La Asamblea Movilizada de La Pincoya (comuna de Huechuraba), junto a la Asamblea de Estudiantes y Jóvenes de la misma población, y la Brigada de Primeros Auxilios «Luchando Por la Dignidad», emitieron una declaración pública para denunciar una serie de graves hechos de represión ocurridos en las últimas semanas.
«Desde el 18 de octubre del 2019 los pobladores y pobladoras de La Pincoya hemos debido afrontar graves y sistemáticas violaciones a nuestros Derechos Humanos por parte de agentes del Estado (Ejército, Carabineros y la PDI) solo por el hecho de manifestarnos y luchar por un futuro mejor para nuestra comunidad y nuestras familias», señala la declaración.
Los vecinos explican que la violencia de los organismos represivos se ha manifestado en ataques con bombas lacrimógenas, perdigones de acero, balines (disparados por pistolas de aire comprimido), postones, piedras y fragmentos de bolitas (canicas) lanzadas con hondas desde el interior de la 54 Comisaría, fuera de todo protocolo, afectando a manifestantes, transeúntes y niños y niñas.
Asimismo, denunciaron ataques al SAPU del sector (el que ha sido gaseado más de tres veces con pacientes en su interior) y a las brigadas de primeros auxilios constituidas por vecinos y vecinas para prestar ayuda a heridos y afectados por la represión.
A esto se suman «las bombas lacrimógenas lanzadas intencionalmente a los techos de nuestras casas, con el objeto de provocar incendios, los cuales han estado a punto de consumir por completo algunas de las viviendas afectadas, y los controles de identidad basados en la mera sospecha discriminatoria, las detenciones injustificadas en contra personas que nada tenían que ver con las manifestaciones, los ingresos ilegales a viviendas en busca de manifestantes y las golpizas a detenidos», agrega el documento.
En este punto, mencionaron el caso de un vecino que tras ser detenido fue abandonado en Ciudad Empresarial, situación similar a la de muchos otros detenicos, a quienes se les dejó abandonados en lugares alejados de la población.
Un punto especialmente grave son los ataques a menores de edad, incluyendo a los estudiantes secundarios y a niños y niñas, que han debido soportar bombas lacrimógenas en sus escuelas, la persecución de vehículos de Carabineros al grito de “corre más rápido o te atropellamos”, o las amenazas de ser internados en el Sename para no ver más a sus padres. También han habido intentos de atropellos a manifestantes.
Se las ingenian para hacer daño
Los vecinos de La Pincoya denunciaron también la utilización, por parte de Carabineros, de vehículos policiales con lacrimógenas amarradas para gasear pasajes con y sin manifestaciones, y la presencia permanente de drones y helicópteros, los cuales, indicaron «atentan contra nuestra salud física y mental y nuestro derecho a la privacidad».
Misoginia
La misoginia es otro de los aspectos denunciados por los pobladores. Según acusaron, las mujeres de La Pincoya son tratadas, en forma permanente por Carabineros, como «prostitutas u otros apelativos similares, cargados de sexismo discriminatorio (por decirlo de manera suave), y realizan comentarios denigrantes refiriéndose a su aspecto físico, como su peso, edad, apariencia».
También se ha registrado el robo y/o destrucción de cédulas de identidad y pases escolares, la aplicación de gas pimienta en los espacios públicos para evitar que se reúna la comunidad, el uso de agentes y vehículos de civil para vigilar y detener a vecinos y vecinas, entre otros ejemplos del accionar represivo.
«Lo anterior es una muestra de una realidad cotidiana en los últimos 4 meses y medio y que demuestran que existe una política planificada para acabar con las manifestaciones en La Pincoya a través de la represión y el miedo, es decir, a través de la aplicación del Terrorismo de Estado», añadieron los vecinos.
La complicidad de los grandes medios
«En estos meses, los grandes medios solo se han referido a nuestra población para tacharnos de delincuentes e intentar vincularnos al narcotráfico, desconociendo las reales causas del descontento social. Por otra parte, ningún organismo estatal ni internacional de Derechos Humanos se ha hecho presente para escuchar nuestra voz, por lo que los pobladores y pobladoras hemos debido constituir nuestras propias brigadas de Derechos Humanos, estableciendo vínculos y relaciones con grupos de abogados para buscar la orientación necesaria en estos momentos de tanta violencia policial».
«A lo anterior debemos sumar la existencia de un municipio y un alcalde ausente que ha preferido encerrarse en los sectores acomodados de la comuna, dejando a los y las pobladoras a su suerte. Ni el alcalde, ni la OPD, ni nadie ha hecho nada por resguardar nuestros Derechos Humanos, al contrario, han trabajado de la mano con Carabineros para fortalecer la vigilancia sobre los manifestantes (con las cámaras, por ejemplo), impedir las protestas estudiantiles y fomentar la impunidad represiva (con un SAPU que se ha rehusado en varias ocasiones a completar en los datos el detalle específico de “lesiones provocadas por carabineros” aun cuando las heridas o contusiones son observables a simple vista)».
«Abandonados por el Estado, el municipio y la institucionalidad en general, los pobladores y pobladoras de La Pincoya resistiremos y seguiremos en las calles peleando por nuestros derechos y hacemos directamente responsables al Presidente Sebastián Piñera, al Ministro del Interior Gonzalo Blumel, al General Director de Carabineros Mario Rozas, al alcalde de Huechuraba Carlos Cuadrado Prats y a los miembros del Consejo Municipal, por todos los abusos, atropellos, maltratos y violaciones a nuestros derechos políticos, sociales y humanos. ¡Ni sus balas ni su represión podrán acallar la voz del pueblo! ¡Seguiremos resistiendo!», concluye la declaración de los pobladores y pobladoras de La Pincoya.
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