Organización ‘Somos Diguillín’ se opone a la construcción del Embalse Zapallar

La organización «Somos Diguillín», de la región de Ñuble, surge para defender el río con el mismo nombre y oponerse a la construcción de un embalse que tendrá altos costos medioambientales y sociales. En un proyecto de 212 millones de dólares, el Estado en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas pretende construir el «Embalse Zapallar» en el río Diguillín en la comuna de El Carmen, afectando además a los sectores Pinto, San Ignacio y El Carmen.

En una carta difundida por la organización se consigna que más allá del millonario gasto fiscal que implica una iniciativa de estas características -que podría destinarse a áreas prioritarias para la sociedad como la salud, educación o vivienda, en una de las regiones más pobres del país como lo es Ñuble-, el proyecto tendrá un costo ambiental y social irreparable, en el que desaparecerán cientos de hectáreas de bosque nativo, con una consiguiente pérdida de fauna local.

En ese sentido, se señala que los costos sociales no son menos graves, en el área de inundación desaparecerán más 20 hitos arqueológicos y familias que viven de la agricultura de subsistencia y de la pequeña ganadería se verán forzadas a abandonar sus tierras, y a emigrar del campo a la ciudad. Algunas tendrán que irse a causa de las expropiaciones, y otras por falta de acceso al agua se verán obligadas a vender sus propiedades en una zona donde, coincidentemente, la industria forestal se expande sin ningún tipo de control.

Se apunta igualmente a que el proyecto Embalse Zapallar adolece de Licencia Social – legitimidad social, credibilidad y confianza por parte de las comunidades- y que desde un inicio el proceso ha estado viciado para ser llevado a cabo.

Por otra parte, se denuncia que hoy los promotores de esta iniciativa -principalmente el sector agroindustrial de la región de Ñuble- presionan al gobierno de turno para que acelere el proyecto y en una carta dirigida al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno (diario La Discusión, 29 de enero de 2020), exigen comenzar cuanto antes las expropiaciones a las familias que viven en el sector amenazado con la construcción del embalse sin siquiera contar con un Estudio de Impacto Ambiental serio y riguroso que dé cuenta de las reales dimensiones que tendrá una obra de esta envergadura.

Las organizaciones que defienden el río Diguillín sostienen en consecuencia que «nos oponemos a la construcción del embalse, esperamos que el Gobierno no ceda a las presiones del grupo interesado». «En un proyecto que no cuenta con la legitimidad, credibilidad y confianza de los afectados ni de la ciudadanía, no es posible que el Estado se ponga al servicio, con financiamiento y coerción, de los intereses economicistas de un grupo particular sin medir costos sociales y medioambientales», añaden.