Vía Radio Minga / El martes 24 de marzo se realizaron acciones de protesta con bloqueos, cortes de ruta y barricadas en diversos puntos de Chiloé como respuesta a la violencia ejercida por fuerzas represivas estatales quienes quebrantaron la aduana sanitaria para abrir por la fuerza el flujo de camiones de la industria salmonera y de mitilicultura provenientes del continente.
Cabe señalar que organizaciones sociales de Chiloé habían logrado establecer un acuerdo con autoridades regionales para el aislamiento ante la emergencia sanitaria del Covid-19, más aún considerado que en el archipiélago hasta el momento no hay casos de contagio, fijándose que pasarían por el Canal de Chacao sólo alimentos e insumos básicos.
Sin embargo, este martes se permitió el flujo de camiones de la industria acuícola y algunos buses, custodiados por Fuerzas Especiales de Carabineros e infantes de guerra de la Marina, quienes reprimieron a los habitantes guardianes de la medida sanitaria, deteniendo a dos de ellos: al presidente de la Junta de Vecinos de Chacao, Andrés Ojeda, y al vecino Pablo Montalva, de Coñimó.
Mientras se encontraba detenido, Ojeda señaló: “Es lamentable que SalmonChile, sus asociados y la industria de la mitilicultura tengan de rodillas a Chiloé. En estos días complejos, anteponen sus actividades económicas por sobre la salud de nuestra gente coludidos como el gobierno regional y varias autoridades locales”.
Chiloé es un archipiélago con más de 40 islas y 170 mil habitantes distribuidos en 10 comunas, a quienes esta situación los deja en un estado de extrema vulnerabilidad por no existir condiciones sanitarias para enfrentar una emergencia de este tipo, desde el punto de vista de la conectividad y el sistema hospitalario.
El médico Jaime Ibacache, jefe del departamento de epidemiología del Servicio de Salud de Chiloé, explica que en el caso de entrar el virus, 6 de cada 10 personas podrían ser infectadas: “Un 60% de la población chilota puede contagiarse, y de éstos, un 15% necesitaría ser hospitalizado en una unidad de cuidados especializados, servicio que cuenta con sólo 6 camas en el Hospital de Castro”.
Por ello, la situación es preocupante en las diferentes islas de Chiloé, razón por la que organizaciones sociales y servicios públicos en el archipiélago de Quinchao (10 islas) que es parte de Chiloé y cuyo acceso es por el canal de Dalcahue, habían establecido un bloqueo sanitario en el acceso, el cual también fue quebrantado, y este martes 24 por la mañana, efectivos de Carabineros procedieron a detener al dirigente y concejal de Achao, Oscar Gallardo Calbuyahue; y a la dirigenta y escritora de Curaco de Vélez, Olga Cárdenas, generándose también otros hechos de violencia por parte de los agentes contra integrantes de la Asamblea Social de Quinchao.
Al respecto, la poeta Maribel Lacave dijo a Radio Estrella del Mar: “Estamos hablando de una situación extrema, estamos hablando de un problema de agresión contra la vida, entonces defendamos a nuestros vecinas y vecinas que lo único que están haciendo es sacrificándose para evitar que entre el contagio. Estamos velando por la salud de todos”.
En tanto, la Fundación Educacional Campesina Curaco de Vélez, que dirige Janett Cárdenas, indicó a través de una declaración pública: “No podemos entender ni aceptar que una acción tan noble y solidaria haya sido reprimida con tanta brutalidad por parte de carabineros y militares, quienes, sin justificación alguna, golpearon a la directora académica de nuestra escuela, la señora Carmen Barría, dejándola semiinconsciente y produciéndole daños en tres costillas, como se constata en el parte de lesiones emitido por el servicio de urgencias del Hospital de Achao, no siendo la primera vez que se ve amenazada por el autor de la agresión, el carabinero Juan Jaramillo”.
Así, luego de los violentos quiebres sanitarios por parte de los agentes represivos estatales, por la tarde y noche en Chiloé se realizaron acciones de protesta con bloqueos, cortes de ruta y barricadas en diversos puntos de Ancud, Quemchi, Castro, Quellón y Queilen.
Asimismo, este miércoles, así como en otros lugares, en Isla Lemuy, cuya cabecera es la comuna de Puqueldón, también se realizaron manifestaciones en pos de la protección efectiva de la población: “La única barrera que en algo nos protegía o pretendía hacerlo, fue derribada por el Estado en el canal de Chacao. Todas las comunas en este minuto se están organizando para proteger el archipiélago de Chiloé y nosotros esperamos hacer nuestra parte por Lemuy”, señalaron desde el movimiento social.
La salud pública postergada en Chiloé
Uno de los conflictos que enfrenta el Archipiélago de Chiloé es la imposición de un mega puente en el canal de Chacao, resistido por diversas organizaciones quienes consideran que no es prioritario y que es urgente invertir en mejorar las condiciones de salud, educación, conectividad interna, conservación, economías locales y urgencias sanitarias como las que se están viviendo en estos tiempos.
Varias voces han señalado que a Chiloé, literalmente, la están saqueando, y que este mega puente favorece principalmente los intereses industriales para una salida más rápida de los productos explotados en la naturaleza de Chiloé, cuya base de su ecosistema son los humedales, los que progresivamente están desapareciendo a causa de actividades depredadoras.
Desde hace años, el Movimiento Defendamos Chiloé viene pidiendo “reasignar estos dineros públicos del MOP, para que sean utilizados en obras públicas de la misma cartera y que históricamente han sido postergadas para el pueblo chilote, que otorguen mayor conectividad interna: marítima, terrestre y área; inversión urgente en agua potable rural, y otras iniciativas como un hospital base para Chiloé y un campus universitario y centro de formación técnica estatal, además de rampas de doble frente de atraque en el canal de Chacao, para acelerar la carga y descarga de transbordadores”, afirmaron en una declaración emitida en diciembre del año 2017 y que en el presente cobra mucho más sentido.
Cabe resaltar que Chiloé vivió previamente otra crisis sanitaria, que es la falta de medidas sanitarias por el descontrol de la basura. Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Residuos en Chiloé, señalaba en septiembre del 2019: “Los efectos sociales, culturales, económicos y ambientales que han venido causando el funcionamiento irregular e ilegal de vertederos industriales y domiciliarios en Chiloé son altísimos, contra una alta cantidad de población rural, cuyas instalaciones además han venido reproduciendo una política estatal de racismo y discriminación ya que se han instalado por años en suelos de sectores campesinos y comunidades indígenas”.
Desde el grupo advirtieron que varios de estos vertederos “han dejado de funcionar sin que se establezcan planes efectivos de cierre que contribuyan a mitigar y reparar los daños. Por el contrario, instituciones públicas del Estado, como son las municipalidades, bajo el amparo del Poder Ejecutivo, no asumen las garantías de no repetición y en el presente, se pretende imponer un nuevo vertedero o relleno sanitario afectando a comunidades indígenas e importantes ecosistemas, junto a lugares de significación cultural”.
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