En compañía del presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, y ante una multitud de trabajadores del Servicio de Impuestos Internos, Juan Apablaza, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, y Marcos González, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos, pidieron a la Contraloría aclarar la legitimidad en el nombramiento de Harry Ibaceta Rivera como Director de Grandes Contribuyentes, aún cuando éste se hubiera desempeñado como asesor tributario de importantes empresas privadas.
La denuncia se basa en el artículo 62, Nº6, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que dispone la imposibilidad de «intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal (…) o participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad».
Asimismo, está sustentada en el fallo que emitió el propio ente contralor en el mes de noviembre de 2019, y donde impugna la designación de María Soledad Velásquez como Directora del Instituto de Salud Pública (ISP), toda vez que hasta la fecha de su nombramiento, desarrolló funciones en empresas farmacéuticas, trabajando, además, como lobbysta del holding SOCOFAR, tal y como lo plantea el dictamen Nº 30.176.
Al respecto, Juan Apablaza aseguró estar confiado en el pronunciamiento que hará la Contraloría, argumentando que no habrá espacio para el conflicto de interés: «El Contralor Bermúdez va a hacer valer que en los servicios públicos no puede prevalecer el conflicto de interés en beneficio de los de siempre, del 1% más rico que no paga impuestos en este país».
Asimismo, enfatizó en que los trabajadores del SII «no están en guerra con el sector privado, pero no queremos que en altos cargos públicos lleguen personas que van a generar conflicto de intereses, como lo sucedido el año 2012, cuando ocurrió lo que hoy denunciamos, con casos como el de Johnson’s», refiriéndose al «perdonazo» en el pago de impuestos hechos por el director del servicio de aquella época, y que le significaron al Fisco una pérdida de más de 100 millones de dólares.
Por su parte, Marcos González, presidente de ANEIICH, manifestó que como trabajadores del SII «no vamos a estar nunca disponibles para que se utilice el servicio con fines político-electorales, para la corrupción ni para que se siga privilegiando al 1% más rico de la población», llamando al Gobierno a aclarar su postura respecto del nombramiento.
En la misma línea, el representante de ANEF, José Pérez Debelli, respaldó la iniciativa de los trabajadores del SII, garantizando que como agrupación apoyarán todas las decisiones que éstas lleven a cabo: «Rechazamos este tipo de contrataciones que son abusivas, regresivas y que perjudican la fiscalización de aquellos sectores que por años se han privilegiado», puntualizó el dirigente.
Finalmente, las asociaciones de trabajadores del SII se dirigieron hasta las dependencias del Ministerio de Hacienda, para entregar una carta a Ignacio Briones, secretario de la cartera, conminándolo a rechazar la polémica designación.