La persecución judicial y policial es un recurso que la derecha internacional ha instalado como su preferido para neutralizar a los líderes progresistas que representan un obstáculo a sus intereses. El más reciente objetivo es el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, a quien se quiere vincular con supuestas acciones de corrupción.
Este lunes comenzó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de juzgamiento por el delito de cohecho dentro del caso «Sobornos 2012-2016» contra el exmandatario y otros miembros de su administración.
Este juicio demuestra que el Gobierno actual de Lenín Moreno aspira manipular la justicia para inhabilitar políticamente a Correa e impedir que pueda participar en las próximas elecciones generales fijadas para el 28 de febrero de 2021.
La Fiscalía acusa al exmandatario de dirigir una presunta organización criminal en la que supuestamente operaron empleados gubernamentales de diferentes jerarquías, y a través de la cual habría recibido grandes sumas de dinero por parte empresas privadas para financiar ilegalmente su partido político, Alianza País, a cambio de obtener contratos de obras públicas.
Según esta institución, los supuestos sobornos realizados durante el período que abarca el caso, de 2012 a 2016, superan los 7,5 millones de dólares.
La versión de la Fiscalía es que existió una estructura integrada por empleados públicos que facilitaron la entrega de recursos a través de dos modalidades, cruce de facturas y dinero en efectivo, por parte de empresarios, para beneficiarse de contratos con el Estado.
No existen precedentes en Ecuador sobre un juicio de tal magnitud. Se juzgará a un total de 21 personas, todas ellas acusadas de cohecho, incluidos el exvicepresidente Jorge Glas, el secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.
Una «acusación cantinflesca»
El expresidente Correa será juzgado en ausencia, ya que actualmente reside en Bélgica con su esposa, y ha denunciado en reiteradas ocasiones que es víctima de una persecución política y judicial, por lo que las acusaciones en su contra demuestran la «desesperación» de sus opositores para intentar truncar su futuro político.
«Para que haya corrupción es obvio que alguien debió enriquecerse. No somos nosotros los que tenemos las cuentas ‘offshore‘ o empresas en paraísos fiscales, es el Gobierno encubierto por Fiscal, el resto de autoridades de Estado y la prensa», respondió el expresidente en un video publicado en su cuenta en Twitter.
El exmandatario calificó el proceso en su contra como una «gran payasada» y lo definió como una «acusación cantinflesca», ya que no existen bases jurídicas para juzgarlo.
«¿Creen que Moreno, que fue vicepresidente, no se iba a dar cuenta de (la existencia de) una organización criminal liderada por el propio Presidente de la República?», planteó.
Irregularidades del proceso judicial
Los abogados de Correa introdujeron una demanda de recusación en contra del Tribunal de Juzgamiento. Uno de ellos, Fausto Jarrín, informó que recusó a los magistrados Iván León Rodríguez (ponente), Marco Rodríguez Ruiz e Iván Saquicela Rodas, por considerar que no son competentes para estar al frente de la etapa de juicio.
Indicó que los jueces recusados, por no ser competentes para estar al frente de la etapa de juicio, deberían abstenerse de conocer la causa, y que el Tribunal no debió conformarse y menos fijar fecha y hora para la audiencia de juicio.
“La recusación es una forma con la que pretendo dejar en claro que este tribunal no debía haberse constituido cuando tenía recursos pendientes, lo cual es ilegal”, explicó.
Sin embargo, indicó que ejercerá «todos sus derechos», como «por ejemplo dudar de la imparcialidad de un tribunal»
“Asistiré a la audiencia para dejar en claro las arbitrariedades e ilegalidades que se siguen dando en este proceso”, señaló.
En entrevista para el diario El Mercurio, denunció que las irregularidades que se evidencian en el juicio son consecuencia de las presiones políticas a las que está sometido el Consejo de la Judicatura, “de los tiempos políticos no procesales a los que está sometida la justicia en el Ecuador y de la desesperación que tienen de sentenciar a Rafael Correa para evitar que pueda volver a ser candidato”.
“No solo tienen temor, sino pavor de que el expresidente regrese, pero saben muy bien que no les alcanzará el tiempo para sentenciarlo”, subrayó el abogado.
Lawfare contra Correa
Los líderes progresistas son objeto de la persecución de una justicia corporativa y funcional que responde a los intereses de la derecha y que actúa bajo un esquema de guerra no convencional conocido como “lawfare” o “guerra jurídica”, en el que se coapta el sistema judicial como herramienta para desacreditar y/o encarcelar a un adversario político.
Los ejemplos más conocidos del uso del “lawfare” en la región de América Latina son contra los expresidentes Cristina Fernández (Argentina, 2007-2015), Dilma Rousseff (Brasil, 2011-2016) Luiz Inácio Lula Da Silva (Brasil, 2003-2011), Rafael Correa (Ecuador, 2007-2017) y Evo Morales (Bolivia, 2006-2019).
En el caso de Ecuador, el régimen de Lenín Moreno, quien traicionó a Rafael Correa y al equipo de gobierno que lo llevó a ganar la Presidencia, no ha cesado en su persecución judicial contra el líder progresista.
Aparte del juicio por el caso “Sobornos”, la “justicia” ecuatoriana emprendido procesos contra el exmandatario por otros casos: la auditoría de la deuda pública interna y externa, la preventa petrolera a Petrochina y el secuestro del exasambleísta opositor Fernando Balda en 2012, en Colombia.
La Contraloría determinó supuestos indicios de responsabilidad penal contra Correa en el manejo de la deuda pública entre 2012 y 2017, por la implementación del Decreto Ejecutivo 1218, que permitió cambiar el cálculo de la deuda en relación al Producto Interno Bruto (PIB).
