De hijo de ferretero de Maipú, Golborne pasó a gerente junior de Cencosud, lamiéndole los zapatos a un germano – ahora entre los millonarios de Chile – y, actualmente, un robot digitado por Patricio Melero y sus compadres de la UDI. Estos “dueños de Chile” están convencidos que siempre podrán engañar a los ciudadanos, a quienes consideran unos carneros que, aun cuando recurran a la justicia, siempre saldrán perdedores.
Así pasó con el caso Cencosud en la Corte de Apelaciones, cuyo fallo fue favorable a Jumbo; afortunadamente, la Corte Suprema, en forma unánime, enmendó ese error, en casación, condenando al Supermercado por abuso y decisión unilateral – nos recuerda La Polar – de aumentar al doble el pago por la mantención de la tarjeta de crédito, de $450 a $900.
Este fallo favorece a 603.000 consumidores que recibirán $45.000 por persona estafada, con un total de setenta millones de dólares, comparativamente el equivalente a la décima parte del monto de la reforma tributaria ratona, impulsada por el Presidente Piñera y aprobada por el duopolio.
La mezcla entre la política y los negocios constituye parte del ADN de la derecha y, por consiguiente, la consideran ética y políticamente aceptable. Es difícil encontrar un ministro de Estado, subsecretario o intendente que no provenga de una empresa – algunos continúan siendo socios de ella – lo cual quiere decir que el concepto “conflicto de intereses” no existe en el vocabulario de la derecha y que administrar el Estado equivale al manejo de una empresa. Chile es una gran transnacional, donde el mercado es hegemónico, por lo tanto, si nos basamos en esta ideología, es explicable que Felipe Bulnes, actual embajador en Estados Unidos, y Juan José Ossa, director de SERNAC, hayan defendido, como abogados de esa Compañía y hoy, el segundo, se haya convertido en su fiscalizador – cambiarse de camiseta, para la derecha no es ningún problema -.
El abuso contra los consumidores, que hoy se ha convertido en una práctica habitual, no sólo responsabilidad del actual gobierno, pues también es igualmente responsable la Concertación que, al fin y al cabo, practica el mismo método – unos son los antiguos explotadores y los segundos, son los nuevos, pues entre Eugenio Tironi y Larroulet hay pocas diferencias -.
El candidato presidencial de la UDI es, claramente responsable, como gerente de Cencosud, del abuso contra las clases media y pobre, que no pueden comprar al contado en el Supermercado. Si hubiera actuado con dos dedos de frente, pediría perdón sabiendo que estos escándalos siempre se olvidan, como ocurrió con La Polar, cuyos gerentes siempre logran burlar la justicia. Si nos remontamos más atrás en el tiempo, recordemos el caso del Banco de Talca. La derecha hace creer a los ingenuos que, nuevamente, va a votar por su candidato, olvidando el tema de la mezcla entre negocios y política, pero creo que esta vez le puede salir “el tiro por la culata”.
Andrés Allamand, en su afán se superar a su contendor en las primarias, aprovechó la coyuntura para condenar, en forma implacable, el papel de Golborne en el abuso contra los consumidores, cuando era gerente de Cencosud, acción que fue apoyada por el jefe de la bancada de RN. El derrumbe de la candidatura de Golborne abriría la posibilidad del triunfo de Allamand como candidato de la Alianza, sin necesidad de someterse a las incómodas primarias. Por otra parte, las declaraciones de Evelyn Mattthei fueron brutalmente condenatorias respecto al ex gerente del Supermercado, y no falta quien piense que se prepara para ser candidata de la UDI en reemplazo del hijo ilustre de Maipú. A Pablo Longueira, que también habría podido ser una buena carta, le ha llovido sobre mojado: después de la Ley de Pesca, ha surgido el escándalo de los resultados falsos del último censo y, también, respecto al IPC; salvo que se le vuelva “a aparecer Jaime Guzmán”, su mentor, y logre un milagro de “San Pirulín”, el abogado de los fascistas, Longueira carece de opción a la candidatura.
La derecha sabe que está perdida, y lo único que quiere salvar es un quórum en ambas Cámaras, que les permita seguir paralizando el cambio de la Constitución, asegurando así la hegemonía del mercado y abuso institucionalizado contra los consumidores.
Por Rafael Luis Gumucio Rivas