En medio de pandemia y megasequía Gobierno aprueba a escondidas y con trampas abominable proyecto minero en paraíso natural de Putaendo

Por Francisco Marín Castro-El Ciudadano

Se trata de un emprendimiento de la Compañía Minera Vizcachitas Holding (CMVH), perteneciente al consorcio Andes Cooper, de capitales canadienses, que consiste en la prospección del yacimiento minero de cobre y molibdeno “Vizcachitas” y considera la ejecución de 350 perforaciones o sondajes, con una inversión estimada de 25 millones de dólares.

Las actividades de prospección pretenden desarrollarse durante 4 años y suponen la construcción de plataformas de sondaje, acondicionamiento de huellas de acceso, construcción de piscinas de decantación de lodos de perforación y construcción de infraestructura para los campamentos de los cerca de 100 trabajadores que participarán de las faenas. Todo esto como fase previa de su explotación a gran escala.

“El área en la que se inserta el proyecto es una zona de valor ecológico, ambiental y de diversidad que contienen humedales y vegas, y determinan una elevada biodiversidad”. Es lo que señaló el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) al comentar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) presentada por la filial de Andes Cooper en mayo de 2019.

CMVH había sometido su proyecto de sondajes al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2008. Aunque este proyecto fue rechazado, Andes Cooper no se detuvo e igual siguió adelante con sus perforaciones y sondajes. Estos fueron realizados en el lecho del río Rocín “sin tomar las medidas necesarias” para impedir que el agua entrase en contacto “con el mineral que allí se encuentra, ni con los metales pesados que éste contiene”, como señalara el particular Ignacio Ostión Casa en denuncia por delito ambiental del 25 de agosto de 2015.

En el transcurso de 2016 el laboratorio Hidrolab realizó un monitoreo de aguas superficiales del río Rocín, cerca de donde se desarrollaba la ilegal intervención de Andes Cooper. Dicho estudio dio cuenta de concentraciones fuera de la norma de aluminio, cobre, manganeso y fierro, entre otros metales pesados, situación que fue informada al Ministerio de Obras Públicas (MOP). Sin embargo, este mantuvo en secreto la información pese a las graves consecuencias sanitarias que su decisión podía tener.

Hidrolab -considerado el laboratorio de análisis de aguas más confiable en Chile- apuntó como probable responsable a la actividad minera e incluso mencionó la aparición de una espuma en el espejo del embalse. Por entonces existían 89 sondajes irregulares.

El 17 de abril de 2017 la SMA notificó, mediante Resolución exenta N°1/ROL D-012-2017, que la Minera Vizcachitas incurrió en “una falta gravísima” al realizar los trabajos de exploración, pedimentos y prospecciones sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La SMA determinó que, como resultado de su intervención, provocó “un daño irreparable de la flora y fauna; al valor paisajístico del lugar, entre otras situaciones desarrolladas al margen del SEIA”, según subrayó -en aquel tiempo- la organización Putaendo Resiste a través de un comunicado en que se pronunciaba respecto a esta resolución.

Pese a la gravedad de los hechos, bastó que Andes Cooper se comprometiera a no repetir las acciones denunciadas y a realizar otras de mitigación para que la SMA levantara los cargos contra esta empresa, lo que se verificó en enero de 2018.

Hay que señalar que Putaendo es reconocido como el “primer pueblo libre de Chile”, dado que fue el primero en ser liberado del dominio español -el 3 de febrero de 1817- por el Ejército de Los Andes, que fuera encabezado por el libertador argentino José de San Martín y por el chileno Bernardo O’Higgins.

Esta travesía forma parte importante de la historia de Chile y Argentina, y es considerada una de las mayores hazañas de la historia militar a nivel mundial, por la dificultad que implicó para más de 5 mil hombres atravesar el macizo andino en su parte más alta, sin los medios adecuados requeridos para ello.

Desde entonces se le reconoce a los habitantes de Putaendo -que en su mayoría apoyaron la revolución independentista- por su capacidad de lucha y por la defensa de su historia e identidad de la que son particularmente orgullosos.

LAS TRAMPAS DE LA LEY

El 31 de mayo de 2019 Antony John Amberg, en representación de Vizcachitas Holding, presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso (SEA-Valparaíso) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas (por el sector en que se realizarían las perforaciones). Esta fue acogida a trámite el 7 de junio de 2019, mediante Resolución Exenta N° 171.

El 11 de julio del mismo año la comunidad de Putaendo hizo llegar al SEA de Valparaíso una carta con más de dos mil firmas de personas naturales y jurídicas en la que solicitaba que se abriera un proceso de Participación Ciudadana (PAC) -contemplado en la Ley de Medio Ambiente- para poder hacer presente sus innumerables objeciones al proyecto de exploración minera.

