Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de anular decisiones de gobiernos regionales o municipales que adoptaron “eficaces medidas restrictivas” a la circulación de personas para reducir el número de infectados y de muertos por la epidemia de coronavirus.
De este modo, el mandato de juez le impide al presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, adoptar cualquier medida unilateral para ajustar la política de aislamiento social.
Moraes aclaró que la decisión tiene validez «independientemente» de un acto posterior del mandatario brasileño ante un eventual decreto, teniendo en cuenta que éste ha amenazado con impedir aislamiento social.
Desde el comienzo del brote, el llamado «Trump del Trópico» ha criticado las disposiciones para restringir el comercio y los servicios en los estados durante la lucha contra la propagación de la COVID-19.
«Cabe señalar, sin embargo, que el carácter discrecional de las medidas tomadas por el Presidente de la República, así como cualquier eventual omisión, está sujeto a control judicial, ya que está vinculado al imperio constitucional, lo que exige que las autoridades obedezcan la Ley y, en especial, respeto y efectividad de los derechos fundamentales”, explicó Moraes.
La decisión del juez, se produjo luego de una petición de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), en la que se le exige a Bolsonaro seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y en la que se denuncia que el mandatario actúo como «agente agravante de la crisis».
La OAB aseguró que el Ejecutivo brasileño «no siempre ha hecho un uso adecuado de las prerrogativas que tiene para hacer frente a la emergencia de salud pública, actuando constantemente de manera insuficiente y precaria».
Asimismo, alertó que el mandatario practica «‘acciones irresponsables contrarias a los protocolos de salud aprobados por la comunidad científica y aplicados por los jefes de Estado de todo el mundo».
En guerra contra la cuarentena
Sin embargo, Bolsonaro insiste en ponerse al confinamiento por entender que esta medida afecta la actividad económica.
En un discurso transmitido por radio y televisión aseguró «que la gran mayoría de los brasileños quiere volver a trabajar, esa siempre fue mi orientación a todos mis ministros, observando las normas del Ministerio de Salud».
Aunque indicó que respeta la autonomía de gobernadores y alcaldes, señaló que «muchas medidas, de forma restrictiva o no, son de responsabilidad exclusiva de ellos. El Gobierno federal no fue consultado sobre su amplitud o duración», apuntó, citado por Prensa Latina.
De acuerdo con autoridades sanitarias, la cifra de fallecidos en Brasil a causa de la COVID-19 ascendió a 800 y los casos de contagiados a 15.927 en las últimas horas.
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