En octubre de 2019, el Alto Tribunal condenó a los catalanes Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turrull y Dolors Bassa como autores de un delito de sedición y malversación agravada con las mayores penas, 13 y 12 años. En la actualidad, el Gobierno se encuentra trabajando para modificar el Código Penal y reducir las condenas.
El Gobierno español está trabajando en la reforma del Código Penal con la introducción de un subtipo de sedición agravada de caudales públicos. De este modo, se favorecerá a los condenados por el procés catalán reduciendo las penas de prisión e inhabilitación.
Asimismo, el Ejecutivo cuenta con la posibilidad de introducir en la reforma del Código Penal una disposición transitoria detallando cómo se debe llevar a cabo la «revisión de sentencias» para el delito de sedición como se hizo en reformas del Código Penal anteriores llevadas a cabo en 1995, 2010 y 2015. De este modo, el Tribunal Supremo tendría recogido de qué manera aplicar la legislación más favorable para Oriol Junqueras y sus compañeros de banquillo.
A través de esta modificación legal se podrán conseguir dos objetivos; por un lado, una rebaja considerable de las condenas impuestas por el Alto Tribunal y, por otro, sortear el obstáculo que supone que las penas más altas sean por sedición en concurso medial con malversación. «Dicho en otras palabras, así se evita que, si hubiera una rebaja considerable de las penas por sedición, la malversación —en este caso una malversación agravada— pasara a ser el delito principal de cara a la inhabilitación para cargo público».
El Ministerio de Justicia ha confiado la configuración del borrador del nuevo Código Penal a un grupo de expertos penalistas entre los que se encuentra el catedrático de la Universidad de Valencia, José Luis González Cussac o el catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid Francisco Javier Álvarez.
Recientemente los centros penitenciarios de Lledoners (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) donde se encuentran cumpliendo prisión algunos exconsellers como Joaquim Forn y Dolors Bassa, acordaron aplicar el artículo 100.2 del reglamento penitenciario para permitirles salir de prisión con el objetivo de ir a trabajar y cuidar de familiares en edad avanzada.
Cortesía de Sputnik
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