La empresa Rosneft que fue sancionada por la administración del presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, por realizar labores en Venezuela, anunció a través de un comunicado el traspaso de sus activos en el país caribeño al gobierno de Rusia.
En dicho comunicado, la empresa petrolera indicó que dicha decisión es producto de un acuerdo celebrado el 28 de marzo con una empresa de propiedad 100% del Gobierno de la Federación Rusia, para vender sus participaciones y poner fin a su colaboración en todos los proyectos de Venezuela, incluyendo Petromonagas, Petroperija, Boquerón, Petromiranda y Petrovictoria.
«Como resultado de la aplicación del acuerdo y la venta de los activos, Rosneft recibirá en el balance de una de sus sucursales un paquete de 9,6% de sus propias acciones«, reseñó Sputinik.
Luego del anuncio, varios medios internacionales se apresuraron a señalar que esta decisión significaba que Rusia le daba la espalda al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. formulara cargos criminales contra el mandatario y otros 13 funcionarios y ex funcionarios, por presunto tráfico de drogas.
Asimismo, Washington ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que posibilite la captura del presidente Maduro.
Una medida con la que Trump, ante el fracaso de sus planes injerencistas y desestabilizadores, busca arreciar a presión contra el mandatario venezolano.
Sin embargo, el embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, explicó que el anuncio realizado por la firma rusa Rosneft, de que cesaba sus operaciones junto a la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), supone únicamente un traspaso de activos al Gobierno ruso.
«¡No se preocupen! Se trata del traspaso de los activos de Rosneft en Venezuela al Gobierno de Rusia directamente. Seguimos juntos en adelante«, escribió el embajador en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Estados Unidos impuso a finales de febrero sanciones a la firma rusa Rosneft Trading S.A., y a mediados de marzo— a TNK Trading International S.A., otra filial de la empresa, por operaciones con petróleo de Venezuela.
Al respecto, la compañía rusa calificó las sanciones de ilegales e infundadas y «subrayó que sus actividades en el país latinoamericano no sirven a intereses políticos», refirió Sputnik.
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