«Empezaron a aplastarme la cabeza contra el cemento»: el duro relato de una víctima de Carabineros

Aunque sea exagerado decir que en Chile se vive una dictadura, el joven de 31 años subraya que las fuerzas de seguridad actuaron como un grupo de tareas

Álvaro D. estaba protestando contra el sistema en la Ruta 5 Sur, justo en la puerta de acceso a la ciudad de Linares, Región del Maule. Era 21 de octubre, Chile transitaba sus primeros días del estallido social y en casi todo el país sudamericano buena parte de la población comenzaba a revelarse contra las autoridades para exigir cambios en el modelo económico, pidiendo derechos básicos como pensiones dignas, educación gratuita y mayor equidad. 

Cuando Carabineros comenzó a tirar gases lacrimógenos, cuenta, todos empezaron a correr, y el entrevistado perdió de vista a sus conocidos. Sin embargo, un pequeño grupo de 12 personas tenía la intensión de enfrentar a los uniformados, pero D. insistía en que se replegaran: «Si no, nos iban a sacar la cresta», señala. En medio de la retirada, intentaron entrar a un terreno atravesando una reja, para resguardarse, y uno a uno fueron ingresando. Pero cuando llegaba el turno de este chileno de 31 años, nos dice que fue capturado por un efectivo policial. «Sentí un golpe en la cabeza, caí al suelo y quedé medio atontado», recuerda.

Según su relato, comenzó una feroz golpiza, en nombre de la paz y el orden público: «Me pegaron en todo el cuerpo. Primero fue un ‘huevón’ de fuerzas especiales, se sumaron dos o tres y me empezaron a patear. Nunca les vi las caras, lo evitaban para no ser reconocidos». Y los tormentos habrían seguido. Así, indica que lo tiraron al suelo, lo esposaron y hasta le expresaron que iban a implantarle algo en su mochila para inculparlo, como una bomba molotov.

En la transcripción de la audiencia del 22 de octubre en el Juzgado de Garantía de Linares, se lee la versión del joven: «Sostiene que fue agredido con golpes de pies y con un casco, y que fue amenazado en un pastizal, lugar donde le habrían señalado que lo llevarían a otro lado y lo iban a matar». 

El entrevistado subraya que, una vez dominado, los representantes del Estado lo zamarrearon, cruzaron la carretera y se aproximaron hacia donde estaban las camionetas policiales, para llevárselo detenido. Antes de subirlo al vehículo, los agentes se habrían hecho tiempo para desquitarse un poco más, afirma: «Me volvieron a tirar al piso, esposado, y empezaron a aplastarme la cabeza contra el cemento. Lo único que pensé, es que me iba a morir». 

Actuar como un grupo de tareas

Álvaro nos cuenta que casi perdió la conciencia, pero mientras continuaban las golpes, lo subieron al vehículo: «La camioneta dio vueltas un rato, imagino que para no saber donde andábamos», repasa. También agrega que, con nuevos puñetazos y ahorcamientos incluidos, lo bajaron del medio de transporte para trasladarlo hacia otro carro. Antes, lo habrían tirado al suelo para patearlo nuevamente. «No sé ni dónde estábamos», señala, reflejando que la presunta medida distractiva había funcionado. Entre tanto, le preguntaban dónde tenía las supuestas bombas molotov. 

Tras esas aparentes torturas, fue llevado a la Comisaría Primera de Linares, donde estuvo privado de su libertad unas 12 horas, entre las 22 y las 10 de la mañana del día siguiente. Luego, tuvo que ir a la Fiscalía porque «montaron una causa» en su contra, por presuntos delitos de desorden público, en el marco de la Ley de Seguridad del Estado. 

Así, en la investigación oficial se lee que el entrevistado y otros manifestantes «fueron sorprendidos por funcionarios de Carabineros ejecutando desórdenes públicos consistentes en barricadas de fuego, que colocaron al centro de la calzada, interrumpiendo el normal tránsito vehicular». Según las autoridades, estaban «lanzando objetos contundentes, esto es, palos y piedras, tanto a las personas y los vehículos que transitaban por dichas vías, como a los policías». Sin embargo, D. niega haber participado de esos disturbios.  

