El titular de la instancia, Freddy Carrión Intriago, agradeció el respaldo del Frente Unitario de Trabajadores
Este jueves colectivos defensores de derechos humanos y representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador entregaron al defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, el documento que contiene las denuncias sobre las irregularidades cometidas por el Gobierno de Lenín Moreno durante las protestas de octubre de 2019.
En una rueda de prensa, expresaron también su apoyo al funcionario por todo el trabajo que ha llevado a cabo en relación con lo ocurrido en esas manifestaciones del año pasado. Mesías Tatamudez, presidente del FUT, comentó que el informe contiene datos sobre actos en los que ha incurrido el Gobierno Nacional para deslegitimar el derecho a la protesta social.
«Se pretende configurar un estado de impunidad, el Gobierno está tratando de desprestigiar a la Defensoría para ocultar los hechos violentos de octubre en contra de la ciudadanía. No se pueden tapar las personas fallecidas y heridas, producto del uso excesivo de la fuerza pública», acotó.
En representación de las organizaciones, exigió el cese del hostigamiento a dirigentes sociales por parte del Estado ecuatoriano y reiteró que tomarán acciones para que termine la criminalización de la protesta.
Por su parte, Carrión Intriago subrayó que los informes fueron documentados durante las manifestaciones y se solicitó al Estado mesura y prudencia ante un derecho fundamental como es la manifestación.
«Es necesario que el Estado repare a las víctimas del Paro Nacional y a sus familias. Naciones Unidas ha indicado que las medidas económicas que adopten los Estados deben ser socializadas con la población previo a su implementación (…) Es hora de que el Estado asuma las responsabilidades de lo sucedido en octubre de 2019», dijo.
Asimismo, recordó que el Estado no debe criminalizar la protesta social, una recomendación que también hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). «Se debe garantizar integridad, trabajo y libre ejercicio de asociación», manifestó.
Finalmente, acotó que es necesario informar sobre las acciones de reparación a las víctimas y familiares y responder por los hechos delictivos durante las manifestaciones». «La Defensoría estará vigilante de los procesos judiciales en contra de dirigentes sociales», indicó.
El defensor mencionó que la CIDH en su informe señala que existieron ocho víctimas de muertes violentas durante las protestas. Por tanto, la Fiscalía de la nación sudamericana debe responder sobre las causas de esos fallecimientos.
«Si el Estado niega el uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales, no se puede iniciar un proceso de diálogo. Primero se debe reconocer lo sucedido en relación a las vulneraciones de derechos y reparar a las víctimas», reiteró.
Ataque contra la Defensoría
Por otro lado, Carrión Intriago denunció acciones del Ejecutivo contra la institución.»Es preocupante el linchamiento mediático, la restricción de recursos por parte del Estado, la no aprobación de la nueva estructura que está establecida en la ley», alertó.
Mencionó que eso es una muestra de los ataques de los que ha sido víctima la Defensoría por ejercer un trabajo ético en materia de defensa de los DD. HH.
Fuentes: Telesur, @DEFENSORIAEC.
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