Chile está en venta

Ventisqueros, glaciares, terrenos colindantes a playas del norte e islas del extremo sur están en proceso de remate por el Ministerio de Bienes Nacionales. En total son 398 inmuebles que pertenecen hoy a todos los chilenos y que suman 48.864 hectáreas, las que están siendo ofrecidas ya sea por venta directa o licitación. El gobierno de Piñera terminó transformando el ministerio a cargo de cuidar los bienes fiscales en una inmobiliaria.

“Todos somos dueños de la playas de Chile” es la campaña del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) que inundó los medios este verano. Apoyándose en el derecho a acceder a todas las playas de nuestro país, el ministro del ramo, Rodrigo Pérez, advierte que “el acceso a una playa no puede ser comercial, por lo que nadie puede utilizarlas como si se tratase de propiedad privada”. A la par, la misma repartición pública está en el proceso más grande de despojo de territorio nacional de la historia a través de licitaciones y ventas directas.

Un total de 398 inmuebles que cubren más de 48.864 hectáreas pretenden ser enajenadas. Fajas de borde costero en Arica y Antofagasta, casas en todas las ciudades, islas y ventisqueros del extremo sur, lagos cordilleranos y hasta la cueva del Milodón están en venta (96%) o concesión (4%) de hasta 50 años para los que hagan la mejor oferta económica, sean chilenos o extranjeros.

Conscientes de no poder ganar las próximas elecciones, la coalición de derecha se apresura en privatizar lo máximo posible del país. Con el remate esperan recaudar unos 398 millones de dólares. Si bien algunos terrenos están orientados para el impulso de energías renovables no convencionales (ERNC), esta proporción alcanza apenas el 14% de los terrenos a licitar, cifra que engloba a los destinados para uso industrial. Otro 21% está destinado para conservación y turismo y un 65% para destino inmobiliario y de equipamiento.

Para lanzar el proceso, en noviembre del año pasado, el ministro Pérez invitó a 189 personas a un encuentro en el Hotel Sheraton de Santiago, a quienes se les entregó “un catálogo con la oferta más atractiva, y a la vez se les dio la opción de inscribirse para recibir alertas cuando las licitaciones que le interesen sean publicadas”- según dice un comunicado del MBN. Los invitados claramente no fueron ciudadanos de a pie: “Hemos presentado nuestra principal oferta ante potenciales interesados: empresarios, fondos de inversión, inmobiliarias, constructoras, banca, operadores turísticos” – destacaron.

Patricio Herman, de la agrupación Defendamos la Ciudad, comenta que “a mí no me invitaron al lanzamiento de la licitación, al igual que la gran mayoría de los chilenos. Creo que al final los compradores serán los mismos de siempre. Creo que la mayor parte de los postulantes serán los que viven en la llamada cota mil de la Región Metropolitana”.

“UN PAÍS DE PROPIETARIOS”

Si el énfasis del MBN en las administraciones concertacionistas fue la regularización de títulos de dominio, la tarea encomendada por Piñera a Catalina Parot al hacerse cargo del ministerio fue hacer de Chile “un país de propietarios”.

La gestión de Parot estuvo enfocada en catastrar las propiedades y la “puesta en valor” del patrimonio fiscal. Para eso un ingeniero comercial y tres abogados rastrearon por cielo, mar y tierra las acciones e inmuebles del Fisco para hacer un estudio estimativo del territorio en manos del Estado. Se escaneó el país de punta a cabo buscando todo lo que se pudiera vender.

El estudio concluyó que más del 51% del territorio, unas 38,6 millones de has., está en manos del Fisco. Un 26,8% de éste está disponible para la gestión del MBN. El subsecretario, Juan Carlos Bulnes, sostuvo que “el Fisco tiene casi el monopolio del suelo. Si uno se queda de brazos cruzados y no hace nada con ese territorio, lo que estamos haciendo es obstaculizar el crecimiento”.

Ya en el Balance de Gestión del MBN de 2011, la ministra Parot optaba por privilegiar “la licitación como herramienta de gestión”. Así, un 77% de las enajenaciones se realizó por esta vía. Durante ese año el MNB vendió 132 propiedades fiscales.

