La justicia argentina condenó este lunes a los sacerdotes católicos Nicola Corradi y Horacio Corbacho a 42 años y 45 años de prisión respectivamente por abuso sexual cometido entre 2004 y 2016 a estudiantes hipoacúsicos del internado religioso Instituto Antonio Próvolo. También fue condenado a 18 años de cárcel el jardinero Armando Gómez.
Los acusados fueron imputados por 25 hechos relacionados con abusos, y habían sido denunciados por diez personas. En cuanto a los antiguos miembros del clero, muchos de los delitos juzgados fueron agravados por tratarse de «ministros de un culto» y «responsables» del instituto en cuestión, sumado a que las víctimas eran menores de edad.
El Tribunal Penal Colegiado Nº2 de Mendoza (centrooeste) estableció una pena de «45 años» para Corbacho, de «42 años» para Corradi, , según se dio a conocer durante la lectura del juicio.
Corbacho, de 59 años, fue condenado por 16 hechos que incluyen abusos sexuales agravados con acceso carnal y corrupción de menores de edad.
El italiano Corradi, de 83 años, fue sentenciado por cinco hechos que abarcaban abusos sexuales y por promover la corrupción de menores, delitos ultrajantes que también se vieron agravados por ser el encargado de la guarda de los alumnos.
El exempleado administrativo Gómez, de 57 años, fue considerado culpable de cuatro hechos de abuso sexual con acceso carnal contra menores.
La fiscalía había pedido 45 años de prisión para los sacerdotes, y los querellantes habían solicitado la pena máxima de 50 años, frente a la defensoría oficial que pedía la nulidad de las acusaciones o la absolución de sus representados.
El juicio oral, que empezó el 5 de agosto y que se extendió durante 49 días, investigó los abusos que sufrieron entre 2004 y 2016 11 menores sordomudos o hipoacúsicos de entre 4 y 17 años de edad que estaban internados en el Instituto Próvolo, de la localidad mendocina de Luján de Cuyo (oeste), vinculado a la Iglesia católica.
Corbacho y Gómez se encuentran en prisión preventiva, mientras que Corradi goza del beneficio de prisión domiciliaria.
Éste es el primer juicio dentro del Caso Próvolo, que surgió en Italia a raíz de las denuncias por abuso que involucraron en la ciudad de Verona a Nicola Corradi desde la década de 1960, lo que motivó su traslado a Argentina en enero de 1970.
La justicia de este país sudamericano también investiga otros casos de pedofilia similares que se perpetraron supuestamente en otra sede del Instituto Próvolo en Argentina, situada en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires (este) y que Corradi dirigió entre 1970 y 1997.
Por otro lado, el exmonaguillo Jorge Bordón ya había reconocido su culpabilidad y en 2018 fue condenado a diez años de cárcel por haber abusado de cinco menores.
- Indicaciones al Estado para reparar a las víctimas
Además de las reclusiones, el Tribunal instó al Ejecutivo provincial a brindar asistencia a las víctimas, muchas de ellas violentadas con acceso carnal. En concreto, pidió al Ministerio de Salud que garantizara tratamientos psicológicos y psiquiátricos gratuitos, con intérpretes de lenguaje de señas, para poder superar los traumas de los abusos.
En esa línea, le solicitó al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia que se encargue de aplicar subsidios, capacitaciones y pasantías laborales para que logren reinsertarse en la sociedad.
Un hecho que sacudió a Mendoza
Desde que se dio a conocer la primera denuncia, hace tres años, el caso Próvolo conmocionó a toda la provincia. De hecho, se trató de la investigación más importante contra una dependencia de la Iglesia en ese territorio argentino. Así, el instituto fue clausurado en marzo del 2017, mientras algunas víctimas se animaban a relatar los delitos.
Por su parte, el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo Mendoza aguardó el fallo en las puertas de los Tribunales Provinciales, pidiendo «condena efectiva y ejemplar a los curas abusadores y torturadores». Asimismo, más de 10.000 personas siguieron la transmisión del fallo en vivo desde el Servicio de Información Judicial Mendoza TV.
Iniciativas de la Iglesia Católica en el caso
Tras hacerse público el escándalo del Próvolo, el Vaticano —bajo la dirección del papa Francisco— envió a dos curas para investigar los casos por su cuenta, de forma paralela a la Justicia argentina, una práctica habitual en la Iglesia ante esta clase de situaciones.
No obstante, aquellos representantes de la Santa Sede, Dante Simón y Juan Martínez, fueron denunciados por abogados querellantes y otras agrupaciones dedicadas a casos de abusos al considerar que ocultaron datos sensibles sobre los delitos, o que no aportaron información a las autoridades sudamericanas. Los fiscales, sin embargo, no dieron lugar a las denuncias contra los enviados del papa.
Por su parte, Simón y Martínez explicaron en entrevistas que ellos estaban disponibles si las autoridades judiciales requerían sus aportes. A su vez, aclararon que así como existe el secreto de sumario en la Justicia tradicional, la Iglesia tiene su secreto canónico, a menos que los jueces soliciten información.
Con información de RT y Sputnik
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