Piñera anunció adelantar el reajuste del salario mínimo. Eso habría sido una medida apropiada si significaba corregir las carencias, incluso reconocidas por Renovación Nacional, del monto fijado en 2012, cuando el Ejecutivo se cerró a no llevarlo, a lo menos, a $200.000. Sin embargo, el proyecto de ley enviado al Congreso no tuvo ese carácter sino que determina su nivel hasta mediados de 2014, es decir pretendiendo que no se produzca ningún otro incremento durante la actual administración. Lo hace cuando los salarios en general están aumentando en doce meses un 6%, porcentaje muy similar al propuesto para el ingreso mínimo, con el pequeño detalle que éste se hace por un periodo mayor. De otra parte, sus esfuerzos van orientados a transformarlo en un asunto “técnico”, no discutirlo con las organizaciones de trabajadores y dejar de lado sus dimensiones políticas. En la etapa actual el tema de fondo es entenderlo como un mecanismo de protección social, que asegure en esta fase a sus receptores que salgan de la situación de pobreza. Ello cuando determinar la línea de pobreza está en discusión y debe pasar a ser un motivo de preocupación ciudadana.
Sebastián Piñera dio inicio a su participación abierta en el proceso electoral presidencial al anunciar el 10 de marzo un bono en que incluyó a familias que denominó de “clase media” con ingresos de hasta $1,3 millones. Uno de los inspiradores de esta incorporación –discutida en estricta reserva con los ministros Felipe Larraín, Joaquín Lavín y Cristián Larroulet, tanto así que el tema no estuvo presente en el consejo de gabinete efectuado en La Moneda dos días antes –lo constituyó un documento del Banco Mundial, dado a conocer en el pasado diciembre, titulado “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina”, donde se señala que “la clase media en auge podría llegar a transformar el contrato social de la región”.
En dicho trabajo el organismo internacional clasificó como “clase media” a quienes tienen un ingreso diario de US$10 (aproximadamente según cifras de marzo $4.300) hasta US$50 diario ($23.500), o sea entre $141.000 a $705.000 mensuales[1]. Sin duda forman parte de los asalariados. “Hace años –declaró Mario Pezzini, director del Centro de Desarrollo de la OCDE- que se viene hablando de clase media y nosotros somos escépticos de esa figura. En verdad –agregó-, se trata de gente que dejó la pobreza extrema, pero aún es vulnerable. Es gente (…) con miedo de perder lo ganado por su situación de vulnerabilidad. Cuando se jubila o tiene un problema familiar –añadió- las familias caen otra vez en la pobreza extrema. Hay muchas incertidumbre en sus vidas” (12/03/13). Ciertamente en ningún análisis serio de clases sociales se le denominaría de “clase media”.
El bono a entregar es por $40.000 y $7.530 adicionales por hijo menor de 18 años o integrantes discapacitados. El gobierno estima que lo percibirán aproximadamente dos millones de personas. Cuando en la discusión presupuestaria de 2013 se le planteó al Ejecutivo aumentar en US$250 millones los recursos destinados a educación pública la respuesta fue que no existían fondos sin embargo al bono se le financia en US$200 millones.
El director del Instituto Libertad y Desarrollo (ILD), Luís Larraín, integrante del “alma” de la coalición gubernamental que se opuso al ajuste tributario se preguntó si el fisco como dice ahora tiene recursos, ¿por qué entonces, aumentó los impuestos? Y si fue un gran problema de estimación, correspondería devolver esos recursos (…) rebajando los impuestos” (16/03/13). En verdad, la existencia de excedentes ya se conocía cuando se discutió el presupuesto fiscal 2013, tanto es así que poco después de aprobado la Dipres dio a conocer que su estimación de incremento en el gasto público durante 2012 no era el informado durante la discusión sino sustancialmente inferior. De esta manera, limitó el incremento del gasto público para que su crecimiento no fuese superior al producto. El ministro de Hacienda, ya señaló que en el año “no llegaríamos al 6% de crecimiento”. En verdad, como lo demuestran las cifras de las Cuentas Nacionales ningún año se alcanzó este porcentaje colocado como promesa electoral por la administración Piñera alcanzando en 2012 a 5,6%.
El bono no se orienta tampoco a superar ninguna de los grandes problemas socioeconómicos del país, el mayor de los cuales es la mala distribución del ingreso. “El objetivo de la política social debiera ser –constató el director del ILD, planteándose un objetivo más limitado – sacar a las personas de la pobreza y el bono no les ayuda a superar esta situación”. Para ello deben incrementarse en forma permanente los ingresos reales a las personas que perciben menos recursos. Sin embargo, no es ese el objetivo del bono, sino el “clientelismo” político, usando la expresión empleada por Luis Larraín. Esta iniciativa -que proporcionó un ingreso temporal extra a un número importante de personas- fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Mirado del ángulo macroeconómico, en un país con demanda interna elevada, como señaló Ricardo Ffrench Davis, “si se quiere dar a hogares de ingresos medios y bajos (lo que es progresivo si se financia bien) hay que quitar a otros” (21/03/13). Ellos deben ser sectores beneficiados con el modelo económico en aplicación.
Al mismo tiempo, Piñera anunció un adelanto en el nivel de los salarios mínimos a lo menos de $200.000 brutos. Felipe Larraín en un seminario realizado en Icare luego de los anuncios, incorporándose también plenamente a la campaña electoral, al dar a conocer estas medidas y la evolución en su visión de la economía, recalcó textualmente: “yo no soy neutral”, llamando a los asistentes a votar en las elecciones futuras por la coalición de gobierno (20/03/13). Con un adelanto de reajuste se habría recogido la demanda efectuada por Renovación Nacional cuando se discutió su monto a mediados de 2012. “Viene a finiquitar –declaró Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)- el debate del año pasado. El gobierno insistió en su propuesta inferior a los $200.000, incluso en oposición a la postura que tenían sus propios parlamentarios de RN, quienes sostenían los $200.000 como pie para negociar (…) y, por lo tanto, entendemos que este debate no se adelanta, sino que viene a finiquitar el del año pasado” (14/03/13).
