Almagro: el agente

Por Alejandro Navarro Brain

A estas alturas, ya nadie podría dudar que la Organización de Estados Americanos (OEA), creada en 1948, es y ha sido un organismo dedicado a mantener la hegemonía de los Estados Unidos en América Latina, desde los tiempos de la posguerra, hasta los días de hoy; más aún, cuando por ejemplo en 2015, el país de Trump llegó a financiar el 52% del presupuesto anual de la institución. De ahí el apelativo de “Ministerio de Colonias”, con el que se le conoce en Nuestra América.

            Por ello, no es novedad tampoco, que la OEA haya sido un organismo servil para la desestabilización de los gobiernos progresistas de la Patria Grande, como consta en las sanciones comerciales contra Cuba. Y sin embargo, el ciclo inaugurado por Luis Almagro como Secretario General del organismo, goza de una particularidad  y es que, en sintonía con los tiempos, los Estados Unidos han puesto a un personaje polémico y desprolijo, que disfraza la perversión del capitalismo. Así como Trump, Bolsonaro, Salvini, Piñera: Almagro.

            La nueva estrategia del poder, que consiste en camuflar los crímenes más perversos tras la máscara de un líder polémico, que desvía la atención de la opinión pública hacia sus imprudencias, para que pasen inadvertidas sus perversiones,  llegó a la Organización de Estados Americanos, e hizo de ella un organismo cómplice de crímenes de lesa humanidad.

            Almagro, quien –por cierto– nunca ha aclarado los motivos de su abrupta salida de Irán como embajador, intentó disfrazarse de democrático, pero los uruguayos del Frente Amplio, que algo saben de democracia, no pasaron por alto sus agresiones, y en diciembre de 2018 el Tribunal de Conducta Política lo expulsó. El líder del Frente Amplio, Pepe Mujica, fue categórico “Lamento el rumbo por el que enfilaste…por eso formalmente te digo adiós y me despido” –le dijo–.

            Y cómo no lamentarlo, si dentro de sus acciones como Secretario General de la OEA, Almagro abrió la puerta a una intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela, pidió la aplicación de la Carta Democrática y en una bullada declaración, intentó fustigar el último proceso constituyente del pueblo de Bolivar, mediante un vídeo en el que le inventó –si, leyó bien, inventó– categorías jurídicas que no existen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para acusar el proceso de inconstitucional.

            En paralelo, Almagro, en coordinación con el Departamento de Estado Norteamericano, montó el grupo de Lima, después de que su posición contra Venezuela perdiera en la Asamblea General de la OEA. Entre los integrantes de dicho grupo estaban sus amigos: Macri, que perdió las últimas elecciones y dejó a Argentina con la deuda externa más grande de la historia y la pobreza en más de un 35%; Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar por corrupción a la presidencia del Perú; Michel Temer, corrupto presidente interino del Brasil con más de seis causas de corrupción a sus espaldas, tras el golpe de estado contra Dilma Roussseff; y por supuesto, Sebastián Piñera, con una causa abierta en los Estados Unidos, por tráfico de influencias; entre varios otros gobiernos cercanos al gigante (egoísta) del norte.

            Todo esto, mientras la OEA guardaba un silencio cómplice con las violaciones a los derechos humanos en Haití, y posteriormente respaldaba a los gobiernos de Ecuador (Lenin Moreno), cuando asesinaba indígenas en las protestas de comienzos de octubre de 2019 y de Chile (Sebastián Piñera), incluso después de las decenas de asesinados y los más de cuatrocientos mutilados en cuatro meses de protestas.

            Y sin embargo, las cosas no terminaron ahí. El 25 de octubre pasado, el Presidente Evo Morales fue reelecto con un 47,08% de los votos, contra un 36,51% del candidato opositor Mesa. La oposición desconoció el resultado, acusando que el proceso tuvo vicios.

 El mismo Presidente Morales, en un acto de total transparencia, pidió una auditoria de la OEA. A sabiendas de que los resultados eran verídicos, el 10 de noviembre la oposición,  mediante el Comandante en Jefe del ejército Williams Kaliman –que 72 horas después arrancó a Estados Unidos, con un millón de dólares en su cuenta–, dio un ultimátum al Presidente.

Dieron un golpe de Estado. Secuestrando y amenazando de muerte a líderes oficialistas y sublevando a las fuerzas armadas, obligaron al Presidente Morales a renunciar, con el pretexto de un informe preliminar de la OEA, que dictaminaba un fraude electoral.

            El 25 de noviembre quince días después del pronunciamiento de la OEA, la misma OEA, reconoció a Alfredo Serrano del Centro Estratégico de Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que no existía ningún informe definitivo al respecto. Y como si fuera poco, el pasado 27 de febrero, en un artículo publicado en The Washington Post, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), dieron un golpe lapidario al informe de Almagro: ¡No hubo fraude en Bolivia! ¡El único fraude fue el informe de la OEA!

            El golpe de estado, que llevó a la cabeza del gobierno a Jeanine Áñez, ha sido de las perversiones más grandes que ha maquinado Almagro: 36 asesinados, cientos de detenidos ilegales y miles de heridos, ha sido el saldo preliminar que ha dejado la presidenta ilegítima y sanguinaria, que tomara el control de la promesa económica del progresismo latinoamericano. Todo ante el silencio de la Secretaría General de Almagro.

            Una cosa que a estas alturas es clara. Luis Almagro es un agente de la CIA, puesto como Secretario General de la Organización de Estado Americanos para desestabilizar gobiernos y perseguir a cualquiera que ostente mínimos grados de independencia en su política exterior. 

            Pero el crimen no puede disfrazarse de democracia, y tarde o temprano, las caretas se caen. Luis Almagro es un criminal, responsable de un golpe de Estado y del asesinato de decenas de compatriotas. Las instancias internacionales tendrás que pronunciarse.

Por Alejandro Navarro Brain

Senador y Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Chile