Desde hace más de dos semanas, los trabajadores petroleros de Brasil mantienen una huelga en rechazo a las políticas de desmantelamiento y privatización de Petrobras, aplicadas por el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro y que atentan contra sus derechos y los del pueblo.
Se trata del paro más grande protagonizado por los petroleros del gigante suramericano en los últimos 25 años, ya que incluye a más de 20.000 trabajadores de 116 unidades operativas, de al menos 13 estados.
A la protesta se sumaron este lunes las más grandes asociaciones y sindicatos de transportistas, con la amenaza de paralizar el país y generar graves consecuencias económicas.
El pasado 1 de febrero, la Federación Única de Petroleros (FUP) y la Central Única de Trabajadores (CUT) iniciaron una huelga indefinida en protesta contra los despidos masivos de 1.000 trabajadores de la Fábrica de Nitrógeno de Paraná (Fafen-PR), tras el anuncio de su cierre.
Sin embargo, ante la magnitud de la protesta, la jueza Rosalie Michaele Bacila Batista, del Tribunal Regional del Trabajo de Paraná, decidió suspender los despidos hasta el 6 de marzo, para que se puedan abrir las negociaciones entre las partes.
El medio Brasil de fato entrevistó al titular de la FUP, Deyvid Bacelar, quien confirmó la suspensión de los despidos, aunque aseguró que la huelga de los petroleros se mantiene porque otros reclamos están pendientes.
«Para que se suspenda la huelga necesitamos que la administración de Petrobras también suspenda, o se vea obligada a suspender, las medidas arbitrarias y unilaterales implementadas sin tener en cuenta la negociación colectiva y sus foros que están garantizados en nuestro acuerdo laboral colectivo», aseveró, en referencia a las transferencias masivas y el uso de objetivos de seguridad, salud y medio ambiente como criterios para pagar bonos y otorgar ventajas.
Cómo el Gobierno justifica los despidos
Según los actuales directivos de la empresa, la planta es deficitaria y por eso no ha sido posible venderla luego de dos intentos frustrados, motivo por el cual decidieron cerrarla, sin importar cuántos trabajadores quedarían en la calle.
El cese de la empresa también atenta contra los intereses estratégicos de Brasil, uno de los mayores productores de alimentos del mundo, que demanda una alta suma de fertilizantes para la producción agrícola.
Además de Fafen-PR, el Gobierno también amenaza con cerrar Fafen-BA y Fafen-SE, que juntas han producido aproximadamente el 15 % de la demanda de fertilizantes de nitrógeno en el Brasil.
Sin embargo, aunque la decisión fuera promover el cierre de la planta, la dirección de Petrobras podría ofrecer a estos trabajadores la posibilidad de trasladarse a otras unidades de la corporación, como se ha hecho innumerables veces en interés de la empresa.
Los trabajadores que participan en la huelga exigen el cumplimiento del convenio colectivo firmado en octubre de 2019, el cual establece que, en caso de despidos masivos, la empresa está obligada a negociar los términos del proceso con los sindicatos.
Desmantelamiento de Petrobras
Tras la destitución de Dilma Rousseff, en agosto de 2016, se destapó la amenaza del desmantelamiento y privatización de Petrobras por la administración neoliberal de Michel Temer.
Sin embargo, con la llegada de Jair Bolsonaro esta amenaza cobró más vida con el plan trazado por su ministro de Economía, Paulo Guedes, egresado de la Escuela de Chicago, quien busca reducir a mínimos el tamaño del Estado.
Guedes puso al frente de Petrobras a Roberto Castelo Branco, quien está convencido de que el Estado no debe participar en negocios donde hay privados que se dedican a ello.
De hecho, el objetivo es que la empresa se especialice sólo en el área de producción, dejando a un lado a las refinerías y gasolineras.
“Bolsonaro puso a Roberto Castello Branco al frente de la estatal para destruirla y repartir nuestras riquezas entre los representantes del capital financiero (…) Los efectos de esta política ya se sienten en la población. Se han cerrado millones de puestos de trabajo, lo que ayuda a explicar la explosión del número de desempleados y el aumento abusivo del precio de la gasolina, el gasóleo y el gas de cocina. Además de la paralización de las obras y la interrupción de la construcción de buques, plataformas y aparejos, la dirección de Petrobras comenzó a practicar el precio internacional del combustible en Brasil”, condenó Esquerda Online en un editorial.
Bajo la administración de Bolsonaro, los precios de los combustibles fueron liberados y el costo para los sectores más pobres es asfixiante. Los reajustes se realizan en función del precio en dólares, y durante las últimas semanas el precio de la moneda estadounidense se disparó a 4,30 por real, lo que supone un aumento de 17 % con respecto a los 3,68 reales que marcó al cierre de 2019.
Otra de las denuncias que presentan los gremios petroleros es que hace seis años las refinerías brasileñas operaban al 95 % de su capacidad, mientras que antes de la huelga lo hacían por debajo del 70%, por lo que Brasil pasó nuevamente a ser importador de combustible.
“El paquete de privatización de Petrobras es tan perjudicial para la población que hizo que Petrobras redujera la carga procesada en sus refinerías para forzar un aumento de las importaciones y equiparar el precio practicado en el país con el precio internacional”, subrayó Esquerda Online.