Las dos mil firmas superaban en 200 veces el mínimo de firmas exigidos por la ley para solicitar este procedimiento y son altamente representativas si se tiene en cuenta que en la comuna de Putaendo, considerando zonas urbanas y rurales, habitan 17 mil personas.

En la misiva los signatarios -liderados por la organización comunitaria Putaendo Resiste- recordaron que como usuarios del sistema de agua potable hacen uso y usufructo de las aguas de los canales de regadío provenientes del río Rocín, principal afluente del río Putaendo que alimenta las napas subterráneas y aguas superficiales que suministran el vital elemento a dicha comuna.

Por lo mismo, arguyeron que eran principales interesados en que no se afectara la cantidad ni la calidad de esas aguas, lo que se ponía en serio riesgo al irrumpir la megaminería en la cabecera de sus cuencas.

Añadieron: “En el caso de crianceros y arrieros, el desarrollo del proyecto de Sondaje Las Tejas imposibilitará llevar su ganado a las veranadas, no podrán alimentar de buena forma a sus animales en la precordillera en estos meses y se quedarán imposibilitados de seguir ejerciendo esta labor”.

El SEA de Valparaíso tardó 9 meses en contestar, hasta que el 17 de marzo de 2020, mediante Resolución Exenta 076/2020, resolvió rechazar la apertura de un proceso de PAC.

El 25 de marzo de 2020 opositores al proyecto minero interpusieron un Recurso de Reposición” (al SEA de la Región de Valparaíso) y otro Jerárquico (dirigido al SEA nacional), en contra de la citada resolución del SEA de Valparaíso.

Este último ente decidió -el 14 de abril- rechazar en el fondo el Recurso de Reposición. Fundamentó su decisión diciendo que por tratarse de un proyecto que no genera “beneficios sociales”, no cumple con el requisito establecido en la ley para ser considerada la participación ciudadana. Es así, aunque cueste creerlo.

Adicionalmente, dicho organismo remitió los antecedentes a la Dirección Ejecutiva del SEA a fin de que se pronunciase respecto del recurso jerárquico. El 15 de abril esta dirección lo rechazaba como se establece en oficio firmado por su director ejecutivo, Hernán Brücher Valenzuela.

Este documento constituye, en sí mismo, una prueba de la nula disposición del Estado para escuchar a la ciudadanía afectada por proyectos de inversión. Pero, sobre todo, es la evidencia de las absurdas barreras legales existentes para que dicha participación se pueda concretar.

En el Punto 13 de los Considerandos de dicho oficio, Brücher puntualiza: “Es pertinente realizar ciertas aclaraciones respecto a la normativa que rige una PAC cuando la vía de ingreso elegida por el titular es una DIA”, en la que la participación ciudadana “es totalmente excepcional”.

Añade: “Reafirma tal afirmación de ‘excepcionalidad’ el hecho de que, si bien el principio participativo se encuentra consagrado en la Ley Nº 19.300 (de Medio Ambiente), en lo que se refiere a la PAC, originalmente, solo se encontraba regulada para los EIA (Estudios de Impacto Ambiental)”.

Estos se realizan cuando un proyecto ingresado al SEIA presenta “impactos significativos”. Para la autoridad ambiental chilena lo obrado y proyectado por Andes Cooper en Putaendo no lo tiene, como lo demuestra el hecho que no se le exigiera realizar un EIA.

Más adelante, el director ejecutivo del SEA -en la citada resolución- afirma que la normativa ambiental que regula la Participación Ciudadana en DIAs estipula que “para que la autoridad ambiental evalúe la posibilidad de que proceda este procedimiento (sic)”, este debe arrojar “cargas ambientales para las comunidades próximas”.

Lo contradictorio es que, según se determina en el artículo 30 bis de la Ley Nº 19.300, para que se considere que un proyecto genera “cargas ambientales” este debe provocar, al unísono, “beneficios sociales” como “externalidades ambientales negativas”. Esto, en localidades próximas al proyecto de inversión y durante su construcción u operación.

Después de poner esto sobre el tapete, el SEA remata a la comunidad putaendina al sostener que si bien el proyecto de CMVH provoca externalidades ambientales negativas, este no produce beneficios sociales, “sino que más bien se trata de actividades que generan beneficios privados”.

He aquí el fundamento del rechazo al clamor de participación sostenido por la comunidad de Putaendo y que se ha expresado en un sinnúmero de acciones de protesta e institucionales.

“Es un contrasentido que cuando hay un proyecto que genera perjuicios ambientales y ningún beneficio social, se niegue la participación ciudadana porque no se cumpla con lo dispuesto por la ley que exige que haya ‘carga ambiental’”. Es lo que señaló en entrevista con El Ciudadano el vocero de Putaendo Resiste, Alejandro Valdés.

“Es decir, aprovechándose de este contrasentido de la ley, no se dio la participación ciudadana pese a la importancia social que tiene este proyecto para un pueblo como Putaendo”, añadió el dirigente ciudadano al día siguiente de conocerse la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso.

