Derechos Humanos y participación de organizaciones sociales son los asuntos que han sido invisibilizados por ésta consulta que se realizará en municipios a lo largo de todo Chile. En palabras de Alejandro Navarro, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, “Piñera está dando una respuesta militar a un problema que es social y político”
La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), luego de una semana de incertidumbre, finalmente se ha alineado al Gobierno para la aplicación de una consulta municipal ciudadana que se realizará en una parte importante de las comunas del país. Si bien existe una consulta municipal paralela que promociona el Alcalde Daniel Jadue de Recoleta, Sharp en Valparaíso y Millabur en Tirúa, entre otros, la consulta de la AChM pareciera tener más camino avanzado y ya ha definido las preguntas de su papeleta.
Es importante recalcar que la AChM y el Gobierno se han coordinado en el despliegue en esta iniciativa, lo que ha derivado en el diseño de una lista de preguntas que desplaza los temas más polémicos de las demandas sociales y de la criticada gestión que ha hecho el gobierno de la crisis. En particular, no se tocan asuntos como las violaciones de los Derechos Humanos, ni el modelo de participación en el Proceso Constituyente, que hasta ahora excluye a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y, además, facilita el monopolio del régimen parlamentario en su desarrollo e implementación.
En un principio, el objetivo de la consulta fue recoger la opinión de la ciudadanía respecto de las demandas sociales expresadas durante las movilizaciones, gestión de la crisis por parte del gobierno y la polémica que levantó el llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Sin embargo, con el pasar de los días el gobierno tomó el control de la AChM y por lo tanto de la consulta, neutralizando cualquier posibilidad crítica que pudo tener la iniciativa en sus comienzos.
De todos los temas que no se tocarán en la consulta ciudadana del 15 de diciembre, destacamos dos, que por su peso en la agenda pública, seguirán causando polémica por la negligencia de parte del ejecutivo y los alcaldes para instalarlos sobre la mesa de discusión con la ciudadanía. Primer tema desplazado: las graves violaciones cometidas contra los Derechos Humanos por parte de Carabineros y las FF.AA. que han reiterado en distintas ocasiones el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El segundo tema desplazado de la consulta ciudadana es el bloqueo a la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en el Proceso Constituyente, resultado del acuerdo entre parlamentarios y el Gobierno para diseñar un sistema que mantenga en las manos de la élite política y empresarial el Proceso Constituyente.
Violaciones a los Derechos Humanos por parte de Carabineros y militares
La extrema violencia con la que han actuado Carabineros y Fuerzas Armadas ha generado una herida profunda en la ciudadanía que ha marcado con fuerza las matrices informativas por las que ha discurrido la opinión pública. Las responsabilidades políticas apuntan al Presidente Piñera y al ex Ministro del Interior, su primo, Andrés Chadwick.
A estas alturas, el acopio de carpetas con informes de organizaciones nacionales e internacionales sobre las violaciones a los Derechos Humanos es enorme. Sin embargo, el Gobierno persiste en no reconocer la gravedad de los mismos.
Solo por constatar algunos de ellos; el 21 de noviembre, Amnistía Internacional observó en su documento, luego de su visita a Chile, que “las fuerzas de seguridad bajo el mando del Presidente, especialmente el Ejército y Carabineros, están cometiendo ataques generalizados usando la fuerza de forma innecesaria con intención de dañar y castigar a manifestantes”. Y complementa, diciendo que “el grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión”.
Judith Schönstainer, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, reconocida internacionalmente por su labor académica en estos temas, se refirió a los casos de disparos realizados por parte de uniformados contra manifestantes: “parecen responder a un patrón, a nivel cabeza no se explica fácilmente”.
El INDH, por su parte, ha entregado cifras duras: hasta la semana pasada había 478 acciones judiciales contra carabineros, de las cuales 369 son por torturas y tratos crueles, 79 por violencia sexual, 6 por asesinato y 7 por homicidio frustrado.
Mientras, la actitud de Piñera es por completo indolente frente a las tragedias personales y familiares que han marcado las últimas 6 semanas y sobre las cuales, el presidente tiene aún que responder por su eventual responsabilidad política. De hecho, si analizamos su última aparición pública, en la que anunció la presentación del proyecto de ley que pretendía extender las facultades de los militares, eximiéndoles de responsabilidad ante posibles abusos contra manifestantes, el recuento de palabras utilizadas en su discurso dice: violencia, 35 repeticiones; carabineros, 23; orden, 15; delincuentes, 13; Derechos Humanos, 0; AFP, 0; educación, 0; Isapres, 0.
En este sentido, las críticas a Piñera apuntan a que ha sido insensible ante el dolor de las víctimas y evita reconocer la responsabilidad que le corresponde. Además desconoce las demandas sociales por completo, deslegitimidando las protestas. Como si fuera poco, sigue priorizando su agenda de seguridad y represión, intentando pasar una ley que permite liberar de responsabilidad a las Fuerzas Armadas ante violaciones a los Derechos Humanos. En palabras de Presidente de la Comisión del Senado de Derechos Humanos, Alejandro Navarro, “Piñera está dando una respuesta militar a un problema que es militar y político”. Añade que, “cuando había 45 jóvenes con su globo ocular estallado, el Colegio Médico señaló que era una epidemia y el general Rozas se negó a tomar medidas. Cuando iban 100 jóvenes con pérdidas de su vista, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel se negó a tomar medidas”.
Participación efectiva de las organizaciones sociales y la ciudadanía en el proceso constituyente
Con la actual forma de organizar la selección de los Delegados encargados de redactar la Nueva Constitución, que es idéntica a la forma de elegir parlamentarios y alcaldes, se corre el riesgo de que la estructura de participación de la “Convención Constituyente” sea un reflejo de las fuerzas políticas tradicionales y excluya de entrada a los representantes de las organizaciones y fuerzas sociales de base que son, finalmente, quienes permitieron que el Proceso Constituyente se desplegara.
Esta fórmula para la elección de Delegados determina que, al no contar con el respaldo de un partido político, la desventaja de partida para competir con otros que sí lo tienen compromete la inclusión de independientes, representantes de la ciudadanía y las organizaciones base.
Es muy importante, además, considerar que la estructura propuesta para elegir delegados no contempla cuotas de participación para los grupos excluidos históricamente de las decisiones políticas. Debería por lo menos incluir a pueblos originarios y tener un diseño paritario de género. Aquí, probablemente, los grandes excluidos son los estudiantes secundarios, cuyo rol en el movimiento social es clave. Recordemos que la discusión sobre la rebaja de edad de sufragio ha avanzado favorablemente en Chile el último año y es más que posible materializarla en esta instancia.
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