La guerra contra la verdad y el libre ejercicio del periodismo en Colombia es otro ápice del conflicto y la violencia que sufren sus ciudadanos desde hace más de seis décadas.
El más reciente informe presentado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), publicado el pasado 9 de febrero, indica que durante el régimen del uribista Iván Duque, las cifras que reflejan el accionar contra la libertad de presa se han incrementado de manera desproporciona, al punto de confirmarse más de 500 casos de amenazas graves contra periodistas y reporteros.
En total, solo en 2019 se registraron 515 ataques a la prensa, dos de ellos homicidios: el del realizador audiovisual Mauricio Lezama, en la región de Arauca, y el del reportero comunitario Libardo Montenegro, en Samaniego, Nariño.
«El 2019 estuvo atravesado por distintas formas de censura: desde amenazas violentas que llevaron al exilio, hasta la prohibición de opinar e informar sobre un caso en el que el periodista es víctima», cita la FLIP, cuyo informe precisa que de ese total, 13 casos que estuvieron bajo amenaza decidieron obedecer «la estrategia de callar», para salvaguardar su vida y la de sus familiares.
Añade la FLIP que además, hubo cuatro secuestros y 137 amenazas.
También destaca el estudio que una «deuda que tiene el periodismo con las mujeres, acarrea un costo muy alto para las periodistas que denuncian la violencia de género, pues se convierten en el blanco de agresiones e intentos de censura»
Estos datos fueron revelados en el informe ‘Callar y fingir, la censura de siempre’, en el que la FLIP aborda estos casos y califica la violencia como “el principal enemigo del periodismo” en el país.
Impunidad contra el periodismo
Entre 1977 y 2019, la Flip ha registrado el asesinato de 159 periodistas en Colombia, por motivos relacionados con su oficio. En uno se condenó a toda la cadena criminal, en cuatro fueron condenados los autores intelectuales, en 29 los autores materiales y en 125 no ha ocurrido nada, por lo que la impunidad asciende a 78,61 %.
Llama la atención que precisamente durante 2019 se hayan elevado a más de 500 casos, las agresiones directas contra periodistas, justamente un año que vivió una inmensa variedad de protestas y manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque, en rechazo a su modelo político y para pedir un cambio real en la sociedad colombiana.
Así como se incrementaron las agresiones contra el gremio del periodismo, paralalemente se han venido incrementando los ajusticiamientos extrajudiciales, homicidios, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y masacres contra poblaciones indígenas, rurales y campesinas que se manifiestan contra el régimen de Duque.
De igual forma, se ha visto cómo la represión armada por parte del Ejército y las fuerzas policiales se ha incrementado sustancialmente, al punto de llegar a asesinar a obreros, trabajadores y estudiantes en plenas jornadas de protestas en las calles, que entre todos suman el gran descontento generalizado contra Duque y su escasa aceptación popular.
Para la periodista Natalia Cabrera, citada en el informe, la falta de diligencia por parte de la Policía va más allá: “Las denuncias que hacen los periodistas frente a las amenazas son tomadas por la Policía como si uno se las hubiera buscado y en otras ocasiones las desestiman porque dicen que no son veraces o están relacionadas con temas personales”.
Esta última fue precisamente la postura que asumió la institución frente al asesinato de Libardo Montenegro. Según Jhon William Peña, coronel de la Policía encargado del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana de Nariño, el comunicador era sólo un locutor dedicado a labores de perifoneo, descartando la labor informativa que Montenegro adelantaba en la radio comunitaria.
«Una decisión de esta naturaleza resulta contraria a la Directiva 002 de 2017 de la Fiscalía General de la Nación, la cual establece que, en casos de crímenes contra defensores de derechos humanos, la entidad debe asumir como hipótesis principal de los hechos la relación con su actividad profesional.
