Chihuahua es el mayor estado en extensión territorial de México y también fue el que granjeó al país una condena internacional por su falta de diligencia en la investigación de delitos graves cometidos contra mujeres. Ahora se construye allí el primer tribunal mexicano especializado en violencia de género.
En medio de una crisis que comienza a tener visibilidad mundial, el proceso que llevará a fundar el primer tribunal local especializado en violencia de género viene tejiéndose desde hace aproximadamente una década.
«Ya hicimos simulacros de cómo va a operar el tribunal y hoy en día estamos trabajando en su diseño», explicó Imelda Marrufo Nava, coordinadora general de la organización civil chihuahuense Red mesa de mujeres de ciudad Juárez, la principal ciudad fronteriza con EEUU de ese estado. Esta red trabaja en el litigio de casos de feminicidio, trata de personas y desaparición de mujeres.
«Este trabajo deriva del esfuerzo que hicimos las defensoras de las mujeres del estado con la coordinación jurídica de operadores judiciales sensibles de Juárez y Chihuahua», explicó la abogada.
Es unánime en la explicación que tiene de la crisis de violencia contra las mujeres que se vive en México, que a pesar de ser un país con leyes de avanzada (como la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia) tiene graves problemas en las investigaciones de los crímenes y en la adopción de la perspectiva de género de los funcionarios en la aplicación de justicia. Sin embargo, como señaló Marrufo en esa masa también hay excepciones.
«Quienes hacemos litigio y acompañamiento psicosocial de las familias de las víctimas tenemos que estar ahí con las autoridades. Varios de los pasos que hemos podido dar han sido porque hemos encontrado personas con sensibilidad y conocimiento de la lógica institucional, pero con entendimiento de sus obligaciones como servidoras públicas», explicó.
«Por eso hemos aprendido a exigir y cuestionar, pero también a reconocer cuando hay personas en las instituciones que han sabido entender. Al menos una parte del poder judicial no nos ve como amenaza», agregó.
Marrufo describió algunos casos en los que la justicia local estuvo a la altura de las exigencias de las familias y las organizaciones defensoras, logrando fallos clave gracias a investigaciones con perspectiva de género, como mandato el mencionado fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009, debido al caso conocido como Campo Algodonero, que condenó el feminicidio de mujeres en las afueras de Ciudad Juárez.
El caso del arroyo del Navajo
Entre 2012 y 2013, fueron localizados restos de 26 cuerpos de mujeres y niñas esparcidos en el arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez a 80 kilómetros de Ciudad Juárez. Este caso, que fue numéricamente mayor al que llegó a la Corte Interamericana, se convirtió también en un caso paradigmático a nivel local.
La autoridad local identificó los restos hallados como pertenecientes a jóvenes desaparecidas en Juárez, muchas de las cuales eran acompañadas por la Red mesa de mujeres.
«Había carpetas de investigación por las desapariciones de estas niñas y mujeres, pero en varios no se había activado el protocolo de búsqueda de manera inmediata, es decir, hubo un incumplimiento por parte de la autoridad que no las buscó de manera rápida», explicó Marrufo.
Dos años más tarde, en 2015, gracias a información aportada por las propias madres de las víctimas, fueron apresados e imputados seis hombres que formaban parte de una célula del crimen organizado en Ciudad Juárez, vinculados a un grupo conocido como los Aztecas.
«En ese proceso nos constituimos como representantes para llevar adelante los intereses de varias mamás, que estuvieron ahí, día a día, acompañando el proceso. Se presentaron más de 200 pruebas durante tres o cuatro meses de manera intensa todos los días, con presentación de testigos», explicó Marrufo.
Además de la condena por más de 600 años de prisión por el asesinato de al menos 11 de las 26 mujeres halladas muertas en el arroyo del Navajo, se comprobó el vínculo de los imputados con agentes de la Policía municipal de Juárez; la complicidad de la Policía Federal que extorsionaba y renteaba (cobraba por permitir un delito) a estos hombres que administraban un local conocido como Hotel Verde, donde las víctimas eran mantenidas contra su voluntad y explotadas sexualmente; así como que «había integrantes militares que iban a ciertos lugares al consumo de trata de estas mujeres», señaló la abogada.
Se comprobó en ese juicio que las víctimas eran ingresadas a los penales federal y local para ser prostituidas con personas vinculadas a la organización criminal que estaban allí presas.
«Podemos saber qué integrantes de diversos aparatos vinculados a la seguridad de las personas tenían conocimiento de estos hechos, sin embargo, no hay ningún funcionario condenado aún», explicó Marrufo.
La red mesa de mujeres presentó pruebas y argumentó que debía retomarse localmente la sentencia internacional del caso del Campo Algodonero, que establece que debe revisarse el contexto de violencia en que se dan los actos de criminalidad contra las mujeres.
Los juicios por estos hallazgos de restos humanos en el arroyo del Navajo continúan abiertos y, a instancias de las organizaciones defensoras, se creó un grupo investigador específico para el caso, «que ha trabajado con muchas carencias y en la precariedad total».
«Estas experiencias locales son importantes por la posibilidad que les dio a las madres de ser oídas frente al Tribunal. Es una manera de reparación clave y su importancia radica en que no todas las familias tienen posibilidad de llegar a instancias internacionales. Por eso es importante dejar precedentes locales en las instituciones de impartición de justicia», concluyó.
Cortesía de Sputnik
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