El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó como una persecución política en su contra la decisión de la jueza Daniella Camacho, quien este viernes anunció que llamará a juicio al exmandatario y 20 personas más por un caso de presuntos sobornos.
“Ecuador sabe que todo es una persecución, fruto de la traición de (el presidente Lenín) Moreno y la cooptación de la justicia, con el apoyo de gente como MF (María Fernanda) Espinosa y su esposo”, aseveró el líder progresista en un mensaje publicado en la red social Twitter.
El expresidente del país suramericano (2007-2017) consideró el objetivo del gobierno ecuatoriano como «doloroso, muy doloso”.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer el viernes que «veintiún personas son llamadas a juicio y tres son sobreseídos”, y que la jueza Daniella Camacho informó su decisión una vez “analizados los elementos de convicción presentados durante la audiencia».
Además de Correa, fueron llamadas otras 20 personas, entre ellas el exvicepresidente, Jorge Glas, y exfuncionarios como Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla y María de los Angeles Duarte.
Durante el caso, conocido como «Sobornos 2012-2016», la Fiscalía acusó a Correa y a esas otras 20 personas de formar parte de una estructura entre funcionarios del Estado ecuatoriano y empresarios para la entrega de sobornos, a cambio de contratos de obras públicas.
Según la Fiscalía, los funcionarios se encargan de captar aportes de contratistas s para financiar actividades proselitistas del Movimiento Alianzas País, a cambio de obtener contratos con el Estado.
Durante la diligencia, la jueza Camacho sobreseyó a María Augusta Enríquez (exasesora de Vinicio Alvarado), Cai Runguo (exapoderado de la empresa Sinohydro) y José Verdú (Constructora Verdú).
Para muchos, el caso carece de sustento y se inscribe en la persecución política perpetrada por el gobierno
de Moreno contra Correa y sus
seguidores y defensores de la llamada Década Ganada.
Como el delito por el cual son investigados no prescribe el propósito de las acusaciones sería impedir la participación del exmandatario en las elecciones presidenciales previstas para 2021.
“Llamar a juicio a Rafael Correa por Caso Sobornos es responder a las élites usando a la justicia como instrumento de persecución”, denunció el Movimiento Revolución Ciudadana en reacción al dictamen judicial.
Según la formación política, no bastó el informe del Consejo Nacional Electoral, que indica que Alianza País, formación en la cual militaba Correa, cumplió todos los controles al reportar los gastos de campaña.
En un Comunicado, la instancia alertó que por dos años y medios, el exjefe de Estado y otros líderes de la Revolución Ciudadana, han sido blanco de persecución, por lo que consideraron el caso como político y no judicial.
Para Eduardo Franco Loor, abogado del ex mandatario ecuatoriano, el caso Sobornos es una forma de “inhabilitar políticamente a Rafael Correa Delgado de forma injusta e ilegal”.
“Este proceso es un juicio mediático que tiene como objetivo la persecución política”, dice Franco Loor. “En el caso específico de Jorge Glas y Rafael Correa no hay pruebas que los incriminen”. Sobre el cheque de 6.000 dólares donde figura el nombre del expresidente, el jurista explica que “es parte del préstamo del fondo de solidaridad que se le hizo al ex mandatario”.
Entre los posibles escenarios que el abogado vislumbra en la fiscalización de esa audiencia está: el llamamiento a juicio a unos implicados o sobreseimiento (suspensión del proceso por falta de pruebas) de la causa. Todo esto depende de la decisión de la jueza Daniela Camacho.
Se prevé que el proceso contra Correa y los otros 20 acusados continúe su curso . El caso regresará a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, donde el próximo paso es sortear el tribunal que llevará a cabo la audiencia para juzgar a los 21 procesados.
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