Inversiones Inmorales

Cambiar los equilibrios del poder empleando estrategias que evitan las vías democráticas o abiertamente las burlan, es una estrategia añeja pero siempre presente en la política nacional. Revertir esa tendencia es fundamental para un orden moral más justo.

“Con las Riendas del Poder” fue el título con el que Sofía Correa presentó su análisis sobre el ensamblaje de la derecha chilena en el siglo XX. Más allá del detalle de este trabajo me resulta muy relevante su título y las consecuencias de esa metáfora para entender los equilibrios de poder bajo los esquemas actuales del sistema político en Chile.

Sin duda que un ejercicio del poder sin ningún medio es una fantasía, el poder es siempre un efecto, la demostración explícita de una capacidad. Sin embargo, no todos los medios son iguales, y los instrumentos empleados son muy importantes para el orden que temporalmente se alcanza con ellos. En el caso de las riendas lo que se hace manifiesto es la inversión de fuerzas entre el jinete y el caballo. Un artefacto que a menudo pasa desapercibido se convierte en la clave que facilita el ejercicio de la voluntad del físicamente más débil, aprovechando las cualidades del más fuerte.

La inversión de fuerzas para ejercer el control de un animal ha sido un hecho prácticamente libre de controversia por largo tiempo. Lo que despierta algunos sentimientos morales más explícitos es invertir las fuerzas entre quienes son teóricamente iguales. Una democracia ideal es aquella donde el ejercicio del poder se encuentra distribuido en el conjunto de los y las ciudadanas, donde los principios de libertad e igualdad son fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía. Invertir la voluntad de la ciudadanía al momento de adoptar decisiones públicas, o tomar decisiones antes que la voluntad tome forma, son modos de afectar negativamente el interés público y deteriorar la convivencia.

Me refiero aquí a “lo público”, siguiendo a John Dewey, como aquello que se encuentra entre las decisiones y acciones individuales y sus consecuencias. En este sentido, estará en el mayor interés público evitar actos cuyas consecuencias afecten negativamente la vida de otras personas u otras entidades. Se podrá apelar a que ciertos efectos negativos pueden tener efectos positivos en el largo plazo; sin embargo, esa clase de decisiones debe contar con el apoyo de los posibles afectados. Tomar decisiones pasándoles por encima, puesto que quienes deciden “saben mejor lo que es mejor”, es autoritario e inmoral.

También es importante tomar en cuenta que los intereses y los modos de verse afectado por una acción particular no están definidos de antemano, no es posible determinar solo con una declaración de intenciones todos los efectos de una decisión. La democracia no tiene que ver con el logro de acuerdos para una decisión, sino que con el desacuerdo respecto de las consecuencias. Las controversias públicas permiten una reflexión amplia respecto a la viabilidad de las decisiones y además facilita la formación de identidades en torno a temas específicos. Tratar los temas como si fueran “técnicos” o propios de una decisión “experta”, aún cuando sus consecuencias sean públicas, es una acrobacia política digna de sospecha.

La derecha chilena, que ha sido tradicionalmente el espacio de aglutinamiento de los intereses empresariales nacionales y transnacionales, ha propiciado siempre fórmulas que faciliten tomar atajos frente a la democracia. Hay un gusto explícito por el elitismo, el secretismo y la tecnocracia, como formas de reducir al máximo el número de involucrados en la toma de decisiones. Generalmente la finalidad de tales decisiones es la conservación o el aumento de privilegios abiertamente abusivos, y la prevención de controles o restricciones a sus modos de hacer las cosas.

Un ejemplo reciente de esta clase de actitud es la gesta en la que está embarcado Pablo Longueira. Desde el Ministerio de Economía, Longueira se ha convertido en el principal operador de los grandes empresarios en el Congreso. El primero de estos eventos fue la Ley de Pesca, donde Longueira pretendió renovar los privilegios de los grandes industriales pesqueros en nombre de la pesca artesanal. Como método de legitimación de su proyecto, llevó a algunos dirigentes, representantes de este sector y seleccionados con pinzas, a una mesa de negociación express. Los pescadores artesanales eran en este caso la palanca con la que se justificaba mantener una situación injusta. Finalmente, la Ley de Pesca se aprobó, ratificando todos los privilegios de las grandes empresas.

El uso de los pescadores artesanales como justificación pretendía ser una confirmación del carácter “popular” de la UDI de Longueira, y, en este caso, de la Ley de Pesca. Sin embargo, solo puso en evidencia el carácter instrumental de esa faceta. Arquímedes decía que si le daban un punto de apoyo era capaz de mover la Tierra entera con su palanca. Longueira pretende invertir las nociones de justicia y los equilibrios de fuerza en un ejercicio transaccional: darle un poco a los pobres para darle más a los ricos, y así seguir moviendo al país al ritmo de un modelo indigno. Arquímedes tenía plena conciencia que el uso de las palancas requería un fino calculo de longitudes para que la estática hiciese su trabajo. Es en el cálculo de las cercanías y la finalidades donde la artimaña popular se hace evidente, el dividendo político que se obtiene de relacionarse con los sectores más pobres no tiene que ver con resolver sus problemas, sino más bien simplemente con aguantar la repulsión, un perverso sacrificio.

Otra instancia donde Longueira está actualmente operando son las leyes Hidroaysén, particularmente la ley que facilite una Carretera Eléctrica. Tal iniciativa busca un camino legal para facilitar la expropiación con fondos públicos de un corredor que atraviese el país, el cual sería empleado para construir un gran trazado de alta tensión. Esta medida es presentada en nombre del interés público; sin embargo, la mayor parte de los beneficios de semejante iniciativa serían absorbidos por las empresas de generación y transmisión eléctrica. Un esfuerzo nacional, con cargo a las arcas públicas, destinado a satisfacer intereses privados monopólicos.

Es más, el 6 de marzo, el ministro Longueira señaló a los parlamentarios en la Comisión de Minería y Energía lo que públicamente no se ha querido reconocer: la vinculación estrecha entre esta Ley de Carretera Eléctrica y los proyectos hidroeléctricos en Aysén. Lo que resultó más decidor es que aparentemente las estrategias de justificación se encuentran en estado de expiración, por lo que simple y llanamente señaló que el costo de la aprobación de Hidroaysén debía ser compartido con el Parlamento. Teniendo claro que la voluntad mayoritaria del país está en contra de Hidroaysén, se busca aprobar por trozos medidas que finalmente harían inevitable el proyecto.

Las medidas mencionadas se parecen mucho a las iniciativas que adoptó la dictadura para potenciar sectores y actores productivos específicos, muchas de ellas claves para el explosivo crecimiento de la industria forestal y minera, pero al mismo tiempo responsables de la degradación socioambiental del país, y un estimulo de relevancia para el modo de hacer empresa que nos caracteriza como uno de los países más desiguales del mundo. Esa misma dictadura generó alquimias mediante las cuales un tercer lugar se convierte en segundo mediante el sistema binominal, y otras reglas que facilitan grandes ganancias con mínimos esfuerzos. El diseño institucional del país merece un remezón de relevancia, donde iniciativas como la formulación de una nueva Constitución cobran gran relevancia. Equilibrar la cancha tiene que ver con buscar instancias donde todos se tengan que bajar del caballo y nadie tenga acceso a palancas especiales con las cuales dar vuelta arbitrariamente el tablero.

Por Leonardo Valenzuela