A 45 meses del asesinato de Berta Cáceres, activista hondureña que luchaba en defensa del medio ambiente en el país centroamericano, el tribunal de sentencia dictó condenas de entre 30 y 50 años de prisión para los siete acusados de ser los autores materiales del crimen, informó este lunes el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Entre los condenados están los tres sicarios que efectuaron los disparos, dos exmilitares y dos trabajadores vinculados a la presa hidroeléctrica a la que la ecologista se oponía.
La activista fue asesinada el 2 de marzo de 2016, luego de recibir amenazas de la Empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
A través de Twitter, la Misión de Observación Calificada por la Causa Berta Cáceres dio a conocer los nombres y sentencias de los imputados:
- Sergio Ramón Rodríguez Orellana (empleado de DESA): 30 años 6 meses.
- Douglas Geovanny Bustillo (sargento retirado y exempleado de DESA): 30 años 6 meses.
- Mariano Díaz Chavéz (mayor activo de las fuerzas armadas): 30 años.
- Henry Hernández (militar retirado): 50 años.
- Edilson Atilio Duarte Meza (sicario): 50 años 4 meses.
- Elvin Eriberto Rápalo Orellana (sicario): 50 años 4 meses.
- Óscar Aroldo Torres Velásquez (sicario): 30 años 4 meses.
En enero de este año, la familia y los abogados de la líder social asesinada presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras contra la construcción de la hidroeléctrica, a fin de que el Gobierno cancelara el permiso de operación a DESA.
Una vez que este lunes se conoció la sentencia, los hijos de Cáceres, junto al Copinh, consideraron que «la impunidad no termina con la sentencia a los autores materiales», pues afirman que «existen pruebas suficientes para procesar y sancionar a integrantes de la familia Atala y otros» por el asesinato de la activista.
Integrantes de la familia Atala Zablah, una de las más influyentes en Honduras, son señalados en su condición de directivos de la empresa DESA de tener conocimiento de las acciones que lideraba Cáceres en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que derivaron en su asesinato.
La dirigente fue asesinada de tres balazos, mientras dormía en el interior de su casa de habitación en Residencial El Líbano, ubicada en la localidad occidental de La Esperanza, Honduras.
Cáceres era coordinadora del Copinh, cargo con el que ganó visibilidad por su activismo contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA en territorio de la comunidad aborigen lenca, y debido a su militancia había recibido al menos 33 amenazas de muerte, de acuerdo a su familia.
La activista de 45 años había sido reconocida con el Premio Goldman de 2015 por movilizar a los indígenas lencas contra la construcción de la represa Agua Zarca, en la región oeste de Honduras, por considerar que amenazaba el medio ambiente y a los territorios de las comunidades originarias.
Cortesía de RT y Sputnik
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