Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, estudiantes y gremios laborales se movilizaron este miércoles en Colombia en una nueva jornada de protesta del paro nacional, iniciado el pasado 21 de noviembre, contra las políticas del Gobierno de Iván Duque.
Entre las demandas sociales al mandatario colombiano, está el cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana que llevaron al fin del conflicto entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) hoy convertido en partido político.
Quienes se han manifestado en defensa de lo pactado en La Habana en 2016 aseguran que sus reclamos han quedado excluidos del diálogo propuesto por el Gobierno, porque expresa una visión de paz distinta a la estipulada en el Acuerdo.
“El presidente habló de su política de paz con legalidad, que es una política en la que no se menciona claramente el Acuerdo de Paz, como si el Acuerdo no estuviera en el orden constitucional”. Además, según el senador Iván Cepeda, integrante del movimiento Defendamos la Paz, el Gobierno ha sido claro en decir que la paz no es una política de Estado sino de cada Gobierno, a la cual cada administración le da la forma que a bien considere.
La declaración del mandatario es contraria a uno de los principales espíritus del acuerdo de paz, el cual reza que el Acuerdo debe ser respetado por las distintas administraciones para garantizar la no repetición del conflicto.
Para Cepeda la paz con legalidad “responde a una idea absolutamente reductiva de la implementación del Acuerdo, en la que simplemente el Gobierno estaría obligado a responder con la reincorporación de los excombatientes y a impulsar los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET), para que con eso el Gobierno dé por concluida su responsabilidad en la implementación”, enfatizó el senador colombiano.
Garantía a lideres indígenas y sociales
Según Franklin Castañeda, director del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que es otra de las organizaciones que ha participado de la convocatoria del paro. La política de Gobierno “desconoce buena parte de lo pactado en La Habana”.
En ese sentido, Castañeda considera que está ausente de la conversación uno de los puntos del Acuerdo por el que los movimientos de derechos humanos están apoyando el paro: justamente, las garantías a líderes y defensores de derechos humanos.
Castañeda, asegura que uno de los pilares en las garantías a los derechos humanos es el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Según él, ese es un punto que ni siquiera se ha discutido con el Gobierno.
Asimismo ha quedado por fuera de la discusión la política de seguridad, a la que también se han opuesto desde las organizaciones sociales.
Desmilitarización
Para Clemencia Carabalí, lideresa de las mujeres negras del norte del Cauca, el Acuerdo parte del criterio de construir una política de seguridad humana, en la que el Estado se organiza para garantizar derechos.
Sin embargo la política de seguridad de este Gobierno parte del control territorial a través de militarización, denunció Carabali.
Iván Duque anunció el despliegue de 2.500 militares en la región, medida cuestionada por algunos líderes indígenas que creen que la militarización no soluciona el problema.
La líder social sostiene que en su región se debe avanzar “en la sustitución de cultivos, toda vez que en la zona es el combustible para seguir alimentando las amenazas a líderes sociales y a las comunidades, en temas de desplazamiento y asesinatos”.
De acuerdo con recuentos de organizaciones sociales, en Colombia ocurrieron más de 400 asesinatos, líderes sociales, defensores de medio ambiente, activistas y también exguerrilleros de las FARC en los últimos cuatro años.
Con información de Telesur
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