Eso era sólo el comienzo. Si la gestión de Parot estuvo orientada a hacer el catastro de bienes fiscales, la del ministro Pérez Mackenna está claramente orientada a transformar el MBN en una inmobiliaria.

CON LOS DIENTES AFILADOS

La meta propuesta por el Ejecutivo es triplicar los ingresos por enajenaciones. Si durante el gobierno de Bachelet los ingresos por dicho ítem fueron de $ 30 mil millones, entre 2010 y 2013 se pretende alcanzar la cifra de $ 89 mil millones.

Ya en 2011 la Corporación Nacional Forestal (Conaf), intentó licitar 30 parques nacionales, generando incluso una pugna entre dicha institución y los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. En marzo de 2012, la subsecretaría de Turismo del Ministerio de Economía vuelve de nuevo con la intentona, pero a falta de un reglamento de la ley, se establece crear un comité que integraría a todas dichas reparticiones públicas, y el reglamento que finalmente es aprobado establece un proceso largo para la enajenación.

La licitación del MBN es la tercera intentona del Gobierno para transferir a privados bienes de uso públicos. Flavia Liberona, de Fundación Terram, advierte que “la licitación y venta directa de bienes fiscales empezó con el gobierno de Bachelet. Hoy la está aplicando Piñera masivamente. Es una política de gobierno”.

A fines de 2011, ya se habían hecho 76 procesos de venta y concesiones de largo plazo, los que sumaban 5.578 has.; entre los destinatarios figuraban contribuyentes como Cencosud Shopping Centers y Gasco.

Otro objetivo del MBN es deshacerse de las acciones que por herencia vacante, o sea, sin herederos, están en manos del Fisco. Avaluadas en 778 millones de pesos en una licitación cerrada sólo un día después de haber sido publicada la primera semana de enero, fue ganda por Santander S.A. Corredores de Bolsa.

La ex ministra Parot había dicho antes que “aún falta por descubrir dónde están otros casi tres mil millones”, y que el monto de las acciones en manos del Estado podría llegar a cuatro mil millones de pesos.

No en vano en el lanzamiento del proceso el ministro Pérez y el subsecretario Bulnes se hicieron acompañar por corredores de bolsa de empresas como AntarChile, Copec, Gasco, CCU y Chilectra, entre otras compañías.

BIENES COMUNES ¿POR QUÉ NO?

El argumento del Gobierno para enajenar estos terrenos se encierra en la lógica de que si no se hace nada con ellos se pierden oportunidades de crecimiento. Se oblitera así la discusión sobre el destino de bienes comunes, los que se entienden como los elementos naturales o socialmente construidos que tienen la característica de ser colectivos y transgeneracionales. Así lo son la biodiversidad, el agua, los bosques, la energía, el conocimiento y las ideas.

Liberona cree que “los terrenos que tienen valor para conservación de la biodiversidad, Chile debiera optar por conservarlos, ya sea a través de la administración directa del Estado u otras figuras como desarrollo turístico o áreas indígenas. Si se entregan a privados, debiera ser a organizaciones sin fines de lucro que apuesten por conservar, no que quieran instalar un resort. No se puede entregar al que tiene más plata”.

“Que sean bienes comunes no significa llegar y llevar, sino que hay un ente que es el Estado que tienen que asumir un rol para mantenerlo en forma optima y que asegure el acceso. Si hay que pagar algo por su acceso que sea razonable y puedan disfrutar de estos espacios todas las personas, no sólo por empresas con fines de lucro” – agrega Liberona.

Herman llama a hacer frente a este proceso y exige que haya “mucha participación ciudadana, información y cuestionamientos a la autoridad pública. El Ministerio Público ya debiera estar indagando sobre este proceso; debiera estar entrevistando a los funcionarios públicos, al subsecretario, recogiendo y cruzando información”.

Liberona agrega que “ya vimos lo del litio; los ministros viajaron para ofrecer el litio por el planeta y al final se lo adjudicó un personaje que todos conocemos y todo el proceso fue mal hecho para dárselo a él. No es que no queramos que los privados no hagan cosas, pero no se puede privatizar el territorio nacional así por así”.

Por Mauricio Becerra Rebolledo

El Ciudadano Nº139, enero-febrero 2013