El pasado 2 de enero Colombia comenzó este 2020 vestida de luto debido a la oleada de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales, una tragedia que no cesa desde la firma de los acuerdos de paz con las FARC, en septiembre de 2016, incumplidos y olvidados por el Gobierno de Iván Duque.
Ese día, el luchador social Carlos Cardona celebraba con algunos amigos en Ituango, departamento de Antioquia, cuando un desconocido se le acercó y le disparó. la víctima tenía 40 años, un hijo y lo acababan de nombrar subgerente del hospital de ese municipio.
Su nombre aparece de primero en la lista de 23 líderes asesinados en lo poco que va de 2020, y que se suman a los más de 200 que perdieron la vida en 2019 ante la mirada esquiva de Duque.
La oficina de Derechos Humanos de la presidencia colombiana indicó que entre el 1 de enero y el 17 de diciembre de 2019 fueron asesinados 84 líderes sociales, 25 % menos que en el mismo periodo del 2018.
Sin embargo, organizaciones no gubernamentales registraron más casos: al menos 120 según el Programa Somos Defensores, y 234 de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Según las cifras manejadas por Indepaz, desde el 1 de enero de 2020 se han producido en Colombia al menos 23 asesinatos de líderes sociales y/o defensores de derechos humanos.
Carlos Cardona, Cristian David Caicedo, Gloria Ocampo, Virginia Silva, Emilio Campaña, Mireya Hernández, Oscar Quintero, Gentil Hernández, Anuar Rojas Isarama, Henry Cuello, Amparo Guegia, Juan Pablo Dicué Guejia, Nelson Enrique Meneses, Tulio César Sandoval, Sergio Narváez, John Freddy Álvarez, Jorge Luis Betancourt, Jaiber Alexander Quitumbo, Federico Peñalosa, Yordan Tovar, Wilmar Alexander Sanpedro, Carlos Andrés Chavarria, Luis Darío Rodríguez son los nombres de las víctimas que reporta la organización no gubernamental.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló el pasado 14 de enero que al menos 18 defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, indígenas o afrodescendientes fueron asesinados en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2019 y el 14 de enero del presente año.
¿Quiénes son los líderes asesinados?
La mayoría de los líderes asesinados este año pertenecían a juntas de acción comunal. Dos de ellos coordinaban procesos de sustitución de cultivos ilícitos y varios eran indígenas, incluida una sabedora y médica tradicional del pueblo nasa.
Al menos la mitad de los 23 murieron asesinados en los departamentos de Putumayo y Cauca, lo que demuestra que los líderes sufren el fuego cruzado en zonas donde grupos armados ilegales, organizaciones criminales y carteles de la droga se disputan el control a punta de terror, sangre y fuego.
Por lo general, los asesinatos tienen como objetivo a quienes promueven la sustitución de cultivos, coordinan procesos de restitución de tierras y forman parte de los grupos étnicos que habitan en los territorios que quieren controlar los criminales.
Recientemente llama la atención que grupos violentos convirtieron a las mujeres en un blanco más regular. En 2018 mataron a 12 lideresas y en 2019 a 19, mientras que durante enero ya van cuatro.
En el fondo, la violencia contra los líderes sociales poco ha cambiado en los últimos tres años, tras la firma del acuerdo de paz. Pero, el comienzo de 2020 es uno de los peores periodos registrados en Colombia y esto se relaciona con la falta de una política de prevención, protección y aplicación de la ley por parte del gobierno de Iván Duque.
Incluso, la Fiscalía General desestima o trata de ocultar la magnitud de la tragedia, algo que ocasiona una profunda decepción entre las organizaciones que reclaman justicia.
Según el fiscal general encargado, Fabio Espitia, solo un líder social ha sido asesinado en enero 2020, mientras que los demás casos «son materia de investigación» y «no se les puede asignar la calidad de dirigente comunitario».
En rueda de prensa, el funcionario expresó que «hasta ahora, solamente se ha presentado, en este año, un caso que la ONU refleja y representa como asesinato de un líder social; que es el caso de la señora Gloria Ocampo», quien se desempeñaba como secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Estrella del municipio de Puerto Guzmán, en el departamento de Putumayo, y que fue asesinada el pasado 6 de enero.
Según Espitia, los demás crímenes «son hipótesis de homicidios que se están indagando».
«Soy sumamente prudente para asignarle la calidad de líder social, toda vez que la labor está coordinada con las organizaciones que reflejan esta calidad y con los reportes de las Naciones Unidas”, afirmó.
ONU pide frenar asesinatos
Preocupados por lo que vive Colombia, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado que el Gobierno de Duque debe investigar estos hechos pronta y diligentemente, y sancionar a quienes resulten responsables.
