La bancada del Partido Comunista presentó este lunes una iniciativa parlamentaria que busca suspender el cobro de las cuentas de la luz y el agua durante los próximos cuatro meses, con la finalidad de que los sectores más vulnerables no sufran un impacto económico al llevar a cabo las medidas sanitarias para evitar el contagio del Covid 19, tal como el aislamiento social y el mantenerse en los hogares.
La propuesta establece que al 60% de la población más vulnerable se le suspenda el cobro de las cuentas del agua y la luz, hasta junio del presente año. El costo en la implementación será a cargo de las utilidades de las empresas que entregan el suministro.
El jefe de la bancada del Partido Comunista, diputado Boris Barrera, sostuvo al respecto que “estamos frente a una situación excepcional y por ello es que se necesitan medidas profundas que ayuden a los sectores más vulnerables. A la preocupación por el estado de salud, no se le puede sumar una preocupación por la situación económica de las familias”.
“Por ello es que resulta necesario apuntar a políticas que permitan proteger económicamente a los sectores de más escasos recursos, quienes producto de la informalidad de su trabajo, no percibirán ingresos o estos se verán mermados de manera relevante a causa de las medidas aislamiento social”, afirmó el diputado.
Finalmente, Barrera subrayó que las empresas que proveen estos servicios deben hacer los esfuerzos necesarios para contribuir a paliar los efectos económicos inmediatos que provoca la pandemia en la economía nacional.
“La actual situación demanda que las personas o grupos que más puedan contribuir a soportar los efectos económicos flexibilicen la exigencia de los créditos de los cuales son titulares para impedir que las personas menos favorecidas paguen los costos de la crisis económico-social derivada del coronavirus”, detalló.
El proyecto señala que la suspensión del cobro de agua y electricidad se aplicará a quienes pertenezcan al sesenta por ciento de los hogares más vulnerables, según la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Por su parte, el costo asociado a la implementación de la iniciativa se imputará a las utilidades recibidas por las empresas proveedoras de los servicios señalados en el último ejercicio tributario y no generará posteriores obligaciones para los beneficiarios de esta ley.
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