Aunque sea exagerado decir que en Chile se vive una dictadura, subraya que las fuerzas de seguridad actuaron como un grupo de tareas. De hecho, en el informe oficial sobre su detención solo aparece el segundo grupo de Carabineros. Sobre el primero, que habría propinado golpizas y otros ataques, no hay registros: «Nadie sabe quiénes fueron, no figuran en el parte de detención».

La investigación que debe afrontar avanza en su cuarto mes, aunque se esperaba que duraría tan solo tres. Álvaro siente que estiran el caso para perjudicarlo, y atemorizar a otros protestantes, pero cuando termine esta etapa planea presentar una querella contra Carabineros: «Hay una persona que cayó detenida en el mismo furgón, y está dispuesta a declarar. También tengo la constatación de lesiones del Servicio Médico Legal», comenta. En ese documento, se aclara que los daños corporales «fueron provocados por terceros», mediante «golpes de puño, patadas, maza, luma u otro elemento similar». Por lo pronto, ya radicó su propia denuncia en la Fiscalía.  

Si se compara con otras víctimas, Álvaro podría considerarse un afortunado: no perdió un ojo por un perdigón, no fue abusado sexualmente ni tampoco brutalmente asesinado. Sin embargo, las lesiones lo dejaron un mes sin poder caminar, y ahora se moviliza con mucha dificultad. Los dolores de espalda y cadera son grandes, y estar parado es todo un desafío: «Me cuesta encontrar trabajo por eso. Para la mayoría de los empleos en Linares, ya no sirvo». 

«La Justicia debe ser más rápida y eficaz»

El jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Rodrigo Bustos, le explica a este medio que generalmente los detenidos suelen ser liberados al cabo de algunas horas, en gran medida implicados en el delito de desorden público. «La mayor cantidad de detenciones se produjo en las primeras semanas», aclara. No obstante, señala que «una baja proporción» también es enviada a la cárcel por más tiempo, con imputaciones contempladas en la Ley de Seguridad Interior del Estado. «Fuimos muy críticos de esta normativa, igual que la Antiterrorista, porque significa una clara persecución que afecta varias garantías procesales», advierte el abogado.

Según los datos del Ministerio Público, más de 2.500 individuos permanecieron privados de su libertad por un tiempo considerable en el marco del estallido social. Muchos de ellos todavía permanecen en prisión preventiva bajo distintas acusaciones, aunque «robo en lugar no habitado», es decir, saqueo, es una de las causales más habituales. Por su parte, Bustos menciona que desde el inicio de las manifestaciones el INDH pudo corroborar que al menos 9.794 personas pasaron por alguna comisaría, aunque la cifra completa podría ser mayor. Entre los detenidos, 1.133 eran menores de 18 años: «Eso es más del 10 %. Varias de las vulneraciones de derechos, también han sido a niños y adolescentes», alerta.  

Durante la revuelta popular, el INDH recibió denuncias por abusos de autoridad, e inició medidas legales para colaborar con las víctimas por situaciones de torturas, malos tratos o violencia sexual. Sin embargo, de las 900 querellas presentadas por posibles violaciones a los derechos humanos, solo 16 acabaron «formalizadas». Es decir, en muy pocas causas la Fiscalía chilena determinó que hay implicados que deben ser imputados, para que el caso prosiga en la investigación de los hechos. «En general, los avances judiciales han sido muy lentos. La mayoría todavía no llega a esa etapa inicial», lamenta Bustos.

En ese marco, del total de las presentaciones, al menos la mitad fue por posibles delitos «en lugares de detención», mientras que el resto habría ocurrido «en manifestaciones, con heridos o muertes». Asimismo, de los casos donde Fiscalía determinó imputaciones, solo uno es por agresiones sexuales. Mientras tanto, las acusaciones de violaciones que involucran a las fuerzas de seguridad, causan indignación en la población. «Se han encontrado personas muy afectadas psicológicamente, y para el equipo del Instituto ha sido bien desgastante recibir tantas denuncias, sobre derechos humanos en general y abusos sexuales en particular. No había sucedido con esta magnitud en años anteriores», describe el entendido. 

