El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michel Forst, aseveró este miércoles que “Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina», publicó Telesur.
A través de su cuenta en Twitter, el funcionario hizo referencia a una de las conclusiones correspondientes al informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos (DD.HH.) de la ONU, con relación a la actual situación que viven los defensores en esa nación.
«En mi informe he identificado tres tendencias principales: Un alto número de asesinatos de defensores. Desde 2016 hasta junio de 2019, Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de defensores en América Latina», enfatizó.
De acuerdo al informe, «las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger sus comunidades».
Asimismo, el documento refiere que las defensoras de derechos humanos son propensas a ser «objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques».
Aumenta la tensión entre el Gobierno colombiano y la ONU
Colombia sigue siendo el país de América Latina donde se asesinan a más defensores de derechos humanos, “y las amenazas se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”, asegura el relator especial de la ONU Michel Forst., reseñó, por su parte, el diario español El País.
El riesgo, además, ha aumentado en los tres años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Esas crudas conclusiones, que presentó este miércoles en su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, han aumentado la ya elevada tensión entre el Gobierno de Iván Duque y Naciones Unidas.
Las personas en mayor riesgo son los líderes sociales “que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el acuerdo de paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medioambiente, frente a los intereses de actores estatales y no estatales, como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”, señala el informe.
También apunta que carecen de un reconocimiento público positivo, y a pesar de las declaraciones en las que Duque valora su papel, “otros actores estatales y no estatales” los deslegitiman y criminalizan.
Según el documento, los dirigentes políticos y funcionarios públicos, entre otros, estigmatizan a los activistas al tratarlos como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollos” o “informantes”.
En un nuevo episodio de la encendida polémica que lo enfrenta a distintas oficinas de Naciones Unidas, el Gobierno rechazó “tajantemente estas graves e irresponsables afirmaciones”, pues asegura que Forst “no aporta suficiente sustento fáctico para soportarlas” y “desconoce información proporcionada por el Estado durante su visita”, de manera que sus observaciones “no reflejan fidedignamente la situación actual del país”.
La paz no llega a toda Colombia
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), por otra parte, publicó este miércoles un comunicado para expresar su preocupación por las condiciones de vida de las poblaciones que se encuentran en zonas de conflicto, destacó Telesur.
Según el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, continúan las violaciones al derecho internacional humanitario y la desaparición de persona, registrándose 93 nuevos casos.
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