La dirigente peruana del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, salió este viernes de prisión luego de una controversial sentencia emitida por del Tribunal Constitucional de Perú para beneficiarla y que anula la prisión preventiva que había ordenado la justicia en octubre del año pasado para evitar que obstruyera la investigación por lavado de dinero por parte del Ministerio Público.
De acuerdo con las pesquisas, la constructora brasileña Odebrecht entregó 1,2 millones de dólares para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
La a presidenta del partido Fuerza Popular permaneció trece meses en prisión y fue excarcelada con una sentencia de cuatro votos contra tres, que dio la razón al habeas corpus presentado por la hermana de Fujimori ante el Constitucional bajo el argumento de que fue vulnerado «el derecho a la libertad personal”.
La resolución del Tribunal Constitucional que ordenó la excarcelación, emitida el pasado jueves, estuvo marcada por la polémica: de los siete magistrados de la corte, tres -incluido el presidente Ernesto Blume- califican de “meras presunciones” las sospechas graves que vieron los jueces sobre el delito de lavado de activos que el Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía imputa a Fujimori.
El cuarto con el que hicieron mayoría es el voto singular del magistrado Carlos Ramos, quien no coincide con dicha argumentación, sino que estima que al haberse disuelto el Congreso -de mayoría fujimorista-, ya no hay peligro de obstrucción a la justicia.
La controversia en Perú también surgió porque Blume sostuvo que al elaborar la sentencia no incorporarían hechos posteriores a la presentación del habeas corpus, es decir, julio de este año, pero Ramos sustenta su voto en la disolución del Parlamento, que ocurrió el pasado 30 de septiembre.
El presidente peruano Martín Vizcarra justificó dicha disolución alegando ataques y obstrucción de la mayoría parlamentaria fujimorista y sus aliados de varias bancadas conservadoras.
Asimismo, al redactar la argumentación a favor del habeas corpus para Fujimori, Blume descartó elementos que corroboran la hipótesis de la Fiscalía sobre el delito de lavado: las declaraciones de un colaborador eficaz de que Fujimori pidió a su jefe de campaña ocultar el dinero recibido de Odebrecht -usando prestanombres para hacer depósitos bancarios-, y los testimonios a la Fiscalía de poderosos empresarios acerca de los más de cuatro millones de dólares que entregaron a la campaña fujimorista de 2011 en dinero negro, reseñó el diario El País.
Ante este panorama, el fiscal que lidera el equipo de investigación del caso Lava Jato en Perú, José Domingo Pérez, informó que había solicitado al procurador del Ministerio de Justicia plantear la nulidad del dictamen emitido por el Tribunal Constitucional.
Al salir de la cárcel, la dirigente peruana afirmó que el ente judicial había «corregido» un gran daño en el proceso, y señaló que «me corresponde seguir enfrentando la investigación y seguir colaborando con la justicia».
«Me voy a tomar un tiempo, después decidiré la segunda etapa de mi vida», dijo al salir del penal, aunque añadió que se comprometerá a «ayudar a miles de hombres y mujeres que están sufriendo en las cárceles sin sentencia»
En las afueras del recinto la esperaba su esposo Mark Vito, quien también ha sido vinculado a los presuntos aportes irregulares recibidos por la agrupación política Fuerza Popular.
Al conocerse la noticia de su liberación, sectores de la población acudieron a las calles para expresar su rechazo a la decisión y otros para respaldarla.
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