Este martes la Comisión Chilena de Derechos Humanos en conjunto con la Mesa de Unidad Social informaron sobre la presentación de una querella criminal en contra del Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara. Esto, luego de que el pasado viernes se autorizara a Carabineros a reprimir intensamente a manifestantes que llegaron a la Plaza de la Dignidad.
“Estas son decisiones nunca fáciles porque sabemos que muchos van a criticar, o van a decir que ‘no es el tiempo de las querellas, este es el tiempo del diálogo’. Pero claramente, si los chilenos y chilenas no tenemos las condiciones para salir a manifestarnos con seguridad, tranquilidad y sin miedo a las calles, quiere decir que nada ha vuelto a la normalidad y ningún diálogo es posible con violaciones a los Derechos Humanos mediante”, expresó Bárbara Figueroa, parte de la Mesa de Unidad Social.
Con la acción judicial se busca “que se lleve a juicio al Intendente, que sea condenado y que se ejerza el máximo rigor de la ley contra quien ha sido responsable de sitiar ilegalmente, inconstitucionalmente, la Plaza de la Dignidad”, apuntó en ese sentido el dirigente Esteban Maturana.
Además, en el encuentro se refirieron a las responsabilidades políticas del Presidente Sebastián Piñera y a sus recientes dichos negando las violaciones a los Derechos Humanos. “Estar en manos de este personaje como país, es de un riesgo para nuestra dignidad como seres humanos, como personas”, sostuvo al respecto Maturana.
Otra acción legal contra Guevara
También este jueves, dirigentes de partidos políticos y juventudes de Unidad para el Cambio (regionalistas, progresistas y comunistas) llegaron hasta el Palacio de Tribunales para presentar un recurso de protección en contra de Felipe Guevara en su calidad de Intendente. Esto, por lo que consideran un “ilegal copamiento preventivo que vulnera el derecho de reunión y la libertad de expresión”.
“El mensaje al Intendente es que entienda que el pueblo chileno es libre, que no vamos a permitir que bloquee el acceso y que vuelva a generar una provocación hacia la ciudadanía como lo hizo el viernes anterior, generando mayor conflicto y tensión”, expresó Ricardo Godoy, vicepresidente del Partido Progresista.
“El objeto del recurso es que la Corte de Apelaciones declare que este acoplamiento colectivo es ilegal y arbitrario, y enseguida ordene a las autoridades, Ministerio del Interior e Intendente a que pongan término a este bloque preventivo, y que -en cambio- adopte medidas para garantizar el libre ejercicio de libertad de reunión y libre expresión”, agregó Juan Andrés Lagos, encargado de relaciones políticas del Partido Comunista.
Acá el registro de la presentación la acción legal.