“La CIDH recuerda que para garantizar la protección de las personas defensoras, una obligación fundamental es la lucha contra la impunidad y llama al Estado a garantizar las condiciones de seguridad y protección a líderes sociales y redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz, para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos huamnos», indicó en un comunicado.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU se pronunció el pasado 16 de enero sobre los asesinatos de líderes sociales, dirigentes populares y ex combatientes de las FARC-EP, y le exigió al Ejecutivo colombiano tomar «acciones efectivas» para frenar estos crímenes.
En una declaración, los 15 Estados parte llamaron la atención sobre la «grave situación de seguridad» y urgió al Gobierno a tener mayor presencia de los entes de seguridad en las zonas donde el conflicto y los asesinatos siguen produciéndose.
«Que los responsables sean llevados ante la justicia, y que se tomen medidas efectivas para mejorar la seguridad, incluso mediante la extensión de la presencia integrada del estado civil y de seguridad a las zonas afectadas por el conflicto», indicó el texto.
Esta declaración se suma al «Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Misión de Verificación en Colombia», publicado a finales de 2019, y en el que se advierte que los «líderes sociales y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en las zonas rurales, continúan siendo blanco de violencia e intimidación por parte de grupos armados ilegales, organizaciones criminales y cárteles de la droga».
En ese documento, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo énfasis en la necesidad de «adoptar medidas más efectivas para proteger la vida de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes».
Al respecto, el movimiento social colombiano «Defendamos la Paz» solicitó al asesor especial del secretario general de la ONU para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, que realice una pronta visita al país suramericano ante la ola de asesinatos a líderes sociales.
Este movimiento social -conformado por exnegociadores de los procesos de paz, exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos, miembros de la FARC y organizaciones sociales- alertó que el entorno para el trabajo de los líderes sociales y defensores de DD. HH. «no perfila mejoría para este año que inicia”.
Asimismo, el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), aseveró que “cada líder social y cada desmovilizado asesinado es un nuevo asesinato de la paz”.
El fracaso de Duque
El clamor del pueblo colombiano al presidente Duque es que garantice la vida y los ejercicios sociales de promoción y defensa de los derechos humanos en aquellos territorios donde impera la violencia.
En una entrevista reciente con la cadena CNN, el mandatario uribista aseguró que está comprometido con la protección de los líderes sociales. «Tengo el compromiso de mejorar la protección de los líderes sociales”, afirmó.
El Presidente, además, sostuvo que el asesinato de líderes sociales “se venía presentando desde tiempo atrás” y que tan pronto llegó a la presidencia puso en marcha el plan de acción oportuna para la protección de líderes sociales, conocido como PAO.
Sin embargo, esta iniciativa no ha dado frutos, ya que la situación de derechos humanos ha empeorado en casi todo el territorio nacional, con un agravamiento en el número y la violencia de los ataques contra los líderes sociales, campesinos e indígenas.
Además, ha sido evidente la expansión del paramilitarismo y de la criminalidad ligada al narcotráfico, así como el creciente nivel de complicidad de sectores de la fuerza pública con estos grupos criminales.
Desde que asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2018, Duque se ha empeñado en desconocer, debilitar o hacer inoperante gran parte de los mecanismos previstos en el Acuerdo de Paz en materia de garantías de seguridad, para concentrarse en el PAO.
“El PAO parte de un diagnóstico interesante, pero limitado, al reconocer únicamente como riesgos a los actores y economías ilegales, desconociendo los riesgos de la estigmatización ejercida por funcionarios públicos, la acción y excesos de Fuerzas militares y de la Policía, la continuidad de grupos paramilitares y sus nexos con agentes del Estado, la discriminación contra pueblos étnicos, mujeres y población LGBTI, así como las acciones violatorias de derechos humanos cometidas por empresas nacionales y extranjeras”, condenó el Colectivo Agrario Abya Yala.
Mientras que Camilo González, director de Indepaz, señaló que “en los territorios más críticos ha sido muy lenta la llegada social del Estado”.
“El problema del Gobierno es que insiste en una política de guerra en esos territorios, y no en una política de paz”, dijo a la revista Semana.
En agosto de 2019, representantes de líderes sociales presentaron una propuesta al Comité Nacional de Garantías de Seguridad -que integran Gobierno, fuerza pública y otros entes- que incluye una serie de acciones proteger a las personas que participan de la sustitución de cultivos, el desarrollo de estrategias contra la estigmatización y los discursos de odio, y la investigación penal en el contexto de los patrones de los asesinatos.
A su vez, la organización Indepaz insiste en que la militarización no es la solución para atacar la raíz del problema, y plantea la necesidad de acompañar las respuestas policiales con alternativas sociales y económicas en las regiones más azotadas por los grupos violentos.
Al final, defender la integridad de los líderes sociales, rechazar la violencia y exigir protección al Gobierno de Duque son las principales solicitudes en las diversas manifestaciones que han ocurrido en Colombia desde el 21 de noviembre de 2019, en el marco del Paro Nacional, y que ya el 21 de enero retomaron las calles.
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