Voto de Insulza a favor abre posibilidad de que Acusación Constitucional contra Chadwick sea aprobada

Este miércoles se definirá finalmente en el Senado la Acusación Constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, la que de aprobarse significará que el otrora secretario de Estado quedará inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

Al primo del Presidente Sebastián Piñera se le acusa de ser el responsable político de las violaciones a los Derechos Humanos que se produjeron en Chile luego de que la noche del 18 de octubre pasado, cuando se inició el llamado estallido social que vive hasta hoy nuestro país, se decretara por primera vez tras la dictadura el estado de excepción en el territorio.

Para que la acusación sea aprobada se necesitan 22 votos a favor en cualquiera de los dos capítulos del libelo en contra de Chadwick. En este contexto, uno de los votos que generaba incertidumbre era el del senador socialista José Miguel Insulza, esto debido a que había reconocido encontrarse en una situación compleja por la amistad que lo une con el ex ministro del Interior.

Sin embargo, durante su intervención en la Cámara Alta de esta jornada, Insulza confirmó su voto a favor de la Acusación Constitucional, lo que podría inclinar la balanza hacia una aprobación.

Entre sus argumentos, el parlamentario señaló que las jornadas de estado de excepción en Chile «no fueron 10 días cualesquiera y en ellos se incurrió en graves violaciones a los Derechos Humanos».

El ex ministro de Ricardo Lagos añadió que «por más que las instituciones han funcionado para procesar denuncias, y que muchas actuaciones policiales han sido denunciadas por el propio Gobierno, el que el Estado democrático de Chile sea sentado en el banquillo de los acusados y criticado por todas las organizaciones competentes por el uso desmedido de la fuerza y el daño causado a los manifestantes pacíficos, es un baldón que lamentaremos por mucho tiempo».

Respecto a la responsabilidad de Chadwick, enfatizó que «este juicio no es penal, es político; no hay evidencias que vinculen al ex ministro del Interior con la comisión directa de delitos, ni siquiera con el conocimiento de que se estaban cometiendo en el momento en que ello ocurría (…), pero existe evidencia más que suficiente de un gobierno que perdió por completo el control de la situación del orden público del país, que bajo su vigilancia se cometieron graves violaciones de Derechos Humanos».

En esa misma línea, añadió que «lo que se está haciendo efectiva es la responsabilidad política de un gobierno y sus principales autoridades, que perdieron de vista lo que estaba ocurriendo en las calles de su país y equivocaron plenamente las respuestas a esos hechos. (…) Cuando un ministro comete graves errores en la conducción de su ministerio, se le pide la renuncia o se le destituye».