Es el mismo sentido que expresó el abogado ambientalista Rodrigo Pérez, al ser consultado por este corresponsal. “Todos los proyectos que se encuentran en tramitación ambiental generan impactos… pero exigir que deban establecer la existencia de beneficios sociales para determinar la presencia de cargas ambientales -y así poder acceder a la participación ciudadana- es muy oneroso para las comunidades”.

El abogado Pérez afirma que, en definitiva, lo que se hace con esta norma “es impedir un acceso claro y limpio al sistema de PAC que existe en nuestra legislación ambiental”.

En paralelo al rechazo a la PAC, el 9 de abril el SEA de Valparaíso emitió un informe consolidado de 111 páginas en que recomienda aprobar el proyecto de CMVH. De esta manera desestimaba los reclamos de la comunidad y las severas observaciones de la Dirección General de Aguas (DGA) y del Servicio Agrícola y Ganadero en torno a las insalvables falencias del proyecto en comento.

El jueves 16 -es decir, al día siguiente de que se rechazara el último de los recursos con que la comunidad de Putaendo buscaba incidir en la evaluación de la DIA de la minera- el SEA-Valparaíso convocó a una sesión online de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso -a realizarse el lunes 20 de abril- con el propósito de que se votara el proyecto de sondajes mineros.

En la tarde de ese día la citada Comisión -cuyos miembros son en su mayoría nombrados por el Presidente de la República- aprobó en forma unánime el mencionado proyecto.

Tras informarse de esto, Putaendo Resiste y la comunidad putaendina emitió un comunicado en que repudiaba “tajantemente la realización de la sesión online del día de hoy convocada con menos de un día hábil de aviso y en un contexto de pandemia”.

Sostuvieron que “se trata de una modalidad impresentable, de espalda a la ciudadanía, que confirma el poco compromiso de las autoridades de este gobierno por generar espacios democráticos para la toma de decisiones ambientales”.

Acusaron que con esta decisión se “abre la puerta a la gran minería en la cabecera de cuenca de un valle devastado por la sequía, poniendo en peligro su único río y la sostenibilidad de sus glaciares de roca”.

Al aprobar este proyecto, el gobierno de Piñera desoyó las transversales exigencias de los sindicatos de profesionales del SEA, de parlamentarios de diversas tendencias y de organizaciones territoriales y de trabajadores, que pedían la suspensión de los plazos de tramitación de los proyectos de inversión.

Esto, dadas las dificultades que la crisis sanitaria por pandemia de coronavirus impone, tanto para reunirse como para redactar los diversos informes que la ley ambiental exige a las comunidades enfrentadas a proyectos de inversión.

La decisión de aprobar el proyecto minero también implicó un incumplimiento de un compromiso contraído por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, el 16 de abril en sesión online de la Comisión de Medio ambiente del Senado, en que aseguró que “han sido suspendidos todos estos procesos (de tramitación ambiental de proyectos) y se han extendido los plazos en base al requerimiento que la situación del Covid-19 plantea”.

En entrevista, la politóloga, socióloga y coordinadora política de la prestigiada organización ambientalista Chile Sustentable, Pamela Poo, expresó su rechazo al proceder del Estado en el caso de la minería en Putaendo: “Esto es impresentable. No dejaron ninguna posibilidad de que las personas pudieran expresarse ni manifestarse. Coartaron la libertad, el acceso a la información…”.

La politóloga Poo subraya que el proyecto minero en Putaendo forma parte de un plan -ya explicitado por las grandes mineras privadas reunidas en el Consejo Minero- que busca expandir la actividad desde el norte del país, a la zona central, pretendiendo aumentar su producción desde las 5 millones de toneladas de cobre hasta las 8 millones de toneladas, en 2035. “¿Sabes lo que es producir 8 millones de toneladas de cobre en un paño en que hay 10 millones de personas, donde hay suelo agrícola, no hay ninguna posibilidad, ¡es una locura!”, dice casi con angustia Pamela Poo.

Cabe considerar que Chile es el principal productor y exportador mundial de cobre con una participación que supera el 30% en el mercado mundial. No obstante, tres cuartas partes de esta producción es realizada por grandes mineras privadas que -por lo general- declaran pérdidas operaciones para así librarse de pagar impuestos.

Pese a lo adverso del escenario, Putaendo no se rinde. El pasado martes 21 de abril Putaendo Resiste presentó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección -patrocinado por el abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Álvaro Toro- a través del cual se busca anular la aprobación de los sondajes mineros.

Además, para este sábado 25 está convocado un «acto de resistencia por el agua y la vida» frente a la parroquia de Putaendo, en rechazo al arbitrario proceder de los subalternos de Piñera. La manifestación es con mascarillas y overol, y se anticipa como una de las convocatorias más importantes y simbólicas tras el cese de las protestas del estallido social, por la irrupción de la crisis sanitaria.