, como a un animal (…) Lo he visto con mis propios ojos. Nos han disparado”, afirmó Silverio, un residente local, al medio ruso RT, publicó Hispantv.
La Defensoría del Pueblo informó que la agresión dejó al menos 6 muertos y decenas de heridos y enfatizó en la necesidad de una atención médica urgente a los manifestantes, mientras que el ministro de Defensa del Gobierno de facto reclamó que “de las Fuerzas Armadas no salió ni un solo proyectil”.
El operativo policial comenzó para liberar una caravana de camiones cisterna, cargados de gasolina y diésel, donde fueron cercados por grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), hace siete días, y lograron liberar al convoy con destino a La Paz.
Los manifestantes aseguraron que han sacado combustible, a fuerza de bala, gases y con una fuerza increíble contra las marchas, indicando que les han pisoteado su dignidad como indígenas originarios.
El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, a su vez, denunció la represión. “El gobierno de facto al estilo de dictaduras militares nuevamente mata a mis hermanos de El Alto que resisten pacíficamente el golpismo y luchan en defensa de la vida y la democracia”, apuntó en la red social de Twitter.
Morales renunció a su cargo el pasado 10 de noviembre. En seguida, la oposición autoproclamó a Jeanine Áñez como presidenta interina, lo que provocó a los indígenas marchar al principio en respaldo a su ex-presidente y exigiendo la renuncia de Áñez, pero ahora demandan unas elecciones generales y también el restablecimiento del hilo constitucional.
A lo largo de las marchas, las Fuerzas Armadas se enfrentaron contra el pueblo con toda represión, lo que había dejado 24 muertos, 715 personas heridas y 50 detenidas, según la Defensoría del Pueblo.
Además, la presidenta autoproclamada asignó 5 millones de dólares para equipar a los militares para reprimir a los manifestantes y anunció el jueves un decreto que exime de toda “responsabilidad penal” a las FF.AA. por delitos cometidos en operativos militares durante las marchas.
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