Wilma Alanoca Mamani, exministra de Culturas y Turismo de Bolivia, continúa refugiada en la misión diplomática mexicana desde los conflictos de noviembre de 2019, en este sentido, la cancillería del gobierno de facto remitió a la Embajada del país azteca un requerimiento fiscal en el que solicita la asistencia para que la exfuncionaria rinda declaraciones.
La canciller Karen Longaric, informó que su despacho recibió una solicitud de la Fiscalía General del Estado “pidiendo que hagamos conocer el requerimiento fiscal para la señora Alanoca”, difunde Eju.
Ante este contexto, Longaric manifestó que han notificado a la Embajada de México, para que siga el procedimiento que corresponda, «Sería facilitar la asistencia de la señora Alanoca a prestar declaraciones o lo que correspondiera de acuerdo con el requerimiento fiscal”, expresó la canciller de Áñez.
Alanoca está acusada de presuntos actos de instigación a la violencia luego del golpe de Estado contra Evo Morales.
Además, cuatro exfuncionarios del Ministerio de Culturas fueron encarcelados por presuntamente elaborar bombas molotov en dependencias de esa cartera de Estado, según para utilizarlas contra los manifestantes que pedían la renuncia de Evo Morales.
En ese sentido, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión para Alanoca y el Gobierno nacional anunció que no se le otorgará el salvoconducto.
En un reportaje publicado en The Washington Post se señala que en el país altiplano se desata “una ola de persecución política”.
En el reportaje se puntualiza que incluso políticos que una vez respaldaron a Añez, afirman que su administración ha usado amenazas e intimidación para consolidar el poder.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), también se ha pronunciado en torno a la persecución política en la nación andina, y es que el enviado personal del secretario general de la ONU a Bolivia, Jean Arnaul, señaló a través de un comunicado que el organismo que representa realizaría un monitoreo con respecto a los derechos humanos, al destacar, que es esencial que no exista persecución política.
En el escrito se rechaza el abuso de procedimientos judiciales, y se resalta la importancia del respeto y garantías del ejercicio del derecho político y del debido proceso.
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