«No es verdad que hemos sobrepasado nuestro endeudamiento, ni que yo establecí una nueva metodología. Lo que pedí es que no se aplicara el manual del FMI (Fondo Monetario Internacional)», aclaró el expresidente.
La Fiscalía citó a Correa para que ofreciera su versión en el caso conocido como Petrochina, que aborda la supuesta venta anticipada de petróleo a China durante su Gobierno.
Asimismo, Correa manifestó que este caso forma parte de la guerra política orquestada en su contra y aclaró que solo firmó un acuerdo en 2010, «pero de ahí en adelante cambió la ley. “Yo no he firmado más. Me acusan de unas preventas petroleras del 2016, pero tendrán que demostrar», dijo, citado por Telesur.
Por si fuera poco, la Fiscalía quiere vincular al líder de Alianza País por su supuesta vinculación en el intento de secuestro del exasambleísta Fernando Balda, en Colombia.
Balda asegura que en su secuestro estuvo vinculado el exmandatario, mientras que el fiscal general, Paúl Pérez Reina, presentó supuestas pruebas de la participación de Correa en el secuestro, como cartas de altos mandos y dos depósitos de pago.
La versión “oficial “ es que los supuestos autores del delito eran funcionarios de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y recibieron órdenes de Correa para efectuar el secuestro, aunque se ha demostrado que no eran servidores públicos de esa institución dentro del período comprendido entre 2011 y 2012, y que tampoco se registran pagos por traslado a la capital colombiana en 2012.
Por este caso, la justicia ecuatoriana le impuso una medida cautelar a Correa para que se presentara cada 15 días, a pesar de que reside en Bélgica y sería imposible de cumplir.
Ante el “incumplimiento “de la medida cautelar, el régimen de Lenín Moreno logró que el 3 de julio de 2018, un tribunal de Ecuador dictara una orden de prisión y captura internacional contra el expresidente Correa.
A esta orden se sumó otra emitida el 18 de agosto de 2019 por la jueza de la Corte Nacional de Justicia Daniella Camacho, por el caso ‘Sobornos 2012-2016’, en el que se le acusa de cohecho, delito sancionado en el Código Penal con penas de entre a uno y siete años de cárcel.
La persecución de Moreno ha incluido a colaboradores de Correa, como el el exvicepresidente Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por supuesta corrupción; o Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de Gobierno del exmandatario.
«Nuestros principales líderes, y esencialmente Correa, son bárbaramente perseguidos sin ninguna sustentación jurídica y sin posibilidad de amplia defensa», condenó el analista ecuatoriano Amauri Chamorro.
“Continúa la más brutal persecución política de la historia reciente de Ecuador, y el objetivo último es involucrarme a mí, ya que los delitos contra la Administración Pública son imprescriptibles en Ecuador, y así me impedirían volver alguna vez a mi Patria”, señaló Correa al referirse al nuevo proceso que se sigue en su contra.
El expresidente denunció que «no existe justicia en Ecuador, es un instrumento de persecución» y recordó que en total tiene abiertos 31 juicios penales, que incluyen «mal uso del avión presidencial, certificados de tesorerías, las cosas más inverosímiles».
Moreno busca impedir una candidatura de Correa
La premura en comenzar el juicio del caso “Sobornos” demuestra el interés del régimen de Moreno por impedir que Correa pueda ser electo por el pueblo ecuatoriano en los comicios generales pautados para el 28 de febrero de 2021.
El exmandatario no puede aspirar a una nueva reelección por una enmienda aprobada en el referendo de febrero de 2018 que fija límites de plazos presidenciales, pero sí podría postularse para legislador en las elecciones de febrero de 2021, lo que le daría fuero parlamentario para no ser enjuiciado.
Por tal motivo, Moreno busca a toda costa que se produzca una sentencia en contra de Correa antes del 20 de noviembre, para impedir que el líder progresista no pueda aspirar a cargos de elección popular.
«Están desesperados para evitar mi participación en las próximas elecciones porque saben que los vamos a derrotar«, señaló Correa, en entrevista con Actualidad RT.
«Es el ‘lawfare’, porque no nos pueden vencer en las urnas, entonces tratan de, primero, destruir nuestra reputación y, segundo, buscar por medio de la ‘justicia’ que no podamos participar en elecciones (…) están desesperados, viendo qué se inventan”, afirmó
Aclaró que pese a la premura con la que llevan el caso, a la Justicia ecuatoriana no le daría tiempo de inhabilitarlo para participar del proceso electoral de 2021.
«Incluso, si en noviembre saliera la sentencia, sería primera instancia, yo puedo apelar, no habría sentencia en firme y, de acuerdo con la Constitución y todos los instrumentos de derechos humanos, yo podría inscribirme como candidato«, destacó.
Al respecto, el analista Santiago Basabe señaló que mientras las indagaciones judiciales no culminen y no haya sentencias en firme, Correa se puede postular para vicepresidente o legislador «y seguramente lo hará».
Sin embargo, el también decano del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) ve «difícil» que haya una decisión en firme de la Justicia a corto plazo, ya que el caso más avanzado es el denominado «Sobornos», que considera no tendrá un pronto desenlace.
En una entrevista concedida a la agencia EFE, explicó que aunque este juicio tenga resultados adversos para Correa, existe «una cantidad de posibilidades de impugnación, de recursos de apelación, de casación».
Basabe también opinó que si Correa no quisiera ser candidato, su agrupación política Alianza País tiene el voto cautivo, pues «diez años no es poco y hay mucha gente que le guarda respaldo».
Además, se refirió al descontento del pueblo con el mandato de Lenín Moreno, quien destruyó el buen legado que dejó el líder progresista con sus políticas neoliberales y antipopulares.
«La gente ya está diciendo: Con Correa estábamos mejor«, sentenció el analista político.
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