Aunque exista buena voluntad, «los casos de violencia institucional no son fáciles de investigar», explica. Por ejemplo, ante denuncias por el uso irregular de perdigones, es complicado comprobar quién fue el uniformado que disparó, más allá de las directivas institucionales. Y sobre los ataques de índole sexual, es difícil recoger evidencias. Sin embargo, el letrado insiste en que «el sistema de Justicia debe avanzar de manera más rápida y eficaz». Al respecto, ese experto detalla algunas claves para que se desarrollen los casos: «Se pueden buscar testigos y ver las cámaras de la dependencia policial para saber qué autoridades entraron a una celda. Se debe valorar el relato de la víctima». En ese tono, promete: «Vamos a buscar que todos los delitos se aclaren y que haya justicia».

Doble vara

El 31 de enero, la Fiscalía de Chile publicó estadísticas sobre denuncias de manifestantes y, también, las escasas consecuencias que afrontan los organismos de seguridad. En efecto, detalló que desde el 18 de octubre hasta el 30 de noviembre hubo 5.558 posibles víctimas que afirman haber sufrido violaciones a los derechos humanos.

«Sobre el lugar en el que se cometieron los actos de violencia institucional, 3.798 personas indican que ocurrieron en la vía pública, y 582 habrían sido perpetrados en comisarías, brigadas policiales o recintos militares», dice el Ministerio Público. Otros testimonios se parecen más a los tiempos de Pinochet que a la democracia del 2020: «72 denunciaron que los hechos habrían ocurrido al interior de sus domicilios particulares, 202 en carros policiales y 79 en locales comerciales». 

En aquellas denuncias hay 1.938 posibles lesionados por armas de fuego —285 con daños oculares—, pero también se destacan 134 aparentes casos de tortura, sumado a los delitos de connotación sexual: «192 personas habrían sufrido desnudamientos y 67 habrían enfrentado hechos constitutivos de violación o abuso», informa Fiscalía.  

Pero, vayamos a la rendición de cuentas. Hubo 4.170 personas que señalaron a Carabineros como responsable de los ataques, 244 denuncias contra el Ejército, 96 para la Policía de Investigaciones y 27 recaen sobre miembros de la Armada. A pesar de la enorme cantidad de acusaciones, solo «existen 38 agentes del Estado formalizados en la Justicia por uno o más delitos». Y a nivel administrativo, Carabineros «individualizó» a 294 efectivos, cuestionados por su accionar. 

La información más grave es sobre víctimas fatales: se registraron 31 fallecimientos en el marco del estallido, pero solo cuatro son atribuibles a servidores públicos, mientras que otros dos ocurrieron en comisarías, bajo custodia. 

En contrapartida, las imputaciones para los protestantes se multiplican por más de 600, literalmente: al menos hasta el 29 de noviembre, Fiscalía confirmó 23.449 formalizados. «Ello da cuenta de un importante aumento en la carga de trabajo del sistema de justicia penal», subrayan. Y por las dudas, aclaran: «Las detenciones se han declarado legales en el 96 % de las Audiencias de Control de Detención (ACD)». Para acusar a manifestantes, el Ministerio Público es muy expeditivo.

«Es difícil afrontar el encarcelamiento de un familiar»

En ese país del Cono Sur, muchos piensan que actualmente hay presos políticos, aunque esa visión no es compartida por el INDH. Así, a raíz de las detenciones que se producían en el marco de la revuelta más grande en la historia local, en diciembre se formó la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre.

Aquel grupo nació ante «el desconocimiento de la cantidad de presos, y en qué condiciones se encontraban», cuenta Tania Riquelme, una de sus miembros. Además de intentar registrar las detenciones, como se pueda, allí brindan tareas de contención, «por lo difícil que es afrontar el encarcelamiento de un familiar por primera vez».

La Coordinadora, de carácter autogestionado, también desarrolla asambleas en distintas regiones para hacerle frente a la violencia institucional, con diversas actividades grupales. Por su parte, Riquelme señala que «las detenciones suelen ser violentas», con muchas vivencias personales traumáticas, aunque considera que las consecuencias son colectivas, porque el contexto atraviesa a todos los chilenos. 

Y destaca: «En muchos casos no hay pruebas, y los chiquillos siguen ahí, presos».

Leandro Lutzky/RT

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