Dado a conocer el paso a dar con los salarios mínimos en líneas generales, el ministro de Hacienda convocó a la Comisión Asesora del Salario Mínimo, para poner cifras concretas a la determinación política ya adoptada. O sea el Ejecutivo procede a establecer el salario mínimo, no solo sin discutirlo ni escuchar las opiniones de los trabajadores, sino que la función de su Comisión Asesora la reduce a hacerle proposiciones sobre el monto de un reajuste para intentar darle así un matiz técnico, el cual regiría según su proyecto entre el primero de abril y el 30 de junio de 2014, buscando así dejar sin efecto la discusión que se viene efectuando a mediados de cada año para establecerlo desde el primero de julio. “En la forma que se hizo el anuncio –constató incluso Cecilia Cifuentes, del ILD- parece más político que técnico (…), no hay una política clara atrás”.
Los miembros de la Comisión Asesora entregaron individualmente sus propuestas, recomendando un alza promedio de 5,6% nominal, que de haberse aceptado llevaría los salarios mínimos a $203.822, suma muy similar a las propuestas efectuadas al Ejecutivo a mediados de 2012. Los hechos demuestran que no existía ninguna razón para no establecer ese monto el año pasado, en un cuadro de situaciones económicas muy similares. Ahora bien un incremento nominal de 5,6% por quince meses no constituía tampoco ninguna ventaja para los receptores del salario mínimo ya que el momento de efectuarse la propuesta la variación de las remuneraciones generales del INE en doce meses registraba un incremento anual de 6%. Los precandidatos presidenciales de la derecha hicieron suyo este porcentaje. ¿Cuál fue el papel desempeñado por la llamada Comisión Asesora, algunos de cuyas integrantes se pronunciaron por un incremento incluso superior al 8%? En la práctica, ninguno. Entre los parámetros utilizados para determinar la cifra se utilizaron los datos de inflación, inflación esperada, crecimiento del empleo y evolución del producto, lo que no se plantearon fue cuál es el sentido de un salario mínimo, que es el tema principal.
Con ese porcentaje, señaló el diputado Carlos Montes, “es muy difícil que alguien pueda vivir. Lo razonable es que si la coyuntura económica está en el nivel que se plantea, el reajuste sea superior” (16/03/13). No se debe olvidar que en 2013, el propio subsecretario Baranda habló de $250.000, que es la misma cifra propuesta por la CUT. Finalmente el proyecto de ley propuso un reajuste a $205.000, con un incremento nominal de 6,2%, pero por un lapso de quince meses. Es decir, sería inferior al incremento en períodos similares de las remuneraciones generales. Claramente tampoco Piñera consiguió dar con su propuesta de salario mínimo un golpe de efecto político.
Ahora bien, ¿el determinar los salarios mínimos es exclusivamente un problema técnico, como pretende centrarlo el Ejecutivo y su Comisión Asesora, o debe entenderse como un mecanismo de protección social? El hecho que se determine por ley ya significa que se descarta, como lo plantean los sectores más recalcitrantes, que se deje entregado a un mercado en que la relación entre las partes es absolutamente desequilibrada. Si es una ley ¿cuál debería ser el piso a alcanzar? Sin duda, el que sus receptores salgan de la situación de pobreza que es un imperativo ético. De allí la importancia que tiene determinar la línea de pobreza per cápita y por hogar promedio, habiéndose ya descartada la basada en una encuesta de consumos de dos décadas atrás. Esta es la línea a determinar para luego estudiar la rapidez con que se cubra la brecha existente y la forma de efectuarlo, teniéndose presente que la línea de pobreza está determinada por el índice de precios de los sectores de menores ingresos de la población, en que tiene un peso muy grande los alimentos.
“Que los salarios y empleo crezcan –escribió Andrea Repetto, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, que viene planteando desde hace años la necesidad de reformas laborales- es una buena noticia. Pero no hay que olvidar –añadió- que la situación de las familias es heterogénea y que en nuestro país conviven diferencias sustanciales. Por ejemplo, un empleo al salario mínimo, luego de descontar las imposiciones previsionales, apenas mantiene una familia de dos a niveles bien cercanos a la línea de pobreza. Una economía sana genera más oportunidades, pero es en parte trabajo de la regulación el que estas alcancen a todos” (19/03/13). Las regulaciones son una responsabilidad del Estado.
¿Qué significa la propuesta del Ejecutivo? Si ese nivel bruto es de $205.000, en términos líquidos se reduce a $164.000 y luego al gastarlos se debe cancelar el 19% del IVA, por tanto, puede adquirir bienes y servicios hasta $132.840. El salario mínimo de los jóvenes, en una discriminación odiosa, es aún inferior, además se debe tener en cuenta que en los hogares promedio existen cuatro integrantes, teniendo en algunos casos más de un ingreso, pero no en otros. El gobierno ha publicitado profusamente la comparación de los salarios mínimos en Chile con los de otros países de la región, lo que no dice es que su nivel en todos ellos es bajo y reproducen el problema existente en el país. Más aún, si la comparación se hace con los salarios mínimos reales por hora de la OCDE se ubican los de Chile en los últimos lugares, superando solo a México dentro de los países que entregan sus antecedentes.
Por Hugo Fazio
El Ciudadano
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