En la investigación sobre el caso Montenegro, la Fiscalía, sin mayores elementos probatorios, aseguró lo siguiente: “es factible mencionar la existencia de indicios relevantes, que infieren que las motivaciones de la conducta punible puede corresponder a problemas personales que ostentaba la víctima”, cita la FLIP.
Para el caso de Mauricio Lezama, la situación es aún más preocupante, debido a que la Fiscalía descartó la relación del homicidio con sus tareas de difusión de información de interés general por no tener la condición de periodista: “No se maneja como hipótesis que el homicidio esté relacionado con la actividad periodística, pues la víctima no era periodista”.
Varios periodistas no dudan en soltar frases lapidarias sobre cómo enfrentar este tipo de situaciones: “Hay días en los que uno se levanta con ganas de dejar este trabajo y no exponerse más”, sostiene la FLIP.
A esto se añade, cómo los grandes capos de la droga colombianos -incluido el cartel de Sinaloa mexicano que tiene presencia en Colombia- siempre «buscan imponer su ley del silencio a decenas de comunidades en varias regiones del país», regiones «donde los reporteros son víctimas de intimidación o testigos de violencia contra sus colegas. La autocensura se convierte en una alternativa para sobrevivir».
Miedo a informar tras romperse el acuerdo de paz
Esta situación se replica en la región de Arauca, el departamento donde más han aumentado las amenazas, en 300 %. Al respecto, la FLIP detalla que registró allí 26 ataques en 2019, 17 en 2018 y nueve en 2017.
“El mensaje que enviaron sus asesinos con estos crímenes tuvo un efecto inmediato entre los periodistas” porque aumentó el temor de los reporteros. “Uno sabe que no puede hacer ninguna denuncia porque inmediatamente van a saber quién fue”, cita un testimonio de un periodista en el informe de la FLIP.
El sur del país es otra de las regiones donde las amenazas se intensificaron. El temor aumentó tras el asesinato de tres periodistas ecuatorianos en 2018. Algunos tuvieron que huir, como el reportero de Caracol Televisión Eduardo Manzano, quien dejó el país tras amenazas por cubrir la situación del norte del Cauca.
El informe dice que tras la firma del Acuerdo de Paz -roto por el régimen uribista de Iván Duque- con las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) se ha dado una disputa “a sangre y fuego” entre grupos paramilitares y “la prensa ha quedado acorralada en la confrontación”. Además, la respuesta del Estado “no ha sido oportuna”.
El resultado es que han sido amenazados 583 periodistas entre 2017 y 2019, mientras que en el trienio anterior (2014-2016) fueron 257 los amenazados.
Arauca, Nariño y Valle del Cauca son los departamentos con las cifras de violencia más preocupantes en estos tres años. Solo en Arauca, los ataque se incrementaron 300 % en dos años.
Nariño pasó de ocho casos en 2017 e igual número en 2018 a 13 casos en 2019, un aumento de 72,5 %. En Valle del Cauca se registraron 27 casos en 2017, bajó a 20 en 2018 y subió a 32 el año pasado, lo que implica un aumento del 60 %.
El Paro Nacional fue el más violento para la prensa
Durante los 40 días que duró el paro nacional de finales de 2019, la FLIP registró un saldo de 66 periodistas agredidos.
“Fue el escenario más violento de la historia reciente contra la prensa en un contexto de protesta social”, indica el informe. Es decir, hubo más ataques contra periodistas que en el paro agrario de 2013, cuando fueron 44 víctimas de 24 agresiones en 75 días.
La FLIP puntualiza que en 19 casos la Policía detuvo de manera ilegal a periodistas que cubrían las manifestaciones.
“Esto sin dejar de lado que también existieron varios casos en los que encapuchados, y en algunos casos aislados manifestantes, amenazaron y obstruyeron la labor periodística de los reporteros”, explica.
Fueron en total 56 violaciones contra 66 periodistas. De estas, 35 fueron de la Fuerza Pública, 22 de personas desconocidas, 8 de particulares y una de funcionario público.
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