‘Hay sensación de que decisiones de Gobierno son motivadas por protección a privilegiados’: Cátedra de DDHH de U. de Chile

Este lunes la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile emitió una declaración pública en la que se alerta respecto a cómo las decisiones tomadas por el gobierno de Sebastián Piñera en el marco de la pandemia del Coronavirus, en ámbitos como la salud, la educación, el laboral y el habitacional, entre otros, están «generando una grave amenaza para los Derechos Humanos en Chile».

En ese sentido, la Cátedra comienza señalando que «esta crisis ha desnudado las graves carencias de nuestro sistema de salud pública, insuficiente para garantizar de igual manera a todas las personas el derecho a la salud». «Altos niveles de desigualdad» a los que -añaden- se suma una «falta de información transparente, lo que ha provocado legítima preocupación en las personas acerca del impacto que puede tener la actual pandemia en la salud y la vida de la población».

Dicho esto, desde la Universidad de Chile advierten que «es preocupante ver cómo se va instalando en la población la sensación de que las decisiones de las autoridades de Gobierno están motivadas, principalmente, por intereses económicos y la protección de ciertos sectores privilegiados de la sociedad, y no necesariamente por el mayor bienestar de la población».

Profundizan en esta idea agregando que «la falta de transparencia en las decisiones, la lentitud de las medidas preventivas, la asimetría socioeconómica y regional de las medidas y la ausencia de liderazgo, han hecho que la crisis de salud destaque con mayor visibilidad la crisis de la institucionalidad democrática que venía manifestándose desde antes».

En esa línea apuntan que «los intentos de algunos sectores políticos de usar la crisis con fines políticos o de impunidad en materia de Derechos Humanos o imponer agendas legislativas que criminalizan las movilizaciones ciudadanas, no hacen sino socavar la legitimidad de las instituciones políticas».

Por otra parte, la Cátedra de Derechos Humanos se muestra igualmente preocupada por la situación de mujeres, niños y adolescentes expuestos a situaciones de violencia en el marco de medidas de cuarentena, así como por la vulneración de derechos en contra de los migrantes.

En el ámbito laboral se sostiene que «las decisiones de las autoridades del Ministerio del Trabajo han generado una legítima desazón por los derechos laborales de los trabajadores».

Respecto al Poder Judicial se plantea que las decisiones tomadas en torno a la situación de personas privadas de libertad en el marco de las manifestaciones ciudadanas «son incomprensibles en un contexto de crisis humanitaria como la que vive el país».

Y en cuanto al ámbito educacional se advierte que «es particularmente preocupante (…) que esta crisis acreciente la brecha en materia de educación, dejando a amplios sectores de la población sin posibilidades de mantener su proceso educativo». En ese sentido, añaden que «la brecha digital ya existente puede expandirse en estas circunstancias de aislamiento y cuarentena».

Ante este escenario, desde la Universidad de Chile hacen un llamado a las autoridades a realizar una serie de acciones en dichos ámbitos en función del respeto a los Derechos Humanos de la población.

Por ejemplo, demandan que «se priorice la salud y la vida de toda la población por sobre las consideraciones económicas de corto plazo y se garantice que las medidas de salud pública y económicas se tomarán en pos del bien de la población y no para obtener réditos personales o partidarios». En ese mismo ámbito se pide que «se garantice que se tomarán medidas eficaces de prevención y de tratamiento en todo el país» y que «se entregue apoyo, protección y recursos adecuados a todos los equipos del área de la salud y trabajo social que hoy desarrollan una labor heroica atendiendo a la población que lo requiere».

En el aspecto educativo se solicita que «se tomen medidas eficaces para garantizar el derecho a la educación que sean compatibles con el cuidado de niños, niñas y adolescentes», destacando en ese sentido la propuesta del Colegio de Profesores «que ha planteado el uso del recurso público y masivo que es la televisión».

Ante las carencias en la población en que se traduce esta crisis, se demanda que se establezca un «apoyo en materia económica a las personas mientras se mantiene la crisis a fin de que no se vean obligadas a romper las medidas de autocuidado».

En cuanto al ámbito administrativo del Estado se hace un llamado a garantizar que «el uso de los recursos públicos se hará en forma transparente y bajo un estricto apego a la normativa vigente», y a que «se abran canales de participación a las organizaciones ciudadanas para proponer medidas orientadas a combatir la crisis económica».

Por último, respecto a las situaciones de represión, se advierte que se debe evitar «adoptar medidas destinadas a generar situaciones de impunidad respecto de graves violaciones de Derechos Humanos» y se llama a que «se adopten todas las medidas necesarias para que las facultades extraordinarias del estado de excepción constitucional de catástrofe no sean usadas como forma de represión a la ciudadanía».