Las deudas ambientales de Chile ante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado por las  Naciones Unidas en 1966 y ratificado por Chile en 1972, alude a la serie de garantías que tienen por objetivo lograr una permanente y progresiva mejora en las condiciones de desarrollo de las personas y los pueblos, como son: los derechos a la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y las condiciones laborales, el ocio y la recreación, el acceso a la cultura y los bienes culturales y del progreso científico, entre otros.

Recientemente, el PIDESC ha reconocido que el cambio climático constituye una ‘amenaza masiva’ para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular los derechos a la salud, la alimentación, el agua y su saneamiento, así como el derecho a la vida, como resultado del aumento de las tasas de mortalidad por eventos relacionados con el calor y los desastres naturales.  

Este pacto reconoce que los impactos adversos de la Emergencia Climática amenazan a los ecosistemas, lo que a su vez afecta el disfrute de los derechos humanos. En este sentido, el riesgo de daño es particularmente alto para aquellos segmentos de la población ya marginados o en situaciones vulnerables o que, debido a la discriminación y las desigualdades preexistentes, tienen un acceso limitado a la toma de decisiones o recursos, como mujeres, niños, personas con discapacidad, pueblos indígenas y personas que viven en zonas rurales. Los niños corren un riesgo particularmente elevado de dañar su salud, debido a la inmadurez de sus sistemas corporales 

La próxima revisión de la República de Chile por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) es una importante oportunidad para exigir al gobierno de Chile que aclare cómo su política de cambio climático cumple con sus obligaciones legales bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y sus obligaciones bajo el Acuerdo de París, motivo por el cual Fundación Terram junto a ONG Fima y Movimiento ChaoPescao presentaron ante esta instancia el Informe paralelo presentado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para el examen de la Lista de cuestiones relativas a la República de Chile, por el Grupo de trabajo anterior a la 66ª reunión del Comité (9 al 13 de marzo de 2020).

En este informe se realiza un repaso de los compromisos climáticos de Chile, entre los que destaca el objetivo de alcanzar la carbono-neutralidad en 2050. Para alcanzarlo, se observa que el país debe reducir su dependencia de los combustibles fósiles y, especialmente, de las centrales de carbón, las cuales tienen un impacto particularmente grave y directo en el derecho a la salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Cabe señalar que en Chile, hasta 2019 operaban 28 termoeléctricas a carbón, las cuales se ubicaban en cinco zonas que son las denominadas “Zonas de Sacrificio”, las que destacan por la marginación y vulneración a las que han sido sometidas, debido a la poca eficacia con que ha actuado el Estado de Chile frente a sus problemáticas ambientales.

Por lo mismo, Fundación Terram, ONG Fima y el Movimiento ChaoPescao, presentaron este informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que, en su lista de cuestiones previas a la presentación de informes a Chile, solicite al Gobierno proporcionar información adicional sobre la adecuación y eficacia de su política climática en el contexto de sus obligaciones jurídicas y sociales con las comunidades más vulneradas al día de hoy en un contexto de Emergencia Climática.

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