El debate en torno al “modelo de desarrollo” vigente en el Chile de hoy es el eje central de las discusiones electorales de la coyuntura. Sus virtudes, sus beneficios, sus males, sus problemas, sus efectos y sus proyecciones se han convertido en las claves conceptuales, ideológicas y políticas para entender la dinámica no sólo presidencial, sino también de lo que va ocurrir en el próximo gobierno. Más modelo, menos modelo, tipo de modelo, otro modelo, etc, es lo que está en juego en la elección de noviembre.
El gobierno cívico-militar de Pinochet fue, sin duda, revolucionario. Curiosamente, la revolución no la hicieron los marxistas de la UP; al contrario, fueron las fuerzas conservadoras las que hicieron la “revolución en Chile”. No hubo revolución socialista ni comunista; hubo “revolución neoliberal”. No hubo dictadura de izquierda; hubo dictadura de derecha. Es más, no fueron las fuerzas populares lideradas por Allende las que asaltaron y tomaron el Estado por las armas y el miedo; fueron los herederos de la derecha actual los que jugaron ese rol.
Las fuerzas que tomaron el control de Estado transformaron Chile de manera revolucionaria. Su idea central era “refundar el país”; es decir, había que refundar el Estado, la política, la economía y la subjetividad. Era la gran oportunidad. Así lo hicieron. De ese modo, por tanto, pusieron en marcha un modelo de sociedad que se regía por la lógica del capital y el mercado.
La “revolución neoliberal” se expresó en un modelo de desarrollo que no tuvo resistencia para su ejecución e implementación. Este hecho es relevante, por cuanto, da cuenta de que ese modelo no se construyó de manera colectiva ni deliberativa. De hecho, se construyó en una dictadura. Fue, por tanto, la imposición de un tipo de sociedad por parte de un grupo a otro grupo del país. Desde este punto de vista, el modelo en su conjunto no tiene legitimidad de origen. Más aún, hay que agregar el hecho de que esa puesta en marcha del modelo se hizo en el contexto y sobre la base de una intensa represión política. Doble ilegitimidad.
Un modelo que en lo político buscaba una democracia protegida y limitada, en lo cultural una subjetividad conservadora y en lo económico la más plena liberalización de los mercados y los precios. Este modelo de desarrollo socio-político regía el país a principios de los noventa cuando la Concertación de Partidos por la Democracia asumió el gobierno. La emergencia y consolidación de la democracia abrió una fase en la que la construcción del tipo de sociedad que se quiere para Chile se comienza a realizar de manera colectiva y deliberativa; aún cuando, persistan los “enclaves autoritarios” que limitan y dificultaban la posibilidad de cambiar el modelo.
En el contexto del debate democrático, el modelo comienza lentamente –y en “la medida de lo posible”– a recibir presiones y demandas que ya no se pueden anular por medio de la violencia política. Este hecho, determina que el “modelo heredado” vaya acumulando fisuras y tensiones que irán generando condiciones para legitimar los ajustes que se le hicieron durante esos años. Sin duda, el modelo de marzo del noventa no es el mismo que el de marzo del 2010. En efecto, en el plano político hay avances democratizadores cuyo hito son las reformas constitucionales del 2005, en lo cultural la fuerza de los hechos se ha ido imponiendo una agenda valórica anti conservadora y en lo económico no sólo han aumentado las regulaciones, sino también se ha ido re-valorizando el rol del Estado.
El gran cambio –en función del sistema de gobierno- fue el paso de un modelo que se construyó como imposición a un modelo que se construye y define desde la deliberación colectiva –aún cuando, existan limitaciones y demandas insatisfechas-. Si bien, el modelo sufre alteraciones durante los años de la Concertación en lo sustancial, se ha mantenido inalterable. Su lógica de exclusión y de alta concentración ha generado en el tiempo altos niveles de desigualdad y descontento. En efecto, su énfasis en el crecimiento ha mostrado ser ineficiente para producir una sociedad más inclusiva que genere niveles aceptables de legitimidad política e institucional.
La movilización social-ciudadana del 2011 es, sin duda, el punto de inflexión en el modelo tal como se venía manifestando hasta ese momento. Desde esa coyuntura se generaron las condiciones para que las fuerzas opositoras –las sociales y las políticas- al gobierno de Piñera comenzaran a poner en jaque con fuerza y “sin miedo” la esencia y los pilares fundamentales del modelo que se había fundado en los albores de la dictadura pinochetista. Se abre, por tanto, desde el 2011 una fase socio-política que busca terminar con los “enclaves neoliberales”.
Este escenario se consolida durante el 2012 y se convierte en un eje fundamental y rector de la actual competencia electoral por La Moneda. En efecto, nueva Constitución, nacionalización de los recursos naturales –principalmente, agua y litio-, nuevo código laboral, AFP estatal, aumento de las regulaciones a los mercados, educación y salud como derecho humano de rango constitucional, agenda valórica, fin al binominal, sistema proporcional, reforma tributaria, Estado protector, producción y desarrollo sustentable, etc., son las principales demandas que ponen en jaque el “modelo neoliberal” que se instaló en Chile hace cuatro décadas.
No más “ajustes” ya que hay que hacer “reformas estructurales profundas y de fondo” es algo que inquieta a la derecha local. En efecto, el oficialismo reacciona con alarma y preocupación frente a estas demandas y presiones. La derrota en las municipales de octubre, los relatos que circulan y los altos niveles de aprobación de Bachelet son los indicadores de que no sólo hay que defender la obra de Piñera, sino también el modelo. Por ello, ponen en marcha –de manera corporativa, disciplinada y cohesionada- estrategias que no sólo buscan defender el modelo –sobre la base de una apología optimista-, sino también proyectarlo como la mejor forma –“el mejor modelo”– para impulsar el desarrollo y reducir la pobreza. Los resultados económicos del Gobierno, las crisis de los socialismos reales y hoy la crisis del Estado de bienestar son la mejor forma de mostrar las virtudes y bondades del modelo.
Pero, ha llegado el momento en que el “modelo” ha pasado al banquillo de los acusados. Por primera vez, en cuarenta años, el país asiste a un debate político y público en torno al tipo de sociedad que se quiere para Chile. Ha llegado el momento en que la sociedad y los ciudadanos de manera deliberativa en el contexto de una democracia deben definir el “tipo de desarrollo” que quieren para el país. El debate presidencial es la instancia para que cada actor ponga sus cartas en la mesa y diga qué “tipo de sociedad” quiere para el país.
El modelo ya no puede seguir siendo subsidiado por el poder y sus instituciones. En un principio fueron las armas; y luego, la necesidad de estabilizar la democracia y las comodidades de las élites lo que mantuvo inalterable sus lógicas de dominación, exclusión y abuso. Hoy, es el momento en que el país debate –en el contexto de la presidencial- sobre el “modelo de desarrollo” futuro para Chile. Llegó la hora de los ciudadanos y de los electores.
La democracia debe mostrar sus fuerzas y potencialidades al ser la instancia en la que se construye en un diálogo político y social el tipo de sociedad que sus habitantes y ciudadanos quieren para su país. En Chile, por tanto, el debate que se abre en torno al modelo tiene que ver con el tipo de capitalismo que se instalará en el país para los próximos veinte o treinta años. Este es el dilema y el fondo que está detrás de los relatos presidenciales que compiten hoy por La Moneda. Igual que ayer, el “gatopardismo” se asoma.
Por González Llaguno