Huelga firme pese a las amenazas
La huelga ha reunido a trabajadores de 43 plataformas petrolíferas, 11 refinerías, 18 terminales, 7 campos petrolíferos terrestres, 5 centrales termoeléctricas, 3 bases administrativas, 3 unidades de procesamiento de gas, un complejo petroquímico y una planta de biocombustibles, entre otras instalaciones. Cada día se suman más petroleros, a pesar de la intransigencia de la dirección de Petrobras, del TST (Tribunal Superior del Trabajo) y del STF (Tribunal Supremo Federal).
El TST, mediante una decisión autoritaria del ministro Ives Gandra Martins Filho, exigió a los sindicatos que mantuvieran trabajando al 90 % de la fuerza laboral, bajo pena de una multa millonaria, lo que en la práctica prohíbe el derecho a la huelga.
Las penalidades serían de 500 mil reales diarios (114 mil dólares) para la FUP y los sindicatos adheridos del Norte Fluminense, Bahía y Espirito Santo; y de 250 mil reales (57 mil dólares) para los otros gremios.
Asimismo, el ministro Martins Filho declaró ilegal la huelga y señaló que Petrobras podría despedir por justa causa a los trabajadores que participan en la protesta y reducirles sus salarios.
Se suman los camioneros
La Asociación Nacional de Transportistas Autónomos de Brasil (ANTB) anunció un paro contra la política de precios de los combustibles del Gobierno de Bolsonaro y ratificó su apoyo a la huelga indefinida de los trabajadores de Petrobras.
“Los camioneros exigen el fin del llamado Precio de Paridad de Importación (PPI), practicado en las refinerías de petróleo desde 2016, ya que causa elevados importes de los combustibles en el mercado interno”, reseñó el portal Brasil de Fato, citando una carta enviada por la ANTB al presidente ultraderechista, y a 27 gobernadores.
El presidente del Sindicato Independiente de Trabajadores de Carreteras, Alex Viviani, informó que la huelga comenzó este lunes 17 de febrero en el puerto de Santos, en el estado de Sao Paulo, que es uno de los más grandes de Brasil.
Los camioneros protestaron a pesar de una medida cautelar emitida por la Justicia de Brasil que impedía el bloqueo a los accesos del puerto entre los días 17 y 21 de febrero. Su incumplimiento podría generar una multa de 45.000 dólares diarios.
En paralelo, la Asociación Brasileña de los Conductores de Vehículos Automotores (Abrava) indicó que también tiene previsto secundar el paro para presionar al Tribunal Supremo de Brasil, que aplazó una sesión en la que tenía previsto analizar la constitucionalidad del establecimiento del flete mínimo.
El establecimiento de un valor mínimo para fletes fue una de las principales reclamaciones de los camioneros durante la huelga que protagonizaron en 2018, bajo el Gobierno de Michel Temer, que paralizó al país durante 11 días y dejó graves consecuencias económicas.
El presidente de Abrava, Walace Landim, explicó a la agencia EFE que los camioneros tienen previsto hacer un paro pacífico, sin comprometer el tráfico, pero advirtió que si se anula la ley del flete, mínimo, bloquearán las principales carreteras del país, como hace dos años.
Alerta de desabastecimiento
Petrobras ha señalado que la huelga «injustificada» no ha provocado mayor «impacto» en la producción de «petróleo, combustibles y derivados».
Sin embargo, la FUP advirtió que la intransigencia de la gestión del presidente de la empresa, Roberto Castello Branco, al negarse a negociar con los trabajadores en huelga, amenaza el suministro de combustible a la población brasileña.
«Sí, es posible tener una escasez en el mercado de productos petroleros a partir de la próxima semana, debido a la intransigencia de la administración», advirtió el director de FUP, Deyvid Bacelar.
«Prepárese, llene sus autos, camiones, compre gas para cocinar, porque quieren promover de manera premeditada la escasez nacional para culpar a los petroleros«, indicó.
Mientras tanto, los sindicatos han emprendido acciones para abastecer a la población de cilindros de gas subsidiados en siete estados: Amazonas, Pernambuco, Bahía, Espírito Santo, Río de Janeiro, São Paulo y Rio Grande do Sul, «para que la población puede tener acceso a combustibles a precios justos».
Huelga decisiva para el destino político de Brasil
El resultado de la huelga tendrá un gran impacto en el destino político de Brasil, ya que se enfrenta a la política neoliberal de Bolsonaro de privatizar y cercenar derechos para complacer al capital privado.
“Después del tsunami de la lucha educativa contra la intromisión en la autonomía universitaria y los recortes presupuestarios ocurridos en mayo de 2019, éste es, por lejos, el acontecimiento político más importante desde el punto de vista de los trabajadores”, indicó el analista Antonio Soler, en un artículo publicado por Izquierda Web.
El cierre y los despidos de la planta de fertilizantes Fafen- PR son apenas la punta del iceberg del camino sin retorno para la privatización de Petrobras trazado por Bolsonaro.
No obstante, la privatización de activos estatales no se realiza de golpe, como ocurrió en los años ’90, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), sino que ahora Petrobras va realizando esporádicas ventas de su paquete accionario.
Durante el primer semestre de 2020, Petrobras habrá visto reducido su tamaño en 13 %, con la oferta pública de acciones y la retirada del paquete accionario de la empresa de bancos públicos, como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y Caixa Económica Federal.
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