Fundación Sol: Que la crisis la pague el 1 % más rico

Por Fundación Sol / La crisis social y política más grande de las últimas décadas en Chile se desató en octubre de 2019. A partir de entonces, el gobierno y el empresariado cerraron filas para defender las estructuras que les garantizan sus privilegios.

Ahora, con una crisis socioeconómica global en ciernes -que se suma a la pandemia por el Covid-19- esta posición se ha recrudecido y los cambios al “modelo chileno” se ven distantes en medio de las políticas de subsidios y las recurrentes normas para proteger a los dueños del capital y no a los hogares trabajadores, como la posibilidad de suspender el empleo y financiar desde el seguro de cesantía el periodo de suspensión. Trabajadoras y trabajadores están pagando esta crisis.

En este escenario, el impacto de la crisis del Covid-19 será acompañado por el impacto de una crisis económica y financiera sin precedentes, que se venía anunciando con la progresiva desaceleración de la actividad y las sucesivas bajas de tasa del Banco Central local y de otros países del centro de la economía mundial.

En Chile el 1% más rico acumula el 33% de los ingresos totales, esto es mucho más de lo que acumula la misma proporción de personas ricas en países como Estados Unidos (20%), Rusia (20%) y China (14%). Este pequeño grupo también ostenta el control de las empresas de mayor valor, muchas de ellas privatizadas en la Dictadura militar. Al mismo tiempo, este privilegiado grupo recibe extraordinarias inversiones desde los fondos de pensiones que administran las AFP y que pertenecen a trabajadores y trabajadoras.

La estrategia rentista y carroñera del gran empresariado atenta contra la reproducción de la vida misma, llevando los más grandes efectos de la crisis al hogar e intensificando la crisis de cuidados al interior de este, presionando aún más a las mujeres como eje central de la reproducción social de forma subordinada y gratuita para el capital. La presencia militar y de las fuerzas de orden se convierten el ambiente propicio para impulsar cambios que mantengan todo igual y con mínimas resistencias.

El destacado académico y cientista social británico David Harvey, plantea a propósito de la crisis del Covid-19, que “los virus mutan todo el tiempo para estar seguros, pero las circunstancias en las que una mutación se vuelve potencialmente mortal dependen de las acciones humanas”. Es decir, tanto las personas, pero principalmente los gobiernos y grandes corporaciones financieras, son en última instancia los responsables del impacto que esta pandemia genere en el mundo.

Para Harvey, lo peor de la crisis recién comienza, el corte global de las cadenas de flujos de mercancías es un golpe de gracia contra el esquema capitalista. Lo más dramático resulta de la imposibilidad de que los productos sean vendidos en el tiempo necesario para el ritmo que el capital demanda, esto permite que comprendamos por qué grandes multinacionales de la aeronáutica y el turismo se encuentran en estado crítico pese a que acumulan millonarias utilidades anuales. Al mismo tiempo esto forma parte central del carácter terminal de esta crisis global.

El desempleo, no pago de deudas, junto con problemas sanitarios, y fuertes protestas, serán el corolario de una pandemia que ha sido manejada para contener la caída del capital, lo que no es otra cosa que comprar tiempo antes del desastre evidente. No es de extrañar que, en el corto plazo, las medidas de vigilancia y seguridad públicas adopten formas más sofisticadas para el seguimiento de las personas, camuflando entre la contención de la expansión del virus, un Estado aún más autoritario e involucrado en los movimientos de las y los trabajadores.

Junto con la solidaridad de base, es fundamental el desarrollo de políticas que permitan a los hogares contener la crisis al máximo. Una Renta Básica Universal de emergencia es un primer paso para mantener el consumo de productos en base a ingresos líquidos y no a la deuda, además dado que las personas jubiladas se exponen a mayor riesgo y necesidades, sus ingresos deberían alcanzar al menos el monto del salario mínimo, de forma garantizada.

Esto, junto a la condonación de pago de deudas, cobertura previsional completa y de salud para trabajadores y trabajadoras independientes, sin descuento de su devolución de impuestos, y libertad para negociar colectivamente a nivel sectorial para la transición de esta crisis, constituyen algunas medidas básicas y urgentes.

¿QUIÉN PAGA ESTAS MEDIDAS?

En el corto plazo debiesen ser financiadas por recursos públicos del Estado. La deuda pública está por debajo del 30% como porcentaje del PIB, detrás de países como Italia y Estados Unidos (más de 100% en ambos); pero al mediano plazo, debe ser el 1% más rico el grupo sobre el cual debiera pesar la mayor carga del costo de esta crisis y la edificación de esquemas de garantías sociales para sanidad, previsión y salud, al menos.

Las medidas antes señaladas pretenden ser un impulso para la necesaria desmercantilización de la vida, la que fue incubada durante décadas por un modelo social y económico liderado por el gran capital, pero sin el consenso social y sin los canales democráticos que permitieran las reformas estructurales que la sociedad demandaba.

Estas reformas son hoy la única vía posible para que el transito de esta crisis terminal del capital sea lo menos desastrosa posible para quienes viven de su propio trabajo, ya sea remunerado o no.