El flamante ministro de Salud de Argentina, Ginés González García, presentó este jueves el nuevo protocolo para la práctica del aborto no punible, una medida que había tomado un funcionario de la misma cartera durante la gestión anterior, y que fue revocada por el presidente saliente, Mauricio Macri.
En una rueda de prensa ofrecida en horas de la tarde, el funcionario explicó los alcances de su primera decisión al frente del ministerio: «Iniciamos un camino, que es el de la aplicación de la ley, y creemos que va a haber algunas organizaciones antiderechos que van a cuestionar», adelantó.
No obstante, argumentó: «nosotros estamos dando un instrumento sanitario para que se cumpla la ley y los derechos de la persona que lamentablemente está en situación de interrupción voluntaria del embarazo».
La nueva norma apunta a ajustar los alcances del protocolo ya existente desde 2015 sobre Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En un país donde el aborto voluntario aún es penalizado, esta disposición otorga un marco legal para la práctica médica en casos en que la salud de la mujer estuviera en riesgo, o en que el embarazo hubiera sido producto de una violación.
Sin embargo, solo 11 de las 24 provincias en que se divide Argentina lo aplican, dado que cada distrito tiene su legislación, y muchos gobiernos locales no avalan el aborto, ni siquiera ante situaciones como las mencionadas.
De acuerdo a lo que describió el ministro durante la presentación del protocolo, la disposición añade derechos establecidos en el Código Civil y Comercial de 2015, aunque no dio mayores detalles sobre la composición del texto.
Según adelantó, el nuevo protocolo actualiza «cuestiones científicas«, como «la medicación que se utiliza», siguiendo «cánones internacionales».
La medida busca evitar que profesionales de la salud puedan poner reparos para no cumplimentar el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), como la objeción de conciencia (negativa del profesional por motivos personales o religiosos).
Sobre este punto, González García precisó: «Somos respetuosos, pero no puede ser una coartada para que no se cumpla la ley. La ley respeta la objeción, pero no puede quedarse sin respuesta institucional. Sabemos que hay instituciones que colectivamente han intentado hacer esto y obviamente lo que se plantea es lo que dice la ley».
En la semana previa a asumir su función, en un cargo que ya ocupó durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), el ministro había adelantado que restablecería el protocolo que intentó aplicar en noviembre Adolfo Rubinstein, el secretario de Salud de la administración de Macri, quien revocó la resolución a través de un decreto al considerar que se trató de una decisión «inconsulta» con el presidente.
Luego de ello, Rubinstein presentó la renuncia «indeclinable».
Cortesía de RT
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